Cosas que Antona debería preguntarle a Clavijo (antes de que sea peor)

Asier Antona no tiene todavía las manos libres para meter al Partido Popular de Canarias en el Gobierno de Fernando Clavijo. Pero desde la semana pasada está más cerca de poderlo conseguir. Hacerlo significará para él volver a tener capacidad para repartir cargos y prebendas, un proceso ajeno a los populares desde que hace ya seis años Paulino Rivero dejara a José Manuel Soria en la estacada y abriera un profundo periodo de hostilidades que zanjó en cuanto llegó al poder de Coalición Canaria el actual presidente autonómico.

En lo que recibe las bendiciones de la superioridad, el flamante presidente in péctore del PP canario debería plantearse algunas cuestiones fundamentales, y si lo considerara menester, planteárselas formalmente a Fernando Clavijo, no vaya luego a arrepentirse cuando descubra que lo de pactar con CC no era tan buen negocio como parecía.

Esas cuestiones son:

1.- ¿Quién paga manda?

La cesión de competencias en infraestructuras al Cabildo de Tenerife es ilegal. Contraviene el artículo 5 de la Ley del Proceso Autonómico de 1984, fruto de la sentencia del Tribunal Constitucional que un año antes había dejado desvencijada a la famosa Loapa. O se ceden las competencias conjuntamente a todos los cabildos o no se le cede a ninguno. O dicho de otro modo, la Comunidad Autónoma no puede ni renunciar ni delegar singularmente cualquier de sus competencias, y la de infraestructuras de interés autonómico (carreteras del tipo anillo insular) le son propias.

Los mandarines de ATI han conseguido fijar en determinada prensa local nivariense una suerte de euforia tan solo por el anuncio de un acuerdo imposible entre Pablo Rodríguez, el nuevo consejero de Obras Públicas (y vicepresidente, casi nada) y el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, en el sentido de que las obras de cierre del anillo insular de carreteras serán licitadas y ejecutadas por esa institución. Pero es una simple fantasmada. Se trata solamente de transmitir dos mensajes. El primero, al electorado: ATI, la marca insular de Coalición Canaria en Tenerife, coge el toro por los cuernos y, como si el poder le hubiera sido ajeno las últimas dos décadas, anuncia que resolverá el problema de movilidad que sufre la isla gracias a ese liderazgo insuperable de uno de sus iconos, el presidente Alonso. El segundo mensaje es para los empresarios: ATI recupera la capacidad de adjudicar grandes contratos en Tenerife, lo que tiene a su vez otras dos lecturas: una externa, manda Tenerife, recauda Tenerife, y otra doméstica para el resto de Coalición Canaria: recauda Tenerife, manda Tenerife. Que ya asoman por los bordes de la caja de resistencia -qué tiempos los de Suárez Trenor- esas delatoras telas de araña.

Lo siguiente será saber quién pagará en realidad la fiesta. Dice el Cabildo de Tenerife que van a medias con el Gobierno de Canarias, lo que conduce necesariamente a recordar la precariedad financiera de la Corporación, lo que unido a los incumplimientos del Estado en asuntos del convenio de carreteras, conduce irremediablemente a las arcas autonómicas. Es decir, adjudica ATI y paga la Comunidad Autónoma, esto es, de espaldas a los controles parlamentarios. Y dicen los protagonistas de este sainete que será con dineros del Fondo de Desarrollo de Canarias, aquel que vuelve a estar en el aire y que estaba llamado a cambiar el modelo productivo de Canarias. Y dos piedras.

Se admiten apuestas: ¿cuánto tardarán los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma en decir al presidente que esa cesión de competencias al Cabildo de Tenerife es ilegal? Y, a mayor abundamiento, ¿cuánto tardarán los Fernandos, esos dos catedráticos de cabecera de Clavijo en poner en un dictamen que puede seguir haciendo lo que quiera?

2.- ¿Legalizarán los conciertos sanitarios?

Pero no solo son las carreteras las que sirven al Gobierno de Fernando Clavijo para lanzar avisos a los empresarios, siempre dispuestos a echar una mano para lo que haga falta. Los incesantes anuncios de planes de choque para reducir las listas de espera sanitarias, que crecen y crecen de manera imparable de un tiempo a esta parte (los anuncios y las listas de espera), se dirigen a preparar el terreno para incrementar las partidas destinadas a conciertos sanitarios con clínicas privadas, actualmente cifrados en 200 millones de euros, y volver a posponer sine die la legalización del procedimiento de contratación, declarado irregular por la Intervención General de la Comunidad Autónoma desde hace ya unos cuantos años. Más mandanga.

3.- ¿Qué está pasando en la tele canaria?

El escándalo va creciendo en intensidad en otro de los frentes que tiene abiertos Fernando Clavijo, el de la Televisión Canaria. Lejos de acomodarse a los principios inspiradores de la nueva ley que regula los medios de comunicación públicos, el equipo del presidente está haciendo buenos a sus antecesores, tanto en el fondo como en las formas, tanto en la manera de contratar programas por la que hay abiertas unas diligencias penales en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife contra la anterior dirección, como en la utilización de los medios para la más vulgar propaganda política.

Programas como El Foco son el ejemplo del modelo instaurado por Clavijo y su corte mediática. Contratado por 38.000 euros el capítulo para un pírrico 3% de audiencia, se ha convertido en el mascarón de proa de la televisión que el clavijismo quiere imponer en 2018, a partir de que se convoque y se adjudique el nuevo concurso de prestación de servicios informativos, que piensan unir a la contratación de programas y explotación publicitaria. En manos de Socater, El Foco ya tiene como director al que fuera hasta la semana pasada director general de Relaciones Informativas, Juan Manuel Bethencourt, que seguirá despachando cada día con quien en Presidencia era su inmediato superior, el viceconsejero de Comunicación, José Luis Méndez, director en la sombra (y a veces a la más pura intemperie) de Radiotelevisión Canaria.

El proyecto de concurso apunta al regreso de Socater (Prisa, Mediareport y Prensa Canaria) a la gestión integral de la cadena televisiva, como ocurrió antes de la llegada de Paulino Rivero al Gobierno, es decir, a la gestión integral sin sometimiento a ningún otro control que el que pudiera emanar de un consejo rector absolutamente controlado por el mismo Gobierno y las mismas empresas pre-ganadoras. ¡Chupito!

Y un dato que podría ser anecdótico pero que es sintomático si lo ponemos en relación con todo lo dicho hasta ahora: acaba de volverse a cambiar (ya van tres) la imagen corporativa de la Televisión Canaria para introducirle el color azul. Hasta ahora se había cuidado mucho no hacer prevalecer ninguna de las tonalidades más representativas de las banderas de las dos islas mayores. Pero ya se ha establecido el de la isla de Tenerife como color predominante. ¡Otro chupito!

4.- ¿Una ley del suelo en los tribunales europeos?

En lo que parece haber acuerdo (y voladores) entre Fernando Clavijo y Asier Antona es en la oportunidad, necesidad o conveniencia (táchese lo que no proceda) de aprobar en esta legislatura una nueva ley del suelo para Canarias. Lo piden los empresarios argumentando que sus inversiones están encorsetadas, que ellos todavía pueden crear más empleo del que no han creado hasta ahora. Y los dos partidos están por la labor.

Solo hay un pero: al igual que la antesala de este proyecto de ley, la llamada Ley de Islas Verdes, la del Suelo nacerá seriamente amenazada con el recurso ante los tribunales, y los primeros síntomas deberían preocupar a los que dicen tener prisa por aligerar la burocracia. Los años de pleitos que pueden caerle encima como no se hagan bien las cosas en la presente tramitación parlamentaria dejarán en pañales los que ahora dicen que se emplean en aprobar un planeamiento.

La reciente visita a Bruselas de la plataforma Canarias por un Desarrollo Sostenible y la atención con la que su queja fue acogida por las autoridades comunitarias no sólo invita a barruntar que los tribunales de justicia europeos puedan tomar cartas en el asunto sino algo peor: la terrible sensación de que hay que salir de España para reclamar que una administración cumpla con la ley y proteja el territorio, principio incluido en la masa madre de la Unión.

Por cierto, bueno es recordar aquí y ahora que cualquier recurso contencioso administrativo que se interponga, por ejemplo, contra la declaración de interés estratégico de uno de esos proyectos empresariales que tanto entusiasman a Clavijo, puede llevar aparejado que al juez o a la jueza en cuestión se le indique la conveniencia de saltarse la Ley del Suelo canaria y aplicar por jerarquía las comunitarias. En lo que resuelve el Tribunal Constitucional.

5.- ¿Salpicará al presidente el caso grúas?

Debe plantearse seriamente Asier Antona meterse a gobernar con un presidente que ya ha dado sobradas muestras de no ser de fiar. Las trapisondas que perpetró contra sus socios del PSOE para ridiculizarlos y tratar de justificar la ruptura de un pacto que nunca quiso deberían llevarle a poner en cuarentena cualquier propuesta de acuerdo.

A eso habría que añadir la reapertura de un caso que podría empañar severamente la imagen de Fernando Clavijo por los ecos que continúan llegando de su etapa como concejal de Seguridad y como alcalde de la ciudad de La Laguna. Hace unos días comparecía ante una comisión de investigación creada ad hoc el que fuera propietario de una empresa de grúas que se hizo cargo del servicio en la ciudad cuando Clavijo era su concejal de Seguridad. Si son ciertas las afirmaciones que hizo ante los concejales de esa comisión el empresario José Padilla, al presidente del Gobierno le quedan pocas opciones: o desmiente de inmediato, querella mediante, las graves acusaciones vertidas, o las reconoce y tramita de inmediato su dimisión.

Para que vayan haciendo boca: el empresario acusó a Clavijo de imponerle los trabajadores que debía contratar y, pasado el tiempo, obligarle a venderle la empresa a siete de ellos mientras el Ayuntamiento le retrasaba los pagos de la concesión para hacerle imposible la supervivencia.

La conmoción por esa declaración ha coincidido con un WhatsApp de autoría aún por confirmar en la que, con mucha antelación, alguien anunció la desarticulación de la moción de censura en esa ciudad antes del 31 de enero. El autor, alto dirigente de Coalición Canaria, sabía ya a aquellas alturas lo que iba a hacer José Manuel Corrales con su tradicional salero.

¿Hay alternativas?

Asier Antona puede entrar a gobernar con Clavijo, es legítimo y es muy libre de hacerlo. Puede también negociar una alternativa con el resto de los partidos presentes en la Cámara. Difícil, sin duda, pero no imposible. Mandar desde el Parlamento, someter a Coalición Canaria a las imposiciones de los partidos de la oposición, unas veces a través de las exigencias de la izquierda, otras por los programas de la derecha, puede ser políticamente más rentable y seguramente más efectivo para los ciudadanos que conchabarse con quien siempre gana las elecciones al PP haciendo exactamente lo que harían los populares si gobernaran. Lo que, como es natural concluir, anula el entusiasmo de cualquier electorado que quiera cambiar de caballo ganador.