Esos fascistas con el culo al aire

Hasta el culo. Un grupo de activistas majoreros decidió este martes que el mejor destino que en estos momentos se puede dar a la democracia es aquel en el que la han situado algunos mandarines públicos, el culo. Por eso, este grupo de media docena de personas decidió pintarse de negro “democracia ya” en sus nalgas en una muestra subversiva más de lo que el PP llamaba en esos mismos momentos “conductas antidemocráticas y fascistas pagadas en nuestra tierra por este Gobierno”. Hemos preguntado si a lo largo de esa protesta, celebrada en Corralejo, algún activista entonó canciones ultraderechistas brazo en alto, o reclamó la resurrección de Francisco Franco, y a lo más que hemos podido llegar es a una acusación manifiesta de falta gramatical, al obviar en su frase de protesta una necesaria coma. Algo que pudo haberse solucionado satisfactoriamente si a la performance se hubiera unido otro hombre, situado entre la palabra “democracia” y el adverbio “ya”, mirando para el fotógrafo, tal cual. El Partido Popular anda metido en un bucle sin fin. La guinda de malas noticias la puso este lunes la ya famosa encuesta del Gobierno, en la que se concluye que tres de cada cuatro canarios está en contra de las prospecciones impuestas a las bravas por José Manuel Soria a los canarios, mientras prepara una escapatoria a la misma actividad petrolífera en Baleares. Como era de esperar –y un poquito tardaron en decirlo- la encuesta es sospechosa de partidismo, que para eso la dirigió una persona afín a Coalición Canaria, según aseguró Astrid Pérez en un ejercicio funambulesco en el que metió a los catedráticos y profesores de las dos Universidades que la elaboraron. Hay más encuestas perjudiciales para el colesterol de los dirigentes canarios del PP, las que tienen que ver con su estrepitosa caída electoral y con esa incertidumbre que les provoca no saber si Soria viene o se va, puerta giratoria mediante.

Astrid Pérez y los delitos

A Astrid Pérez, presidenta del PP de Lanzarote, le tocó este martes interpretar en el Parlamento el papel de afligidos defensores de la democracia y del petróleo que de un tiempo a esta parte han adoptado los cargos públicos de ese partido. No es baladí que Asier Antona la haya elegido a ella y dejado en el banquillo a otros apasionados parlamentarios, como la majorera Águeda Montelongo, en horas bajas por su imputación por prevaricación y malversación del caso Patronato. Y no es baladí porque Astrid Pérez es de Lanzarote, la isla donde se registra el mayor rechazo a las prospecciones petrolíferas, y la isla donde se han registrado los más escandalosos casos de corrupción urbanística de los últimos tiempos. Uno de ellos, el de La Bufona, ha salpicado a la diputada regional conservadora, titular de un chalet que se excedió en sus dimensiones. Letrada de profesión, no puede alegar ignorancia ante la presencia de delitos cercanos y de delitos ajenos, como los que este martes se permitió atribuir al Gobierno de Canarias y a su presidente por la campaña contra el petróleo que Rivero ha capitaneado. Dice Pérez que la cosa va ya por los dos millones de euros, sin que conozcamos la veracidad del dato, cantidad en cualquier caso que para ella es un robo, y para los canarios, al parecer, todo un acierto. De otro modo no se entendería la postura mayoritaria de los encuestados a favor de que las instituciones sigan dándole al yunque. La diputada conejera se amparó en la inviolabilidad penal que el estatuto del diputado otorga a sus señorías en el ejercicio de su función parlamentaria para endilgarle al Gobierno el delito de malversación de caudales públicos y, de paso, el de incitación a la violencia, porque, según dijo, “se ha contratado a asesores para que alimenten el terrorismo social, para que nos insulten con dinero público”, y con ese dinero “este Gobierno paga y financia conductas antidemocráticas y fascistas”. El debate, como pueden comprobar, alcanzó un gran nivel.

Prevaricación unidireccional en Yaiza

Hablando de delitos. La sentencia de conformidad aceptada por el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, es de las que habría de tener recorrido, si no fuera porque tenemos a todos los jueces y a la mayoría de los fiscales entretenidos en casos de gran enjundia. Que Reyes haya reconocido que cometió un delito de prevaricación al conceder en 2006 licencia ilegal de obras para la casa de Alexia de Grecia, prima del Rey Felipe VI, nos conduce directamente a la conclusión de que los beneficiarios de esa prevaricación fueron los propietarios del chalet, que ahora quedará legalizado gracias al nuevo Plan General, en fase de publicación. Y si fueron los beneficiarios, ¿qué condujo al alcalde a cometer ese delito que ahora él mismo reconoce cargándose con una pena de seis meses de cárcel? ¿Acaso José Francisco Reyes se dedicó durante su mandato en la alcaldía a beneficiar a sus vecinos graciosamente sin que se lo pidieran y sin recibir, al menos, las gracias a cambio? En su momento una juez archivó las diligencias abiertas contra Carlos Morales, esposo de su alteza, que estuvo imputado por un delito contra la ordenación del territorio y otro de inducción a la prevaricación, cuestiones que ahora adquieren gran relevancia al conocerse la sentencia de conformidad del alcalde. El primer delito se le archivó al reducírsele al de una mera infracción administrativa, y el segundo, el de la inducción a la prevaricación reconocida por Reyes, por no quedar probado que ejerciera influencia sobre el alcalde. Bien.

Gira expiatoria de Clavijo

Sin que la anterior prevaricación tenga que ver con la que sigue ahora, le entramos a otro alcalde, en este caso en plenas facultades políticas y administrativas. También judiciales. Fernando Clavijo, candidato de Coalición Canaria a las autonómicas de 2015, continúa su azarosa gira expiatoria por las islas con una parada este martes en la calle Buenos Aires, de Las Palmas de Gran Canaria. Arropado por su principal valedor local, Fernando Bañolas, que le brindó todo su apoyo y solidaridad, Clavijo explicó al Consejo Político Insular de CC los alcances de su imputación y su convencimiento de que, en cuanto el juez César Romero Pamparacuatro lo escuche, archivará los delitos por los que se le ha encausado. Los comentarios de corrillos que se escuchan en los cónclaves de CC –sector Clavijo- no son tan benévolos con el magistrado, al que de inmediato se relaciona con lo ocurrido en la instrucción del caso Unión y se le atribuyen instrucciones erráticas. Olvidan, cómo no, que las irregularidades apreciadas en esa causa lanzaroteña nada tuvieron que ver con el juez y sí con el secretario judicial, contra el que hay abiertos tres expedientes por faltas graves o muy graves frente a ninguno en la casilla del magistrado. Una pista contradictoria la ofreció este lunes el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, cuando dijo a la Ser que la ausencia de un escáner no debería ser la causa para el retraso experimentado en el alzamiento del secreto en la pieza en la que aparece involucrado Clavijo, lo que nos conduce automáticamente a pensar que debe haber otros factores en presencia de los que tiene que haber tenido puntual notificación y conocimiento el fiscal destacado en ese juzgado, subordinado natural de Garrido. Pongamos por caso que hay 44 imputados, y que la causa sigue viva. Que se sigue tirando del hilo hasta alcanzar la madeja completa, y que la personación de los afectados y de acusaciones particulares puede no sólo complicar aún más el sumario e incrementar el número de imputados e imputaciones, sino retrasar muchos meses lo que los clavijistas estiman cuestión de semanas. De momento, y a la espera de novedades, nos quedamos con la versión amable ofrecida esta pasada noche por CC de Gran Canaria: Clavijo no delinquió, en todo caso lo que hizo fue “preocuparse por los problemas de sus vecinos y vecinas”. Unos más vecinos y vecinas que otros y otras, of course.