Ni amenazas ni disculpas

Corría el año 2001, septiembre, si la memoria no nos falla. Acababan de otorgar el contrato de la telefonía móvil del Gobierno a Vodafone por un precio de unos 480.000 euros al año, una tarifa plana que incluía todas las llamadas desde los móviles. Nada se dijo entonces de la pasta que podían estar costando las llamadas desde los teléfonos fijos (operados por Telefónica), a los móviles del Gobierno, operados por Vodafone. Pero se lo dieron a esta última compañía sin que se exigiera la portabilidad, es decir, respetar todos los números anteriores. Sólo se mantuvo esa ventaja a unos pocos escogidos, entre los que se encontraban el presidente, Bonis y no muchos más. Pues lo dicho, en septiembre de 2001 se vino abajo el servicio y hubo un silencio telefónico de 24 horas. No consta en los archivos del Gobierno ni una amenaza a Vodafone, ni por supuesto, unas disculpas oficiales del operador. Entendemos que nada habrá tenido que ver que el delegado de la compañía, Tomás Pacheco, fuera hermano del viceconsejero de Economía de Adán Martín, Pedro Pacheco.