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Jurisprudencia Alba

La sentencia del caso Faycán resulta tan escandalosa como los hechos cometidos por los acusados cuando estuvieron al frente del Ayuntamiento de Telde que en el fallo quedan ridiculizados

Desde que conoció que su destino es el banquillo por cinco delitos muy relacionados con la corrupción, el juez Alba no ha hecho otra cosa que producir autos y sentencias a modo de jurisprudencia sanadora

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El juez Salvador Alba (C) y los magistrados Carlos Vielba y Oscarina Naranjo en el juicio por el caso Faycán.

El juez Salvador Alba (C) y los magistrados Carlos Vielba y Oscarina Naranjo en el juicio por el caso Faycán. ALEJANDRO RAMOS

El Partido Popular, con la impagable (o no) ayuda de la formación local AFV-Ciuca, saqueó las arcas del Ayuntamiento de Telde durante los años 2003 a 2007. Dirigentes populares montaron una trama corrupta para cobrar comisiones ilegales a empresas y empresarios a cambio de favorecerles, bien adjudicándoles concursos públicos con argucias propias de trileros, o bien colocando sus facturas en la parte alta del montón para que cobraran antes que los demás proveedores municipales. Esos son los hechos probados, aunque el fallo de la sentencia del caso Faycán venga a decir, poco más o menos, que lo que allí ocurrió fue que tres o cuatro desalmados se aprovecharon de la noble candidez del PP para robar a mansalva, comprar coches, televisiones de plasma, cabañas de madera o pañuelos de seda. Unos cuantos millones de euros volatilizados al más puro estilo de los corruptos más bananeros que puedan conocerse.

Los más fervientes seguidores de la teoría de la conspiración, aquellos que siempre sostuvieron que la operación Faycán fue en realidad un montaje del PSOE para mortificar al PP de José Manuel Soria, se creen de enhorabuena, más que nada porque ninguno de los dos alcaldes implicados ha resultado premiado en la ruleta de la fortuna en la que se convirtió el juicio, presidido, como saben, por esa joya de la Justicia que se llama Salvador Alba Mesa.

Lo cierto es que los hechos que se dan por probados en la sentencia confirman de parte a parte la existencia de la trama corrupta y el saqueo que sufrieron las carcas municipales de manos de esta pandilla de sinvergüenzas, unos por acción y otros por omisión. Que el tribunal, con Alba a la cabeza, haya decidido absolver a los acusados que no reconocieron los hechos y no se conformaron con las penas propuestas por la Fiscalía Anticorrupción, solo significa que no se ha logrado probar que cometieron delitos. Pero que estaban allí, en aquel Ayuntamiento, mientras se robaba a manos llenas, no les libra en absoluto de la responsabilidad de, como mínimo, haber mirado para otro lado.

Que este sistema judicial fallido permita que ese juicio lo haya presidido el juez Salvador Alba ha sido una bendición, tanto para los condenados a penas exiguas, casi insultantes, como para los absueltos. Los condenados son los 21 acusados que corrieron a aceptar el trato con la Fiscalía antes de correr el riesgo de una condena que les condujera directamente a prisión. El Ministerio Público, como ha quedado también probado, precipitó los acuerdos con esos acusados para evitar que el juicio pudiera anularse a partir del momento en el que quien presidía el tribunal fuera suspendido como juez antes de poner la sentencia. Ya había habido mucho retraso en la tramitación de la causa y no convenía estirar más dilaciones.

Los acusados que no se conformaron con las penas que proponía la Fiscalía y, por lo tanto, no reconocieron los hechos, contaron con un factor favorable: la tendencia ya conocida del magistrado ponente de ser muy benevolente con los reos acusados de los mismos delitos que a él le conducirán en breve al banquillo.

La sentencia del caso Faycán, basada en el voto particular emitido por el juez Salvador Alba, resulta tan escandalosa como los hechos juzgados. Que un juez suspendido por el Consejo General del Poder Judicial y de baja médica (la primera emitida por un médico no competente y la siguiente por un pediatra) haya podido marcar la deriva del fallo judicial y que haya dejado en su “voto particular” su particular sello de venganza, demuestra lo endeble que es la credibilidad de la justicia que se practica en este país, y más particularmente en esta colonia fronteriza de ultramar.

Desde que conoció que iría de cabeza al banquillo y que los apoyos con los que creía contar se tambaleaban o directamente se perdían, el juez Salvador Alba no ha hecho otra cosa que firmar resoluciones judiciales más pensadas para él que para los justiciables a los que debía atender con la independencia y la profesionalidad exigidas al cargo que aun hoy -para vergüenza de todos- sigue desempeñando.

A Alba le preocupan particularmente las resoluciones referidas a grabaciones y escuchas, la motivación de los autos de apertura de juicio oral, el rol del Ministerio Fiscal, el trato de la prensa a las personas investigadas y, por supuesto, el derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Principios todos ellos que ha empezado a cuidar de manera extraordinaria a partir de que la causa que se sigue contra él por la comisión de cinco presuntos delitos adquirió la consistencia suficiente como para acojonarse: se le denegaron todas las peticiones de nulidad de la grabación que le llevó a la imputación; se le rechazaron todos y cada uno de los numerosos recursos presentados reclamando el archivo y su inocencia; se denegaron sus peticiones de inadmitir la presencia de acusaciones particulares o populares, y por supuesto, se rechazaron todas sus querellas y denuncias contra su víctima.

Porque la víctima en el nuevo universo Alba es Salvador Alba. Ahora se siente objeto de una persecución por parte del sistema judicial (específicamente el canario) y, por supuesto, se considera la presa de una cacería mediática que él concreta en este periódico y en este periodista. Como si todas sus turnés por radios, televisiones, periódicos y revistas contando lo cojonudo de su proceder cuando entró como un toro bravo en el juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria fueran en realidad clases magistrales de Derecho Procesal.

Y a eso se dedica ahora, a sentar jurisprudencia, jurisprudencia Alba. Si en Lanzarote hay unas escuchas de la Guardia Civil que se pueden anular, para allá que va corriendo el juez Alba a anularlas. Si en la misma isla, y en la misma órbita del caso Unión, hay que evitarle el juicio a un abogado decisivo para la causa, allí está el diligente juez Alba a llevar la contraria al instructor y a la Fiscalía por no motivar suficientemente la apertura de juicio oral.

Lo mismo ha hecho en la sentencia del caso Faycán. Su brutal crítica a los sistemas de escucha y grabación de la Policía son una auténtica perreta formulada por quien quiere poner en duda un método de captación del delito que a él lo ha llevado a la perdición. Su crítica al papel de los medios de comunicación y a los juicios mediáticos paralelos solo tratan de llamar la atención sobre lo que cree que le pasa a él y ya aventura que le pasará en la vista oral en la que ocupará el banquillo de los acusados.

A su grandilocuente canto a la presunción de inocencia solo le falta el añadido de su foto para que todos terminemos confirmando de quién está hablando exactamente.

Es una vergüenza que hayamos tenido que soportar a un imputado por corrupción presidiendo un juicio por corrupción e inspirando la sentencia con la que ha llegado a su fin el caso Faycán. Y Alba no es el único responsable de este bochorno.

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