El Gobierno tiene la palabra

El parque marítimo de Jinámar va camino de convertirse en otro desafiante monumento a la impunidad con la que se actúa en Canarias, o mejor dicho, de cómo algunos son capaces de actuar teniendo de su lado a políticos sin escrúpulos y a una Justicia cuyos plazos manejan como si fuera un departamento más de su empresa. La reciente sentencia del TSJC que anula los acuerdos municipales por los que se permitió a Horneras ejecutar unas obras de urbanización que requerían concurso público convocado por el Gobierno, será recurrida ante el Supremo, lo que equivaldría a esperar más de un año y terminar con hechos consumados. Podría darse entonces que se le dé carta blanca a la ilegalidad a cambio de una indemnización, una vez terminado el parque marítimo y su correspondiente centro comercial. A no ser que el Gobierno pida a la Justicia la ejecución cautelar de la sentencia. Y que la Justicia lo acepte.