¿Qué fue del Tribunal de Pedro?

Hemos dedicado una entretenida semana a seguir el culebrón de las cuentas del Ayuntamiento de la Villa de Agüimes (30.000 habitantes) como si de repente el mundo se fuera a acabar con tamaña escandalera y nosotros con estos pelos. La cosa ha tenido momentos verdaderamente mágicos, propios de Macondo (como los definió una experta periodista canaria), con toques de ranchera despechada y advocaciones varias al sagrado altar de la libertad de expresión y el derecho a la información. Todo ello, claro, sin la más remota posibilidad de causa penal contra el alcalde vilipendiado (el que lo fue de Agüimes y ahora es presidente del Cabildo de Gran Canaria) y sí una de contenido civil contra el periódico vilipendiador, La Provincia/Diario de Las Palmas, que también ha recibido lo suyo por parte de la primera parte contratante.

La refriega no nos ha hecho olvidar (al menos a algunos) qué era lo que se escondía detrás de esas cinco portadas seguidas, que no era otra cosa que la más que criticable gestión de Fernando Clavijo y sus sucesores al frente del Ayuntamiento de La Laguna. Y lo que es todavía más grave, la traslación de aquellos mismos comportamientos a la vida normal y corriente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Cuestión que, resumida humildemente, confirma las tesis de un servidor de que el señor Clavijo se comporta en realidad como el alcalde-presidente de Canarias, de puro golpe de bastón de mando que acompaña a sus decisiones más pintorescas. Cada día más habituales.

A la sombra de ese paraguas de alcaldadas sin recato han enraizado unos cuantos aventajados discípulos del Clavijismo que lo emulan como si haber ganado unas primarias más que sospechosas le hayan convertido en un referente del Derecho Contencioso-Administrativo, sector contratación pública. Además del alcalde de La Laguna, su sucesor, destaca en esa lista de espabilados el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, quien subido a una vieja ola de cartón-piedra en cuyos lomos se puede leer todavía que esa Corporación es un dechado de buena gestión (y dos piedras), empieza a superar en irregularidades a su mentor. Tras él, a no mucha distancia (cabeza y media, no más) aparece el presidente de Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín, al que en rigor solo cabe atribuir la responsabilidad de hacer caso a quienes le ordenan que actúe como un auténtico patán. Su mentora es la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, responsable orgánica directa de la tele y la radio públicas y del famoso Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, a cuyo frente figura otro figura del momento, el tal Pedro Gómez.

Pedro Gómez hizo piña inicialmente con Santiago Negrín en el concurso de informativos de la Televisión Canaria respondiendo a uno de los licitadores (Videoreport Canarias, el actual adjudicatario) que él era un perfecto incompetente en la materia, y que en todo caso debería ser el Parlamento el que entrara a valorar ese escándalo. Pero el pasado mes de diciembre el TSJC le contestó que de eso nada, que debe ser el mismísimo y reverendísimo Tribunal de Pedro el que se pronuncie acerca de las legalidades (o ilegalidades) cometidas por Negrín en tal tramitación. Y lo dijo, el tribunal, con palabros tan gruesos como que “en la situación actual es evidente que el contrato no podrá desarrollarse ni tan siquiera desplegar sus efectos al no haber nadie que controle al poder adjudicador”, es decir, a Negrín.

Tres meses después, Pedro Gómez se sigue haciendo el sueco, no se sabe muy bien si por sobrecarga de trabajo (excusa de dudosa aceptación), si porque tiene ganas de cometer desacato (más dudoso todavía), o si por parte de la autoridad política competente le han dicho que estire el chicle un poco más a ver si el martes se desbloquea definitivamente el nombramiento de las dos nuevas vocales del Consejo Rector de RTVC y se puede ver cumplido el sueño de la consejera Rosa Dávila de adjudicar el contrato de informativos de la tele en la junta general de accionistas de TVPC, del que pasarán a formar parte las dos nuevas cómplices del compadreo.

Frente a esa posición de Pedro y su tribunal emergen de modo amenazante dos acontecimientos inevitables. De un lado la metedura de pata de los asesores jurídicos externos de RTVC, que en el escrito de adjudicación del concurso negociado sin publicidad por el que se adjudicó a dedo la ampliación del contrato de transporte de señal de los dos medios públicos, remitieron a los posibles recurrentes al mismo tribunal del amigo Pedro que se sacude las pulgas en los demás temas del ente.

Y, por otro lado, la amenaza latente de una suspensión legal del concurso, con la consiguiente prórroga por otros nueve meses del actual contrato por la sucesión de indecencias producidas, entre otras la injustificada demora del tribunal de Pedro. Lo que, visto de un modo positivo, podría ser un plazo más que razonable para que el Parlamento active de una vez una reforma profunda de la ley, evite el contagio del efecto Negrín y promueva unos servicios informativos de titularidad pública que acabe con este mamoneo por los siglos de los siglos.