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Negociación e indulto

Aclarado por el Tribunal Supremo lo que debería estar claro (que la Justicia no está para resolver los problemas políticos), corresponde ahora a los políticos resolver los problemas agravados tras la judicialización del conflicto catalán

Afirmar, como afirma la derecha disconforme con la sentencia del procés, que el régimen penitenciario de los políticos condenados corresponde a la Generalitat es olvidar la intervención obligada del juzgado de vigilancia penitenciaria, de la fiscalía y del tribunal sentenciador

El indulto es una prerrogativa del Gobierno y está en su mano utilizarla para conseguir un propósito superior al de cualquier tacticismo político: el final confirmado del unilateralismo por parte del independentismo catalán y la negociación política eficaz

La hora de los acusados en el juicio del procés: Hoy declara Junqueras

Los condenados por la sentencia del procés en el banquillo de los acusados durante el juicio. EFE

Punto de partida:

1.- El Tribunal Supremo ha reiterado lo que todo el mundo ya debería saber a estas alturas: que la Justicia no está para resolver los problemas de los políticos, por mucho que haya sido la Justicia la que, demasiado influida por los poderes políticos (la Fiscalía General del Estado en manos del desaparecido Maza) forzó sus competencias para politizar sin disimulo la deriva judicial del procés trasladando a Madrid lo que ahora se confirma debió dilucidarse en los tribunales con sede en Catalunya.

2.- Que la sentencia del procés no haya gustado a nadie no significa que sea impecable sino más bien que pueda tener más resquicios para los recursos a plantear, solo ante el Tribunal Constitucional y ante el Europeo de Derechos Humanos precisamente por haberse negado la posibilidad de una instancia anterior a la del Supremo en los tribunales de Catalunya.

3.- Es falso, como afirma la derecha y su prensa adicta, que la situación penitenciaria de los condenados y condenadas quede “en manos de Torra”, presidente de la Generalitat. Esas voces incendiarias olvidan que, además de la Junta de Tratamiento y los órganos correspondientes de Instituciones Penitenciarias del Govern, existe un juez o jueza de Vigilancia Penitenciaria y una Fiscalía que habrán de velar por la legalidad de todo el proceso que ahora se inicia, además del tribunal sentenciador, que tendrá la última palabra en todo caso.

4.- La sentencia del procés, como era de prever, ha calentado los ánimos de los independentistas y de muchas personas no independentistas, tanto dentro como fuera de Catalunya, lo que convertirá en un termómetro disparatado un proceso electoral que se pudiera abrir ahora para renovar el Parlament e influirá en las elecciones del 10-N. Amén de las protestas y los disturbios que ya han comenzado a producirse.

5.- El indulto es una prerrogativa constitucional del Gobierno, una medida de gracia que se puede conceder a cualquier persona por cualquier clase de delito. Lo han disfrutado en España miles de personas desde que se reinstauró la democracia y nada impide que se pueda conceder a los políticos catalanes condenados por esta sentencia. Lo deben solicitar ellos, aunque existe la posibilidad de que lo pida a partir de estos momentos incluso el juzgado de Vigilancia Penitenciaria que les corresponda en base a su comportamiento.

Punto de llegada

1.- Es la nueva hora de la negociación política, aunque habrá que esperar a que se celebren las elecciones del 10 de noviembre para que Catalunya deje de ser arma arrojadiza de campaña y se forme un Gobierno que no esté compitiendo con la oposición a ver quién propone la medida más represora e intransigente.

2.- La negociación política deberá ser completamente distinta a la habida hasta ahora, si es que hasta ahora ha habido alguna con unos mínimos indicios de seriedad. La sentencia del Supremo fija un antes y un después y solo se podrá utilizar para dejar fijado lo que la Justicia española establece como delitos con sus correspondientes penas.

3.- Habrá de ser una negociación en la que la oposición no ejerza el boicot constante, por lo que es obligatoria la discreción de ambas partes y la elección de las mejores personas para llevarlas a cabo. Los límites, claro que sí, son los que fija el ordenamiento jurídico español, que es modificable y adaptable a cada tiempo.

4.- Los indultos pueden ser perfectamente uno de los elementos de negociación para garantizarse el Gobierno el fin de la unilateralidad, no solo de las personas condenadas, sino también de los partidos políticos y de las autoridades que hasta ahora la defendían. Puede que la sentencia del Supremo solo vaya a servir para eso: para confirmar que esa vía para la declaración de la República Catalana es imposible al margen de la ley.

5.- El PSOE (si se mantiene en el Gobierno) debe abandonar su deriva tacticista y sentarse a negociar seriamente aplicando su historial federalista, e incluso republicano, para alcanzar un punto de encuentro que pacifique la situación y haga que las instituciones catalanas vuelvan a funcionar a pleno rendimiento.

6.- Ninguna negociación ni el mejor de los acuerdos va a sepultar el sentimiento independentista de una gran parte de la población catalana, pero al menos servirá para acabar con ciertos gestos de humillación y de desprecio -entre otros el irregular proceso judicial que acabó en el juicio del Supremo- que no han hecho otra cosa que echar gasolina al conflicto.

Para luego poder volver a ocuparnos de las demás cosas importantes para toda la ciudadanía.

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