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Cuidado, Patricia, con los “poderosos enemigos”

La diputada del PSOE, exvicepresidenta con Clavijo, estrena videoblog denunciando las trapisondas del consejero de Sanidad y le cae del pulpo

“Se está ganando poderosos enemigos”, han avisado extraoficialmente desde el entorno del consejero

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Sobre Patricia Hernández, diputada rasa del Partido Socialista Canario-PSOE desde que Ángel Víctor Torres descubrió que hay vida más allá de Arucas, van a caer las mismas maldiciones que cayeron sobre sus compañeros Juan Fernando López Aguilar y Carlos Espino. Meterse con una determinada clase de empresarios y con algunos poderes salvajes muy extendidos en esta región sale muy caro, incluso por encima de consideraciones tan románticas como que seas la persona más votada en unas elecciones autonómicas. Eso le pasó a ella en 2015 y eso mismo le pasó a López Aguilar en las elecciones de 2007, cuando levantó la bandera de las componendas generalizadas que había entre poderes empresariales y poderes políticos y sacó la friolera de 26 diputados al Parlamento regional. No lo dejaron ni disfrutar del momento porque los mismos empresarios que le escucharon decir en sus barbas que Canarias era uno de los sitios de Europa más afectados por la corrupción hicieron lo indecible porque José Manuel Soria y Paulino Rivero aparcaran sus profundas diferencias para blindar un gobierno incluso antes de que los canarios nos acercáramos a las urnas a decidir qué era lo que queríamos.

Patricia Hernández se propuso algo parecido a su compañero Juan Fernando López Aguilar, pero a diferencia de este, no anunció lo que iba a hacer si llegaba al Gobierno. Y lo que hizo, entre aciertos y desaciertos, fue poner al frente de la Consejería de Sanidad a un médico que sabía lo que pasaba dentro de ese servicio público, particularmente con los conciertos sanitarios, que se otorgaban cada año graciosamente a las cada vez más boyantes clínicas privadas de la región absolutamente al margen de la legalidad vigente. O por decirlo de un modo más cabrón y preciso, con la legalidad franquista. Los agentes implicados en la cuestión estaban encantados con aquel vetusto método porque no tenían que presentarse a ningún concurso ni molestarse lo más mínimo por si sus clínicas y hospitales cumplían con las exigencias de homologación mínimas. Lo único que hacían era gastarse unos cuartos en la prensa regional llegado el último trimestre de cada año y soltar la suerte de que la Sanidad pública iba de mal en peor con unas listas de espera astronómicas que requerían de la privada para poderlas aligerar.

El Gobierno de turno reaccionaba como los empresarios del sector sanitario esperaban: ante la alarma generada, más dinero para las clínicas privadas sin la convocatoria de concurso alguno y en contra de las advertencias de la Intervención General de la Comunidad Autónoma. Todo valía con tal de calmar a la poderosa jauría.

Hasta que el consejero socialista Jesús Morera empezó a dar los pasos hacia la normalización de los conciertos sanitarios y a poner a cada uno en su sitio. El primero que se quejó no fue José Manuel Baltar, por entonces responsable de Hospitales San Roque y vicepresidente de la patronal española de clínicas privadas. El primero que puso el grito en el cielo fue Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno, que a partir de aquel momento empezó una feroz cacería contra su propio consejero de Sanidad. Lo sometió a todo tipo de humillaciones públicas, lo puenteó ante los gerentes de los hospitales de los que era responsable, le propinó un notable recorte de sus presupuestos aduciendo que era un mal gestor, y ante sus quejas se permitió decirle que al Gobierno “se viene llorado de casa”.

Desde la plaza pública, el vicepresidente de las clínicas privadas, José Manuel Baltar, hizo su particular su aportación a la operación proclamando en la cadena Ser que el problema de las listas de espera lo solucionaba él en tres patadas con tan solo 16 millones de euros que le dieran. Insuperable.

Clavijo sucumbía una vez más a las presiones de los grandes oligarcas de la sanidad privada de las islas y colocaba a su socio, el PSOE, en el disparadero. Una pésima gestión de aquella crisis acabó con los socialistas en la calle y sin llavín, después de haberle aprobado a Clavijo y a CC los presupuestos del año 17 y la primera tramitación de la dichosa Ley del Suelo. Chupito.

Ahora, un año y tres meses después, Patricia Hernández, la vicepresidenta, ha sido relegada por los nuevos mandarines socialistas a la condición de diputada de a pie, pero no diputada muda. Haciendo valer las dotes de buena comunicadora que ya demostró durante su paso por el Congreso de los Diputados, la exvicepresidenta ha inaugurado videoblog dándole a Gobierno de Clavijo en todo el totiso, es decir, con la gestión de la sanidad privada desde la sanidad pública, un asunto que maneja muy bien. Sus invectivas son directas, sin paliativos de ningún tipo: el consejero de Sanidad, casualmente el señor Baltar, no solo no ha podido cumplir con su fantasmada sobre las listas de espera, sino que ha destinado más de 13 millones de euros a las privadas (en concreto más de 200) sin conseguir los resultados prometidos. Y para colmo, beneficiando descaradamente a su antigua empresa, a la que piensa regresar después de que el Gobierno del que forma parte haya propuesto al Parlamento  suavizar la ley de altos cargos en el aspecto concreto que afectaría a los miembros del Ejecutivo que deseen volver sin esperar por los dos años reglamentarios de descompresión.

El primer vídeo de Patricia Hernández en su blog lleva varios días corriendo por redes sociales y aplicaciones de mensajería. Y la respuesta a tanto atrevimiento no se hizo esperar mucho: que tenga cuidado con lo que hace, porque está dejando al PSOE en mal lugar, con todo lo que ha recibido en financiación electoral de las clínicas privadas, se amenazó desde la cercanía del consejero de Sanidad. O, más aún, “se está creando poderosos enemigos”, es decir, los mismos que se granjeó López Aguilar cuando generalizó sus apreciaciones sobre corrupción; o los que le salieron en tropel a Carlos Espino cuando, siendo consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, denunció el caso Unión. Hasta sus propios compañeros de partido los consideraron unos apestados.

Los ataques a Patricia Hernández han salido también de ciertos voceros convenientemente untados por el Gobierno y por el sector de la sanidad privada: “Ángel Víctor Torres ya la ha desautorizado” antes los que mandan en esta región. Y eso es lo que falta por ver, porque del actual secretario general del PSOE cabe esperar cualquier cosa, incluso su solidaridad con las clínicas privadas. Al fin y al cabo hace más caso a Coalición Canaria que a los suyos. Y así le va.

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