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Coalición Canaria se aguanta las ganas de disculparse por La Teresitas

Con la sentencia de Las Teresitas queda definitivamente confirmada la existencia de una trama corrupta perenne en la isla de Tenerife en la que intervienen políticos, empresarios y medios de comunicación

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (c), junto a José Miguel Barragán (i)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (c), junto a José Miguel Barragán (i) Cristóbal García (EFE)

Coalición Canaria pidió una prórroga en abril de 2017 cuando la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó a Miguel Zerolo y a Manuel Parejo, entre otros, a siete años de prisión por el caso de Las Teresitas. El tiempo adicional se ha agotado porque lo que dijo entonces José Miguel Barragán, secretario general de la formación, era que Coalición Canaria pediría disculpas cuando la sentencia de caso fuera firme. Este jueves fue notificada a las partes tal firmeza y en ese partido se están aguantando las ganas de disculparse ante la ciudadanía.

Cuando Barragán pidió esa prórroga, el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y su exconcejal en los tiempos gloriosos de los pelotazos de libro en la ciudad ya habían sido apartados de la militancia del partido por otras condenas que ya eran firmes. Zerolo, por el caso García Cabrera, por el que fue condenado a ocho años de inhabilitación por el Tribunal Supremo, bajo cuyo aforamiento lo protegió Coalición Canaria cuando abandonó el Ayuntamiento de Santa Cruz. Parejo abandonó el partido cuando se confirmó su condena por el caso Mamotreto, por el que tuvo que cumplir uno y medio -de los dos años de cárcel a los que fue condenado- en la prisión Tenerife II.

Asombrosamente, los estatutos de CC, según explicó hace dos años Barragán, solo contemplan la baja en la formación cuando sobre el afiliado en cuestión pesa una condena firme por casos de corrupción, lo que ya había sido aplicado para los dos altos cargos por sus respectivas sentencias. Pero esas condenas y los hechos probados relatados en la sentencia de Las Teresitas dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife no fueron suficientes para que el partido que más tiempo ha gobernado en Canarias desde el advenimiento de la democracia pidiera disculpas a los administrados.

Es una tarea muy complicada, hay que reconocerlo, porque tal gesto no podría ceñirse exclusivamente a los hechos concretos relatados en esta sucesión de sentencias condenatorias por corrupción, sino que habría de extenderse a todo un comportamiento sostenido a lo largo del tiempo.

Efectivamente, todas las condenas están referidas a su modo de operar en la isla de Tenerife desde la creación de ATI, el germen de Coalición Canaria. Ese régimen ha incluido por supuesto a la cúpula del partido, a dos empresarios poderosos (Antonio Plasencia e Ignacio González), a CajaCanarias antes de su desaparición como tal y a un medio de comunicación concreto, El Día, durante la larga etapa en la que fue manejado por su ya fallecido editor, José Rodríguez Ramírez.

Y el ejemplo palmario de su modo de operar es el caso de Las Teresitas, calificado por la justicia como “un pelotazo de libro”. Tras la filtración de una sentencia del Supremo sobre la calificación urbanística del frente de playa de La Teresitas, los dos empresarios del régimen se hacen con unos terrenos que luego se demostró que eran de titularidad municipal. Con la amenaza de una urbanización agresiva y la excusa de salvar la playa para el goce y disfrute de los santacruceros, el alcalde de la ciudad, Miguel Zerolo, apoyado por toda la Corporación, a la que previamente había aleccionado, firma un convenio con la empresa de los dos empresarios de cabecera: les compra el frente de playa por un precio tres veces superior al que había sido valorado por una técnica municipal, la arquitecta Pía Oramas, hermana de la eterna diputada de CC Ana Oramas. Y, por si fuera poco, Zerolo promueve una recalificación urbanística del barranco que desemboca en la playa, lo que permite a los dos empresarios de cabecera de CC vender los terrenos a la filial inmobiliaria de Mapfre por 90 millones de euros.

Esa operación aparece adornada por acontecimientos tan llamativos como el préstamo de 30 millones de euros que CajaCanarias otorgó a un empleado del empresario Ignacio González que aportó como garantía su nómina de 700 euros y, cómo no, los terrenos objeto del pelotazo.

La operación, lejos de ser censurada por la oposición política y por los medios de comunicación tinerfeños, fue jaleada como si se tratara de un milagro protagonizado por ese prestidigitador de la política que era Miguel Zerolo, considerado entonces la gran esperanza blanca del insularismo isloteñista que encarnaba y encarna todavía hoy Coalición Canaria.

El periódico El Día llegó a publicar 52 editoriales dominicales contra el denunciante del caso, el hoy concejal de La Laguna Santiago Pérez, al que condenó a la muerte cívica publicando que, de haber vivido en la etapa de la monarquía francesa de Versalles, habría sido guillotinado. El clima generado llegó a alcanzar tan alto grado de crispación y de odio, que una mañana apareció la casa de Pérez llena de chapapote de pintura roja en una señal que claramente él mismo identificó como una amenaza.

Para proteger operaciones como la de Las Teresitas se constituyeron grupos de presión y se celebraron multitudinarios almuerzos en el emblemático hotel Mencey donde las fuerzas vivas de Tenerife brindaban por el progreso de la isla por encima de cualquier consideración ética y estética. Y por supuesto, legal.

La oligarquía se conjuraba contra cualquier agresión externa, y como tal entendía la de los ecologistas, la del sanedrín de Las Palmas (muy recurrente) y la de la propia justicia. Todavía hay personas del entorno más poderoso de ATI que se queja de sentencias como la del mamotreto, en la que, según su criterio, solo hubo un error de interpretación sobre un deslinde de costas. Durante años hemos tenido que soportar versiones del pelotazo de Las Teresitas que eran verdaderos insultos a la inteligencia.

A día de hoy, 18 años después del fraudulento convenio que ha acabado en la condena conocida este jueves, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, gobernado por Coalición Canaria, no ha querido perturbar a sus empresarios de cabecera reclamándoles los 52 millones de euros que se mamaron con ese pelotazo. Y no lo hará hasta que otra fuerza política sustituya a Coalición Canaria al frente de la Corporación. Tantos años después, que nadie descarte que la empresa condenada no tendrá ni un puñetero euro en ninguna de sus cuentas, que para eso contrata a influyentes abogados expertos en escapismo.

No solo Coalición Canaria se ha resistido a reclamar lo que se le birló a las arcas públicas en una operación que ha quedado completamente al descubierto. En realidad sigue haciendo operaciones con los empresarios que generaron el quebranto patrimonial, o al menos con uno de ellos, Antonio Plasencia, al que dejó hacer y deshacer en las canteras de áridos de Güímar (con otra condena que se resiste a cumplir), y al que ahora trata de beneficiar comprándole por 29 millones un edificio en cuya operación repite los mismos patrones y la misma empresa de tasación de Las Teresitas. O un solar junto al hospital de La Candelaria cuya calificación como aparcamiento echó abajo la validez del Plan General de Santa Cruz, otro homenaje en documento oficial de la corrupción de Coalición Canaria.

La sentencia firme ha llegado 18 años después. Desde hace dos dio comienzo otra causa penal promovida por el mismo denunciante, al que siguen descalificando los mismos de la misma oligarquía, y una parte de los medios de comunicación que defendieron el pelotazo de Las Teresitas y lo consideraron un loco. Si yo fuera Clavijo estaría un poco más preocupado por el caso Grúas.

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