El caso del policía cogido con las manos en la masa

Nada es casual en la sucesión de episodios que se producen en esa mascarada. La repentina aparición de un inspector de policía que se persona como acusación particular en una fantasmagórica denuncia contra uno de sus jefes por “torturas y falsificación documental” por sus actuaciones en la Operación Faycán, es una nueva vuelta de tuerca en ese deplorable intento de convertir en corruptos precisamente a los que llevan años trabajando para aclarar los numerosos casos de corrupción que hasta hace poco se producían con absoluta impunidad en Canarias. A Abel Pérez Gómara, hasta hace poco jefe de la Brigada de Información, lo denunciaron dos policías de su equipo a los que ordenó detener tras sospechar que estaban detrás de la filtración de la libreta de Toñi Torres a los demás imputados de la trama. Uno de esos policías sigue imputado en un sumario por revelación de secretos. El tercero de los detenidos convertidos en denunciantes fue aquel famoso Fran, asesor de Guillermo Reyes, también imputado en la causa. A esa rondalla se ha sumado un nuevo agente, José Ángel Vargas, también imputado por revelación de secretos, en su caso en el marco de la Operación Góndola.