La RIC coge resuello

El Tribunal Económico-Administrativo Central ha empezado a dar la razón a un buen número de empresarios canarios en relación con la materialización de la Reserva de Inversiones de Canarias, la famosa RIC que tanto trae de cabeza a los más especializados asesores fiscales. La Inspección en la provincia de Las Palmas, de una forma que siempre aparentó ser más que arbitraria, entendió que el plazo para realizar la inversión debía ser tres años desde su dotación para que la inversión estuviera en funcionamiento. Incluso terminada, la Inspección levantaba acta si no estaba en funcionamiento tal inversión. Inicialmente se atribuía al inspector-jefe de la época, Diego Jimenez, una forma restrictiva e incluso abusiva de aplicar la Ley , cosa que terminaba en más de una ocasión en los tribunales penales, bien por razones de delito fiscal, si era Jiménez quién actuaba, o bien por prevaricación o figura similar, si el funcionario era el acusado.