Medio millón más de lo que permite la ley

Las obras del viario de Santos aparentan ser, efectivamente, un botón de muestra del modo impune de actuar que manifiestan ciertas administraciones públicas canarias, cuyos regidores creen estar al frente de su cortijo particular en vez de gestionando los recursos públicos. La adjudicación definitiva de las dos últimas fases de las obras inauguradas este lunes se produjo tan sólo 45 minutos antes del corte de la cinta en un consejo rector de la Gerencia de Urbanismo que alguien debió grabar en vídeo para, a partir de esos hechos reales, montar un peliculón sobre el hiper-surrealismo fantástico que reina en Canarias. Resulta que las fases 3 y 4 de esta obra se adjudicaban a dedo a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en un “negociado sin publicidad” por importe de 735.000 euros, 535.000 más que el tope que permite la ley para ese tipo de concursos. Alguien debió pensar que el que hizo la trampa hizo la trampa y que si estorba la ley, se salta y ya está. Por supuesto que hubo reparos del interventor municipal, pero nadie supo explicarnos este lunes de qué modo tan meteórico se substanciaron esos reparos para poder adjudicar una obra ya realizada cuyo expediente ha sido solicitado para remitirlo a la Fiscalía.