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El blog de Carlos Sosa, director de Canarias Ahora

Las Teresitas ya tiene su primera sentencia

Carlos Alonso, este viernes, junto a Fernando Clavijo en el tranvía tinerfeño.

La del mamotreto, hecha pública este viernes, es una sentencia mamotrética. Nada más oportuno para relatar los comportamientos llevados a cabo por los responsables políticos de la era Zerolo, deseosos, motu proprio o por indicaciones de la autoridad superior, de dar continuidad al pelotazo de Las Teresitas hincando un edificio emblemático (sic) en primera línea de playa, donde al común de los mortales (al menos hasta esta nueva Ley de Costas del PP) les está vedado poner hasta una caseta o una sombrilla con levita. A lo largo de los 108 folios de su resolución, la juez Beatriz Méndez sólo sorprende a los afligidos ciudadanos calificando de “desafortunado e imprudente” el comportamiento de la ex concejala Luz Reverón, la única de los juzgados que aún ocupa cargo público, en concreto a nombre del PP, partido que abrazó tras abandonar Coalición Canaria, cuyos ex concejales se llevan todos los reproches penales. El resto de la sentencia coincide con la percepción generalizada de que el caso mamotreto fue desde sus inicios (y lo sigue siendo) una sucesión interminable de irregularidades que ya pueden considerarse delictivas, aunque la sentencia pueda ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y luego en casación ante el Supremo. Era el adefesio, perdón, el edificio, que Miguel Zerolo, el alcalde que ahora es senador y sigue gozando de la protección de su partido, necesitaba para que la operación de compra-venta del frente de playa adquiriera visos de continuidad por la irresponsable aplicación de la doctrina de los hechos consumados. Está tardando CC en pedir a su senador que renuncie a su acta y se aplique en cuerpo y alma a la defensa de los otros tres asuntos penales que tiene vivos, a saber: la causa matriz de Las Teresitas, las obras del viejo instituto García Cabrera y el caso Fórum, la última pieza que lo coloca frente al Código Penal.

Ahora, las responsabilidades políticas

La sentencia ha sentado como bálsamo a la parte inquieta de la población tinerfeña y del resto de Canarias escéptica ante la creencia generalizada de que la Justicia sólo es dura con los débiles y casi siempre blanda con los poderosos. Las penas para algunos de los acusados son ciertamente escuálidas si se tiene en cuenta que sólo dos de los condenados –de adquirir firmeza las penas- deberá pisar una prisión. Y contrasta fuertemente con la que le cayó entre pecho y espalda al presidente de la UD Las Palmas (tres años, luego reducidos a dos por el indulto del Gobierno) por construir un muro y una pajarera en su casa de La Milagrosa (Gran Canaria). La verdadera condena de los acusados por el mamotreto es en realidad económica: deberán sufragar de su bolsillo el coste de la demolición del edificio de Perrault. A la espera de que posteriores sentencias no rebajen la pena (elevarla resulta poco probable) lo leído en esta convierte en penalmente barato maquinar una operación urbanística haciendo caso omiso a la legalidad vigente y a las constantes advertencias, dilapidar dinero público y defraudar a los ciudadanos engatusándolos con una operación estrella en la playa por antonomasia de Santa Cruz de Tenerife. La sentencia, no obstante, habría de servir de aviso a los navegantes (políticos y funcionarios demasiado contaminados por los políticos) de que la impunidad no es generalizada, ni mucho menos eterna. Faltan, eso sí, las responsabilidades políticas: Coalición Canaria no puede sostener ni un minuto más entre sus filas al inspirador intelectual y político de esta trapisonda, Miguel Zerolo. Ni el PP a una directora insular del Gobierno en La Gomera que se libra de una condena por los pelos y con un reproche de la justicia por su negligente actuación en su labor pública. Que no estuviera en la génesis de la operación (motivo de la absolución) no la libra de la responsabilidad de haber mirado para otro lado, y de algún modo permitido, que los delitos se consumaran.

Patadas a Paulino en el culo del PSOE

Pero Coalición Canaria no hará nada con su senador Zerolo más allá de dejarlo que se cueza a fuego lento en las tres instrucciones que tiene abiertas en el Tribunal Supremo. Saben sus actuales dirigentes (sector Barragán) que castigar a Zerolo con una irradiación pública sólo serviría para abrir aún más la brecha que tiene en la isla de Tenerife en ese pulso intestino para sacar a Paulino Rivero de la carrera presidencial en 2015. El alcalde Bermúdez consultará con la almohada y con el cenáculo presidencial qué hacer a partir del lunes en una tormenta que amenaza con convertirse en ciclogénesis explosiva a poco se introduzcan elementos combustibles en el sistema. Algunos ya pretendieron este viernes lanzar pelotas al tejado del presidente de CC en Tenerife, Fernando Clavijo, que no hará nada con Zerolo confiando en que sean otros los que se atrevan. Clavijo continúa con su particular batalla contra Rivero atizando sus patadas al presidente en el culo del PSOE. Esta semana ha difundido que le gustaría pactar “con un partido que cumpla sus compromisos”, en doble alusión a los socialistas y a sus preferencias por el PP, el partido al que CC tendrá que disputar parte del electorado en las próximas autonómicas. El sabrá. Clavijo, por cierto, es alcalde de La Laguna gracias a su pacto con el PSOE, al que debe estar provocando ya para que rompa y así sumar enteros a su estrategia. No le interesa machacar a su socio lagunero, Javier Abreu, por eso disparó esta semana contra José Miguel Pérez, al que acusó de no recibirle pese a sus reiteradas solicitudes de reunión (incluso vía burofax) para hablar de la Universidad de la Laguna (sic). Hemos consultado con el vicepresidente y consejero de Educación y ha jurado por la Historia de Canarias que jamás Clavijo le ha pedido una reunión, ni en directo, ni en diferido ni por burofax.

Carlos Alonso también

También anda propinando patadas en el culo socialista a ver si salta Paulino el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, que ya no disimula sus enfrentamientos con el líder de Coalición Canaria desafiando su política sanitaria (con razón) y la de gestión de los parques nacionales en Canarias, mayormente el del Teide (con motivos banales). Alonso, que preside una de las corporaciones locales más endeudadas de España (alguna responsabilidad tangencial le toca asumir) ha ofrecido incluso un millón de euros del Cabildo al Gobierno para que ponga en marcha ya las urgencias hospitalarias en el norte de Tenerife. Con la ametralladora calada, Alonso se ha lanzado incluso a pedir dimisiones de compañeros de partido (no la de Zerolo, no se entusiasmen). Lo ha hecho con la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, del sector gubernamental de CC, que es muy probable que caiga en la crisis que Rivero tiene planificada para el mes de marzo (DM), salvo que le llenen la cachimba y no haga nada para mortificar así a los críticos. También ha disparado el presidente de Tenerife al socio socialista a cuenta de unas declaraciones de la viceconsejera Sostenibilidad, Guacimara Medina, que ha opinado públicamente lo que otros muchos sostenemos y el resto calla por cobardía, que los parques nacionales están mejor en manos del Estado que de los cabildos. Y añadimos nosotros, cabildos de común clientelistas y dados al compadreo con cosas que incluso nos dan de comer. En medio de una crisis de caballo que obliga a las instituciones a restringir el gasto en capítulos tan delicados como los asuntos sociales; en una isla cuyas instituciones avalan la caridad canalizada a través de telemaratones tercermundistas, llama poderosamente la atención que el Cabildo quiere cargar con la gestión de un parque nacional que está muy bien gestionado como está.

Alonso, entre el machismo y el totalitarismo

En su refriega contra el Gobierno que preside el líder de su propio partido, Carlos Alonso no se ha detenido en minucias. Más allá de las trifulcas políticas y orgánicas, el presidente del Cabildo empieza a dar muestras de la transformación que puede experimentar una persona cuando toca poder y lo ejerce de manera más que populista. En su astracanada contra la viceconsejera de Sostenibilidad, Carlos Alonso olvidó guardar los exigibles modales de género y de educación que han de observar siempre los servidores públicos. Nada que reprochar a que pida la dimisión de un cargo público por lo que él llama “contradicciones” o “coherencia”, más allá de la aplicación al caso de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Lo que no es de recibo es que un cargo político arremeta de la manera que lo ha hecho el presidente del Cabildo de Tenerife contra una funcionaria de la Comunidad Autónoma por el simple hecho de no plegarse a sus caprichos. En un tono que estamos por calificar entre machista o misógino, Alonso marcó para su depuración sumarísima a la secretaria de la comisión de parques, “Pepa Jiménez, una señorita (sic) que ha estado poniendo trabas un día también y el otro (sic) de manera continua”. Tras meterla en el mismo paquete en el que un instante antes había metido a la viceconsejera, dijo de la funcionaria que “si no cree en eso que el Gobierno cree, que se vaya”.

Soria, derrotado en el Consejo de Ministros

Ha sido un viernes frenético, y de eso da cuenta nuestra portada: mamotreto, posicionamiento cobarde de los hoteleros con intereses en Baleares y en Canarias, Pacto por la Educación en Canarias (en algunas cosas somos vanguardia en tiempos de tribulaciones)… Pero decidimos esta pasada noche abrir con lo ocurrido en el Consejo de Ministros con el desafío de Soria a la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias. La propuesta de recurrirla ante el Constitucional entró en la mesa del Gobierno con la máxima carga de inquina de la que es capaz el ministro del ramo, nuestro insuperable José Manuel Soria, y salió de La Moncloa con el sí al recurso y el no a la suspensión cautelar a la totalidad de la ley, cuando lo que se recurre es tan solo un apartado de uno de sus artículos. El entorno del presidente del PP canario empezó de inmediato a vender una burra coja: que se trataba de un error en la reseña del Consejo de Ministros, una excusa antesala de lo que probablemente venga después: que no es tan malo el individuo como lo pintan y que al final evitó males mayores por su bondad infinita. Lo cierto es que Mariano Rajoy y una gran parte del PP están hasta las narices de las abigarradas decisiones de un ministerio que no hace otra cosa que generar inseguridad jurídica entre los inversores y de espantar a los sectores empresariales a priori más afines al neoliberalismo gubernamental. Por no contar con las dos peticiones que Paulino Rivero hizo a Mariano Rajoy de que no se suspendiera toda una ley de (la necesaria) renovación de la planta turística por una muestra más del desprecio que Soria vierte un día sí y el otro también sobre Canarias por no dejarle gobernar a su antojo. Esperemos acontecimientos, que este fin de semana toca visita pastoral y veremos con qué nos obsequia Su Excelencia.

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