Algo pasa con Willy

Guillermo García, Willy García en los ambientes políticos y mediáticos, vive sus horas más bajas desde que fue nombrado por Paulino Rivero en 2007 director general de Radiotelevisión Canaria. La sucesión interminable de desencuentros con toda la oposición, la presente (PP y Nueva Canarias) y la pasada (PSOE y Nueva Canarias) le empieza a pasar una factura muy onerosa agravada por el demoledor informe de la Audiencia de Cuentas sobre su gestión (opaca, por ser suaves en el calificativo) y por el mal endémico del invento desde su creación: la falta de pluralidad. El dato elocuente de la audiencia y sus bajos costes, que la sitúa entre las televisiones autonómicas que mejor justifica su existencia, no parecen compensar el desgaste de imagen que sufre su director general y, por analogía, el presidente del Gobierno que lo puso y que lo mantiene contra viento y marea. Que este lunes la Mesa del Parlamento de Canarias, tras oír a la Junta de Portavoces, emitiera un duro pronunciamiento de reprobación por su comportamiento en sede parlamentaria agrava todos los parámetros y lo coloca nuevamente en el disparadero. Sólo la tozudez de Paulino Rivero, que encajaría como una derrota propia la destitución de su protegido, le mantiene vivo en el cargo. Pero nada va a volver a ser como antes tras el gesto solemne y grave de la cámara de representación ciudadana afeándole su actitud.

Peligra el Plan de Actividades para 2014

El contexto en el que se produce esa reprobación a Willy García es el de una Coalición Canaria más dividida que nunca, cuyo sector crítico aprovechó hábilmente la ocasión para propinar a Paulino Rivero un reproche público y parlamentario en el culo del director general de la tele. La ausencia en la Cámara por motivos personales de José Miguel Barragán, el más eficaz escudero del presidente, sirvió para que el presidente del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, José Miguel Ruano, tomara posición y respaldara la petición del Grupo Popular de reprobar a García por su actitud irrespetuosa y fuera de tono en la última comisión de control de RTVC, donde se encaró de mala manera con la diputada majorera Águeda Montelongo. Ruano encabeza en el Parlamento el sector crítico al presidente y vio los cielos abiertos para actuar contra el ahijado con la excusa perfecta de no dejar a CC en fuera de juego en una cuestión en la que la Cámara se jugaba parte de su renqueante prestigio. Ese voto de Ruano dejaba también el camino expedito al PSOE, el socio actual de los nacionalistas en el Gobierno, que jamás ha escondido su deseo de sustituir al director de RTVC por un profesional que pueda concitar de una manera más pacífica la unanimidad de todos en favor del sostenimiento de la radio y televisión públicas en una comunidad donde son elementos imprescindibles para la cohesión. De hecho, la ley que se tramita a propuesta de los socialistas pero a paso de tortuga tiene como principal objetivo ese, democratizar y profesionalizar un cargo tan sensible. Pero tras la reprobación vienen las consecuencias imparables: este martes está previsto que se reúna el consejo de administración del ente para abordar el Plan de Actividades para 2014, la columna vertebral en torno a la cual se construirá toda la programación, las inversiones técnicas, las retransmisiones y los objetivos del año. Es el equivalente a los presupuestos de un Gobierno que, rechazados, se convierten en el resorte más natural para que un cargo público dimita. Es la única posibilidad de ver a Willy García abandonar su puesto porque la destitución, al menos hasta este lunes por la tarde, no estaba planteada formalmente.

Víctima de Águeda, la peor derrota

Tienen razón los que reprochan a Willy García su comportamiento en la última comisión parlamentaria de control de RTVC. Su actitud hacia la diputada Águeda Montelongo no fue la correcta de un alto cargo del Gobierno en posición de rendición de cuentas ante los representantes directos de los ciudadanos. Es cierto que la parlamentaria popular lo provocó insistentemente con insinuaciones que en otro lugar distinto a la sede parlamentaria podrían desembocar en demandas civiles de protección del honor con visos de prosperar, pero ninguna de esas provocaciones deben conducir al compareciente a comportarse de manera inadecuada. Por desgracia para Willy García, su reprobación llega de manos de un cargo público que le acusa de comportamientos que debiera mirarse primero antes de reprochárselos a los demás. No olvidemos que estamos ante la diputada que, en labores de consejera del Cabildo de Fuerteventura, empleó fondos públicos de manera oscura para favorecer a militantes del PP con contrataciones sospechosas y para invitar a viajes y estancias en hoteles de lujo de la isla a altos cargos del partido (regionales y nacionales) haciéndolos pasar en algunos casos por estrellas de culebrones suramericanos, como es el caso del actual secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. El proceso penal abierto como consecuencia esos episodios padece el mismo mal de todos los que por corrupción se abren en Canarias: el retraso preciso para que a) la gente lo olvide y b) los investigados puedan irse de rositas invocando dilaciones indebidas. Que una parlamentaria con ese historial sea la que se atreva a desafiar a un alto cargo del Gobierno por su gestión económica y que, a la postre, consiga ponerlo nervioso hasta el límite mismo de la reprobación, no hace más que empeorar el escarnio a Willy García. Para colmo, sobre él se concentran ahora las estrategias de desgaste al presidente Rivero, una vez el PP ha tenido que envainarse su mantra sobre el cierre de la tele tras haberla santificado, vía don Carnal, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona.

Las cuentas del fútbol tienen la culpa

Nadie se explica a qué viene la cerrazón de Willy García a la hora de responder a los requerimientos de los grupos parlamentarios (no sólo el PP) sobre las cuentas del fútbol, es decir, de los dineros que se gasta la Televisión Canaria en derechos y gastos de producción para retransmitir casi todos los partidos de fútbol del CD Tenerife y de la UD Las Palmas. La opinión y el uso de la demagogia son libres para considerar que una tele pública deba o no dar esos partidos, pero en el ámbito de las decisiones de política de programación quedaría en tal caso la polémica. Como la de meter a un humorista, a un cocinero o a una señora que hace step a las siete de la mañana. Los datos que circulan sobre la cuestión hablan de un gasto de dos millones de euros por temporada por la retransmisión de los partidos de los dos cuadros futbolísticos representativos, incluyendo en esa partida los gastos de producción (unidades móviles, cámaras, reporteros, comentaristas, dietas, etcétera). García dice que son 70 partidos y que el coste por ciudadano (sean o no futboleros) es de un euro al año. Así las cosas, no parece que sea un dispendio, sobre todo teniendo en cuenta que indirectamente la autonómica contribuye a que cada uno de los dos clubes reciba, vía Liga, unos 2,3 millones de euros anuales, cantidad de la que habría que descontar el variable por quinielas y por clasificación final en el campeonato. Montelongo, que con tal de jeringar a Paulino a través de Willy es capaz de matar un burro a pellizcones, se ha atrevido a contraponer a ese gasto las necesidades que pasan muchos canarios, una postura tan demagógica como suicida porque bastaría con colocarla ante el espejo de la realidad dibujada por su partido, responsable máximo del hundimiento de todos los ciudadanos menos de los ricos. (Por falta de demagogia que no quede).

Soria, desnudado por Repsol

Carmen Monforte (especialista en información sobre energía en Cinco Días): “Existe una opinión extendida de que su objetivo político es Canarias, pero cuesta creerlo a la vista de que una de las primeras medidas que adoptó fue autorizar las prospecciones de Repsol, que ha enfadado sobremanera a sus paisanos”.

José Manuel Soria (ministro de Industria, Energía y Turismo): “Mi objetivo es cumplir la responsabilidad que se me encomienda. En España tenemos una dependencia energética muy elevada y soy partidario de que allí donde se pueda explorar se explore siempre y cuando se cumplan todos los condicionantes medioambientales de la UE. Canarias tiene una economía vulnerable, con un sector turístico potente pero con un 35% de paro; sin apenas agricultura y con una industria que no llega al 5%. Es cierto que la actividad no se desarrollará en Canarias, sino a 60 kilómetros, pero no tendría sentido que España no hiciera prospecciones cuando lo está haciendo Marruecos en el mismo lugar”.

C.M.: “Ha anunciado que los trabajos comenzarán en verano, pero aún no está la declaración de impacto ambiental. ¿Da por hecho que será favorable?”

J..M.S.: “No lo sé, pero tengo esa impresión”.

Ruth Toledano (periodista de eldiario.es): “José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, nació en Telde (Gran Canaria). Por su, a la vez, frágil y privilegiada condición, llegar al mundo en una isla debiera conllevar un plus de sensibilidad hacia la protección de su naturaleza. Llamémoslo respeto. Pero Soria no lo tiene, el respeto es otra cosa para él. No solo carece de esa especial sensibilidad, sino que está dispuesto a vender sus islas a Repsol. Dice que hace falta el dinero. Un mercenario”.

Dos ejemplos, dos, de lo calado que empieza a estar el ministro canario, José Manuel Soria, entre el gremio periodístico en Madrid. Ambos son de este mismo lunes: una entrevista realizada por Carmen Monforte para Cinco Días, y un artículo de opinión de Ruth Toledano, ex periodista de El País, en eldiario.es. Sobran mayores consideraciones.

Narvay Quintero la armará en el Senado

Es más que evidente que José Manuel Soria y sus mariachis están muy seguros de que la declaración de impacto ambiental de las prospecciones de Repsol en Canarias será positiva, por mucho que haya quedado constancia física de que el Ministerio de Medio Ambiente ha dejado en suspenso la tramitación del expediente hasta que la compañía amiga subsane la ausencia de importante documentación relatada en las miles de alegaciones que se interpusieron durante la fase de información pública del informe correspondiente. Los presentes en la reciente reunión en el ministerio de Cañete aseguran que el comportamiento de la mano derecha soriana para estos menesteres, Enrique Hernández Bento, subsecretario de Estado, fue de lo más elocuente. Ambos han dado por hechas las fechas (tras el verano) en que habrán de comenzar los sondeos, lo que equivale a dar por sentado, que habrá informe positivo del órgano evaluador del impacto ambiental y sus obligadas medidas preventivas y correctivas. Es esta de la declaración de impacto ambiental el arma que tienen guardadas las autoridades y la sociedad balear y valenciana para lograr detener las prospecciones sin tener que indemnizar a la compañía Cairn Energy, mecanismo que serviría para Canarias si aquí, como ocurre en el Mediterráneo, Soria no tuviera tanto interés. Su último dislate lo pronunció en la entrevista en Cinco Días: “Tengo esa impresión”, la impresión de que habrá declaración positiva. Y una elucubración pare el delirio desmentida incluso por Antonio Brufau, el presidente petrolero amigo, el espantajo de las perforaciones marroquíes: “No tendría sentido que España no hiciera prospecciones cuando lo está haciendo Marruecos en el mismo lugar”. Falso. Mentira. Estén atentos a la iniciativa que presentará esta semana el senador herreño Narvay Quintero, que piensa poner en un brete a la bancada del PP: prohibir las prospecciones en Baleares, el Golfo de Valencia y Canarias. A ver por dónde salen.

Don Pepito sale trasquilado

Celebróse en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife el juicio por la demanda civil que el director, editor y gran timonel del periódico El Día interpuso contra el director de Canarias7 y contra su empresa editora, Inforcasa, por un editorial en el que se afeaban elegantemente sus desquiciados editoriales, sus insultos a diestro y siniestro y sus derivas delirantes sobre la unidad de la región. El ofendido, menuda buena pieza, pedía una indemnización de 600.000 euros, cantidad con la que a buen seguro pretenderá redecorar el comedor tropical de su residencia en Santa Cruz, donde reúne a la cúpula de su equipo médico habitual para que le haga la ola (o un amago de ola, que hay tonelajes inamovibles por mucha pasión que pongan sus propietarios). A tenor de lo dicho por la representante del Ministerio Fiscal, que se opuso a la demanda y solicitó de la juez su inadmisión, todo hace pensar que el dicharachero editor saldrá también trasquilado de este trance. A tal impresión contribuyeron también sin duda sus abigarrados argumentos, impropios de un ciudadano que acude a la justicia para defender su honor y termina explicando ante el tribunal por qué escribe lo que escribe sobre la sexualidad y la intimidad de las personas que él aduce que le han ofendido. Tampoco es que ayudara mucho al éxito de la demanda la actuación de su abogado defensor, que se metió en terrenos resbaladizos hasta llegar a confundir al director de Canarias7 con el de Canarias Ahora. Memorable. Como la juez haga caso a la fiscal, don Pepito podría enfrentarse a una condena en costas verdaderamente sustanciosa, calculada a partir de sus propias pretensiones económicas, que se sumaría a las cantidades que ya se acumulan en su debe precisamente por hacer lo que dice que los demás hacen con él. Patético.