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Negrín, nuestro Cifuentes

El presidente de RTVC despierta de improviso ante la legalidad vigente al resultar ganador del concurso de informativos la productora a la que acusa de achucharle

Miente como un poseso cuando dice que advirtió a los licitadores de la precariedad de su proceder que, en cualquier caso, ya no tiene enmienda

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Santiago Negrín y Cristina Cifuentes

Santiago Negrín y Cristina Cifuentes

Cristina Cifuentes sabía que era impepinable su caída desde el momento en el que se descubrió que habían falsificado su expediente académico para otorgarle un gracioso master en financiación autonómica. Se mantenía a duras penas mientras duró su pulso con el Partido Popular y éste la respaldaba con vítores para que mantuviera a raya a Ciudadanos, ese invento maléfico de la derecha salvaje que los populares no saben ahora cómo gestionar.

El empeño de la expresidenta de Madrid alcanzó cotas esperpénticas y fue un revés inesperado (la difusión de un viejo vídeo grabado tras un hurto en un supermercado) lo que precipitó lo inevitable.

A Santiago Negrín, presidente de Radio Televisión Canaria, le está sucediendo algo parecido a lo de Cifuentes. Primero empezó creyéndose que era intocable, que desde su privilegiada posición de jefe máximo del aparato propagandístico del Gobierno de Fernando Clavijo, fuertemente respaldado por los medios de comunicación afines al régimen, nada le iba a impedir hacer lo que le diera la gana. Buscó asesores jurídicos que dieran apariencia de legalidad y adaptaran a las circunstancias y a las instrucciones de la superioridad un concurso de 144 millones de euros que no quería someter a ninguna otra consideración que no fuera la suya propia; se enfrentó a los grupos de oposición en el Parlamento de Canarias (a todos) con mentiras y con una chulería intolerable, a pesar de ser esa instancia política, en la que está representada la ciudadanía, la que le colocó en ese puesto y la que ejerce -con poca fortuna, todo hay que decirlo- el control político de los dos medios de comunicación públicos archipielágicos.

Hizo caso omiso, rebasando incluso los límites del desprecio, de las advertencias de la única funcionaria cualificada que tiene el ente público en materia de legalidad y de contratación; mantiene oculta hasta ahora mismo un acta de la última sesión del consejo rector de RTVC en el que quedaba rotundamente advertido de que estaba actuando fuera de la legalidad; se tomó a chufla la primera resolución judicial que lo declaraba “órgano manifiestamente incompetente” para la adjudicación de concursos de cuantía superior al millón de euros (se pasaba en 143), y maltrató con una malcriadez impropia de un cargo público, a otra de las representantes parlamentarias en ese órgano que preside como si fuera su club privado.

Su chulería se tropezó con un incidente inesperado, con su particular vídeo de Eroski: el día en el que el mismo juez del que se mofó volvió a advertirle de que podría estar incurriendo en ilícitos penales vio cómo tenía que dar por vencedora del concurso a la productora que no debía ganar y que lo traía por la calle de la amargura hasta el punto de haberla acusado de acosarle.

Ahora, de improviso, como quien de repente descubre la redondez de la rueda, Santiago Negrín decide abrazar la legalidad y poner en duda todos los argumentos jurídicos con los que reiteradamente ha envuelto su comportamiento. Y pretende hacerlo con carácter retroactivo, como intentando reprogramar la máquina del tiempo para colocarse en el minuto anterior al crimen. A estas alturas ya debe saber que todas sus comparecencias públicas, particularmente las que tienen que ver con su intervención en este polémico concurso, están siempre sometidas a uno o dos dispositivos de grabación, lo que dificulta enormemente pretender pasar por buena cualquier acta (incluso notarial) en la que pueda parecer algo que se asemeje al latinajo que acaba de aprenderse: “ ad cautelam”. El que él dice que empleó ante todas las partes concursantes para avisarles de que sus actos estaban condicionados a un refrendo de legalidad.

Mentir está muy feo. Falsear documentos públicos es delito. Y los delitos no son colegiados, son personales. Lo sabe hasta Cifuentes, que ya se quedó sola. Como Negrín. Solo.

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