El fenómeno Lidl

No nos queremos imaginar lo que puede suponer en euros contantes y sonantes una reclamación de daños por lucro cesante que reclamara la multinacional de descuento duro Lidl, que acaba de ganar la primera de un ramillete de sentencias contra el Gobierno de Canarias por la actuación arbitraria y contraria al interés general de un Ejecutivo que negó una y otra vez las licencias comerciales específicas que se le solicitaban para la instalación de tiendas de esta especialidad. El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es demoledor y produce vergüenza. Se suma a las sentencias de Tebeto, de la moratoria turística y de los hoteles ilegales de Lanzarote, por no contar los casi 100 millones que va acumulando en deudas el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la secuela de brillante gestión de José Manuel Soria y Pepita Luzardo. Pero, en el caso de las tiendas de descuento duro, ¿a quién pretendía proteger el Gobierno? O por ser más precisos, ¿a quién pretendía proteger ATI, que es al fin y al cabo la autora material de esta cacicada afeada por los tribunales?