Otro Negrín recambio de Negrín

Con la mayoría parlamentaria boquiabierta, Coalición Canaria se dispone a perpetrar esta semana otro clásico de su repertorio de funambulismo. Consiste tal número circense en bendecir por la vía de urgencia las barrabasadas cometidas estos últimos años en el ente público Radio Televisión Canaria (RTVC) por el presidente que ese mismo partido puso a su frente sustituyéndolo por otro que pueda hacer lo mismo pero con la bendición y el aplauso del respetable.

Así es. Con Santiago Negrín dimitido como presidente de RTVC tras reconocer implícitamente que su gestión estaba marcada por la ilegalidad y (presuntamente) el delito, tras haber actuado al margen de los controles establecidos, Coalición Canaria ha convencido a la mayoría parlamentaria para nombrar a un sustituto que pueda hacer exactamente lo mismo. O, mejor dicho, que haga lo mismo que Santiago Negrín pero acabando el trabajo a satisfacción de la parte contratante: impidiendo que el concurso de Informativos (144 millones de euros) pueda llevárselo la actual concesionaria, Videoreport Canarias.

La fórmula escogida no puede ser más burda: reformar la ley para arrasar con cualquier parecido con la intención del legislador de alejar de las garras del Gobierno cualquier decisión en la gestión cotidiana del ente y, a cambio, someterla al control de un consejo rector elegido todo él por el Parlamento de Canarias entre personas cualificadas.

Burda y diabólica porque Coalición Canaria, con la complicidad del Partido Popular y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), va a proponer destituir a lo que queda del consejo rector (los consejeros María Lorenzo -PSOE- y Alberto Padrón -PP-) igualando su salida de RTVC a la que ha protagonizado su expresidente. Los esfuerzos de María Lorenzo por denunciar tanto interna como públicamente las tropelías que se estaban cometiendo en el ente público se equiparan de este modo a la actuación del autor de esas mismas tropelías. Y lo que es peor, en nombre de una ley que, en sus inicios, pretendía precisamente evitarlas.

Si nadie lo remedia, este lunes las fuerzas parlamentarias votarán una propuesta del Gobierno, tramitada por la vía del grupo parlamentario de CC, consistente en designar a un administrador único que, por un periodo de cinco meses, asuma con plenos poderes la gestión de RTVC para sacarla del atolladero en el que la metió Santiago Negrín y evitar como medida más urgente que la televisión pública se vaya a negro a las 24 horas del 30 de junio. La persona que reciba ese encargo no tendrá que someterse a ningún tipo de control interno porque, en el mismo acto de su nombramiento, se disuelve el consejo rector, dejando a ese administrador único asumiendo los mismos roles que llevaron precisamente a Negrín ante la justicia.

Todo indica que el elegido para la gloria es José Carlos Naranjo Sintes, hasta ahora consejero de la Audiencia de Cuentas de Canarias, actualmente en expectativa de destino. Ligado desde hace más de dos décadas a puestos de libre designación de Coalición Canaria, es decir, acreedor de los favores de ese partido, Naranjo Sintes tendrá la encomienda principal de evitar a toda costa que a) el concurso de informativos y de control de emisiones de Televisión Canaria se lo lleve Videoreport Canarias, ganadora del concurso frustrado y convocado a tal fin por Santiago Negrín; b) que Videoreport Canarias obtenga una prórroga de su actual contrato para, en ese periodo, negociar una salida que muy bien podría ser desprivatizar los servicios informativos, y c) toda decisión que suponga que Videoreport Canarias pueda gestionar directa o indirectamente cualquier solución de gestión transitoria que se acuerde en estos momentos límite.

Para eso, Naranjo Sintes ya tiene sobre la mesa y encaminada la primera solución, de muy dudosa legalidad: contratar a otra productora (previsiblemente una de las que perdieron el famoso concurso, Mediapro) la gestión del control de emisiones (la continuidad), así como unos informativos de campaña enlatados que sustituyan de manera provisional a los que ahora emite la cadena.

El segundo encargo va íntimamente ligado al primero: convocar un nuevo concurso de informativos que no pueda ganar bajo ningún concepto Videoreport Canarias. Y ahí lo querremos ver todos haciendo contorsiones jurídicas, muy al estilo de su patrono, ante las miradas expectantes (a la par que inútiles) del respetable público parlamentario.

De momento lo que se sabe es que Videoreport Canarias se ha dirigido por carta al Parlamento para comunicarle que, ante la inacción de sus fuerzas parlamentarias, se verá abocada a preavisar a sus 200 trabajadores (los que prestan los servicios objetos de este litigio) de que quedarán despedidos con fecha 30 de junio.

Se sabe igualmente que el Partido Popular, en otro ejercicio contorsionista propio de su querido socio CC, ha decidido sumarse a este partido para aplicar esta nueva chapuza jurídica, afeada de modo contundente por el Consejo Consultivo en su reciente dictamen.

Igualmente es de dominio público que Podemos anda en este asunto como pollo sin cabeza creyendo que la oferta envenenada de CC contempla el mantenimiento de los puestos de trabajo y la desprivatización de los informativos, cuando las intenciones son justo las contrarias.

Y el PSOE, incapaz de ejercer como líder de la oposición y ciego en su empeño por cargarse a su propia vocal en el consejo rector, es capaz de cualquier disparate marca de la factoría de Arucas.

El resultado final va camino de la grosería suprema: el Gobierno de Fernando Clavijo, que ha proclamado que no quiere saber nada de la gestión de la RTVC aunque haya estado mangoneándola a través de Negrín todos estos años, se dispone a asumir ya sin disimulo el control total de la cosa para acabar el trabajo que el expresidente fue incapaz de concluir. Al mismo tiempo, el Parlamento, en un chalaneo completamente contrario a sus funciones, cederá ante el poder ejecutivo poniendo el ente público en manos de un hombre de paja que tendrá los mismos poderes que quiso evitar en su famosa ley 13/2014, pensada para evitar todo tipo de intromisiones y profesionalizar al máximo la gestión de los medios de comunicación públicos de Canarias.