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Transparencia, pero no tanta ni tan tonta

Los diputados y diputadas de la comisión de control de RTVC dedican dos horas y veinte minutos a discutir sobre la conveniencia de la fiesta del vigésimo aniversario

El administrador único de Radiotelevisión Canaria, Francisco Moreno, en la comparecencia de este miércoles en la comisión de control parlamentaria.

El administrador único de Radiotelevisión Canaria, Francisco Moreno, en la comparecencia de este miércoles en la comisión de control parlamentaria. EFE/ Cristóbal García

La transparencia en las instituciones y en el desempeño de los cargos públicos que elegimos para que nos representen es indispensable para un mejor funcionamiento del sistema. Por fortuna, cada vez quedan más lejanos y condenados aquellos tiempos en los que las decisiones se tomaban en la más absoluta opacidad por quienes creían que sus actos eran irreprochables y, por lo tanto, impunes.

Toda aquella persona que desee saltarse el filtro de los medios de comunicación y acudir directamente a la fuente puede acceder en directo o a la carta a las actividades de nuestros representantes públicos para saber qué hacen en la defensa de nuestros intereses y, sobre todo, cómo lo hacen. Eso ocurre, por ejemplo, en los parlamentos autonómicos gracias a los servicios televisivos que, como el de Canarias, funcionan muy aceptablemente. Pero ocurre que en ocasiones casi es preferible no interesarse demasiado por esos menesteres porque lo que se descubre es verdaderamente descorazonador.

Un ejemplo cercano es lo ocurrido este mismo miércoles en la comisión de control de Radio Televisión Canaria, celebrada en uno de los nobles de salones del Parlamento regional. Comparecía el administrador único del ente, el periodista Francisco Moreno, y lo hacía a petición propia (a la que se sumaron luego todas las fuerzas políticas) a raíz de que La Provincia publicara en diciembre una información sobre lo que el matutino dio en llamar “cóctel privado”, que no fue otra cosa que una fiesta organizada por RTVC para su plantilla con el doble motivo del vigésimo aniversario de la emisión del primer informativo de la televisión pública de Canarias y los fastos navideños.

Sus señorías dedicaron a darle vueltas a esta cuestión más de dos horas y veinte minutos: que si fue una fiesta inoportuna, que si Moreno no les había avisado de que lo pretendía hacer, que fue “un fiestón”, un “acto irresponsable”, un derroche, un dispendio y hasta un escándalo.

El nivel de algunas de las intervenciones de —insisto- sus señorías fue lamentable. Pero llamaron especialmente la atención las de los dos únicos licenciados en Ciencias de la Información que forman parte de esa comisión de control, dos personas que por su formación deberían haber aportado algo más que el cotorreo propio de partidos que están en la oposición frente a una cuestión tan específica como es la gestión de dos medios de comunicación de titularidad pública de los que forman parte unos 400 trabajadores que acaban de ser asumidos por el ente público tras una etapa muy convulsa y bastante corrupta.

Vidina Espino, de Ciudadanos, y José Alberto Díaz-Estébanez, de Coalición Canaria, no atendieron lo más mínimo a las explicaciones que ofreció Francisco Moreno sobre la oportunidad de reunir por primera vez en la historia del ente público a todos los empleados y empleadas; ni a la conveniencia de transmitirles los proyectos de la nueva etapa que ahora comienza tras una sucesión de hechos lamentables que pusieron en peligro no solo sus puestos de trabajo sino la continuidad misma de la televisión y la radio. Algunos de esos trabajadores no se habían visto en la vida, y los había de islas no capitalinas que trabajaban hasta ahora para empresas amigas del régimen que en su vida soñaron con formar parte de un proyecto tan ambicioso como una tele pública autonómica.

Vidina Espino, como viene siendo su norma habitual últimamente, invocó ante todos el código deontológico que deben respetar los periodistas, y lo hizo en su particular y muy sandunguera interpretación del acuerdo al que había llegado RTVC con el grupo Loro Parque para la utilización del acuario de Las Palmas de Gran Canaria para esa fiesta. Ella se empeñó en que el administrador único había apalabrado con la empresa una suerte de publicidad encubierta cuando lo que en realidad acababa de explicar Paco Moreno era que Poema Del Mar no es anunciante y que el intercambio iba a consistir en programas en exteriores que muy bien podrían celebrarse en instalaciones del grupo empresarial sin coste alguno para ninguna de las partes.

También tiró Espino de su capacidad punitiva para expresarse al insinuar claramente que, con la fiesta, Moreno había intentado comprar el cariño y la fidelidad de los trabajadores y trabajadoras de la tele y la radio públicas. Y lo dijo así porque interpretó a su particular modo las afirmaciones del administrador único respecto a la conveniencia de que la plantilla se sienta más identificada con la empresa y con la labor de servicio público que ejerce.

No es de extrañar que Espino muestre en toda su crudeza su capacidad para coger el rábano por las hojas y quedarse tan campante. Ya lo hizo cuando —tras escucharlo en una tertulia en Radio Club Tenerife- lanzó aquella acusación de “tamayazo” contra sus dos compañeros concejales en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife después de que ambos dejaran en la estacada al candidato de Coalición Canaria, el favorito de la oficialidad ahora en franco retroceso (y perdón por lo de franco). Aquello le costó a su señoría una querella ahora en curso en la que habrá de demostrar de qué parte de su deontología política se sacó semejante acusación, la que su propio partido no se ha creído al readmitir en su seno a uno de los dos purgados.

El otro licenciado en Ciencias de la Información presente en la comisión de control de RTVC es José Alberto Díaz-Estébanez, cuya última aportación al periodismo se remonta a principios de los 90, cuando trabajó en el periódico El Día. Porque desde 1993, es decir, desde que Coalición Canaria existe, ha estado viviendo exclusivamente del cargo público en el que su partido le ha ido colocado. Incluimos en esa lista de destinos el de concejal de Santa Cruz de Tenerife en varias ocasiones, contando la etapa en la que votó favorablemente al convenio urbanístico de la playa de Las Teresitas, por cuyo pelotazo está en prisión el exalcalde Miguel Zerolo, su jefe en aquella Corporación.

Díaz-Estébanez, que en esta legislatura se ha estrenado como diputado, es sin duda el más dicharachero reportero de Barrio Sésamo. Se prodiga mucho en las redes sociales clamando contra la mala gestión del Gobierno del cuatripartito, también llamado de las flores, ora por la Sanidad, ora por la dependencia, saltándose olímpicamente el incuestionable hecho de que ha sido su partido el que en gran medida ha conducido a Canarias al vagón de cola en esos y en otros muchos registros de atención social, como las desigualdades, la pobreza o el abandono escolar.

El inquieto diputado protagonizó en esta comisión de control de RTVC un par de momentos de rutilante estrella del show político tratando de afear a la presidenta que actuara a favor del compareciente sencillamente porque no le dejaba a él intervenir cuando sospechaba que alguien en la sala le estaba llevando la contraria en sus argumentos. Algo perfectamente natural teniendo en cuenta que sus argumentos eran un alarde hiperbólico continuo. 

Al portavoz nacionalista le irritó incluso que el representante de Podemos no le siguiera la juerga, lo que le valió proferir chanzas tan baratas como la referencia al champú HS, “que parece que se han comprado los señores de Podemos para evitar la caspa y la casta” (risotadas).

Aquella fiestas de aniversario y de navidad que Moreno organizó para los 400 trabajadores de RTVC ha acabado por convertirse gracias a la prensa del antiguo régimen y a los esfuerzos de Coalición Canaria en “un fiestón” de 22.000 euros que incluyó billetes de avión, hoteles, traslados y cóctel con cena y barra libre. Un dispendio que, de examinarse con el mismo rigor en cualquier otro órgano de la comunidad autónoma podría dejar tal ágape a la altura de asadero de segunda categoría.

Una minucia si se compara con el hotel de alta categoría que el ente pagó a uno de sus últimos directores generales (puesto por Coalición Canaria) en el corazón del Carnaval de Santa Cruz para que el hombre no tuviera que molestarse en trasladarse hasta su casa, en la misma isla, al término de cada noche de juerga. O el coche propiedad del ente público que conducía para su uso personal un director de antena puesto por el PP. O la millonada regalada a amigotes con deudas con Hacienda y a la Seguridad Social mediante programas que nadie veía. O los 500 euros por minuto de focos desenfocados a mayor gloria de los que auparon a la gloria autonómica al último presidente de CC. Ninguno de esos casos mereció una comisión de control de dos horas y veinte.

Pero si la parte magra de la sesión no sirvió nada más que para evidenciar la poca calidad política de nuestros representantes, los minutos basura fueron para tararí y no echar gota: otra diputada nacionalista, Beatriz Calzada, preguntó al responsable de RTVC por los motivos por los que la televisión pública no había retransmitido una luchada solidaria con los afectados por los incendios de Gran Canaria. La respuesta fue demoledora: es que la federación le dio los derechos a Televisión Española. Ah, que ya lo sabíamos, pero es que nos han dicho que lo le dieron cobertura. Pues sí que le dimos cobertura, la rueda de prensa fue cubierta por la periodista Isabel Baeza. Ah, pues nada. Hasta luego.

“Aquí no se viene a quedar bien; se viene a hacer las cosas bien”, proclamó el diputado Díaz-Estébanez.

La próxima vez habrá que invitarlo al fiestón. Y se acabaron los problemas.

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