El fiscal superior te invita a un acto electoral

El ministro de Justicia de España, Rafael Catalá, estará los próximos días 27 y 28 en Las Palmas de Gran Canaria, lo que constituirá una oportunidad extraordinaria para pedirle que explique a la opinión pública en qué consiste esa nueva ocurrencia suya consistente en negarle a los jueces el derecho a participar en procesos políticos y a ser elegidos por los ciudadanos o designados para ocupar cargos públicos. Catalá vendrá a Canarias para participar en unas jornadas sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015, promovida por el Instituto Canario Superior de Estudios (ICSE), que en realidad enmascara la presentación de un libro firmado por el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena y por el catedrático de Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de Toledo y, a su vez, abogado particular de José Manuel Soria para la represión de la libertad de expresión y algún dictamen para la tele canaria. La jornada, de inscripción gratuita, comenzará con una conferencia de los dos autores sobre su libro que serán presentados por el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, al que también cabría preguntarle qué opina de esa última salida de madres del ministro Catalá teniendo en cuenta que él fue viceconsejero de Justicia en un Gobierno participado por el Partido Popular, que fue el que le designó. Claro que ni Moya, ni Arcadio Díaz Tejera (senador saliente por el PSOE), ni Pedro Herrera (exviceconsejero con el PSOE), ni Juan Ignacio Zoido (exalcalde de Sevilla por el PP), ni Emilio Moreno (actualmente parlamentario regional por el PP), tendrán que preocuparse por esta nueve nuevo intento de violación de derechos fundamentales por parte del Gobierno de Mariano Rajoy porque todos ya han estado y han vuelto, o están y piensan volver acogiéndose, como es menester, a las estrictas normas de abstención y recusación que pesan sobre los jueces y magistrados cuando puedan tener interés o la más mínima contaminación en asuntos sobre los que han de conocer. Porque Catalá, evidentemente, no está pensando en estos casos presentes o pasados, ni siquiera está pensando en los dos magistrados de la Audiencia Nacional recusados por su estrecha vinculación al PP tras su designación para formar sala para juzgar el caso Gürtel. En realidad el señor ministro está pensando en los jueces que han decidido pedir su excedencia voluntaria y reglamentaria para presentarse por Podemos. Jueces que, de repente, han dado a la formación de Pablo Iglesias un marchamo de moderación y sensatez que al PP no interesa lo más mínimo. Y uno de esos jueces, jueza en este caso concreto, resulta que es candidata por la provincia de Las Palmas. Ah, Catalá viene con Soria, por si les quedaba alguna duda.

Catalá dictará una conferencia

Pues sí, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se vestirá de gala para recibir a tan insignes ministros del Reino. Rafael Catalá, como decíamos más arriba, va a participar de modo activo en esa jornada sobre la reforma del proceso penal y hasta dictará una conferencia de clausura cuyo título no estamos en disposición de ofrecerles porque no figura en el programa. Pero es fácil deducir que hablará del libro de Marchena y de González-Cuéllar porque al fin y al cabo ha sido su prologuista. Antes de la conferencia ministerial habrá una mesa de debate en la que participarán el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste; el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, y el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa. Mesa que moderará el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso, que parecerá en esa mesa tan señorial un pijoaparte, un perro verde, un convidado de piedra. Pero el protocolo es así y aunque sea de la rama roja del Gobierno, había que hacerle un hueco al hombre. Ah no, espera, que Afonso es casi uno de ellos, parte del clan, porque al fin y al cabo nombró directora general de Relaciones con la Administración de Justicia a una ex alto cargo del PP, Lourdes Quesada, esposa del fiscal jefe de Las Palmas. De momento lo colocan solo a moderar, que para impartir doctrina ya están los otros, incluido el ministro Catalá, cuya dilatada trayectoria política y profesional no es precisamente la de un especialista en Derecho, salvo que contemos como tal su paso por una empresa del sector del juego, sus cargos en Aena, sus responsabilidades en recursos humanos en ministerios y en gerencias de hospitales o su último destino como secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Eso sí, estuvo dos años (2002-2004) con Michavilla como secretario de Estado de Justicia. Un inmenso palmarés que corona ahora pretendiendo cargarse un derecho fundamental de los jueces.

Vicente Garrido se moja

Pero si les parece insuficiente la jornada con el ministro Catalá el viernes 27, no deben perderse la que se ha organizado para la mañana del sábado 28 en la sede del Colegio de Abogados de Las Palmas. De ese acontecimiento da cuenta el fiscal superior de Canarias en una nota informativa remitida el pasado día 17 a todos los integrantes del Ministerio Público en Canarias: “Aprovechando la estancia del ministro de Justicia en nuestra ciudad, el día siguiente, 28 de noviembre, junto con el ministro de Industria, Energía y Turismo, Excmo. Sr. Don José Manuel Soria, mantendrá un encuentro con los profesionales de la Administración de Justicia que quieran asistir”. Lo primero que llama la atención de esta nota informativa es precisamente su existencia. Todo un fiscal superior de Canarias convocando a los operadores jurídicos a un “encuentro” con dos ministros, el de Justicia y el de Industria. ¿Qué debemos entender por “encuentro”? Conociendo la capacidad intelectual del señor Garrido debemos colegir que no quería decir charla, conferencia, jura de abogados, debate o visita de cortesía. Habla de un “encuentro” que, de haber sido exclusivamente con el ministro del ramo, el señor Catalá, podría entenderse como una toma de contacto campechana (y tal) con el máximo responsable de la Justicia de este país. Pero la presencia de José Manuel Soria –y aquí entramos ya en el segundo aspecto reseñable de esta convocatoria- convierte ese “encuentro” en un acto puramente electoralista. Como es fácil de entender, el ministro de Industria, Energía y Turismo de España no tiene en absoluto nada que ver con la Administración de Justicia, más allá de los roces que ha protagonizado de todos conocidos. Además, jamás en estos cuatro años ha mantenido ninguna reunión, “encuentro”, charla o debate con los “profesionales de la Administración de Justicia”, lo que confirma todas las sospechas de que se trata de un acto propagandístico. Si los “profesionales de la Administración de Justicia” desearan tener “un encuentro” con el ministro Catalá, el momento más pertinente habría sido el de la tarde anterior, en los salones del ICSE, con ocasión de su conferencia y la presentación del libro de Marchena y González-Cuéllar. Pero resulta que en tal formato el ministro Soria no habría podido tener el protagonismo que le han preparado para el día siguiente en el Colegio de Abogados. ¿Hemos dicho en el Colegio de Abogados? ¿Qué hace el Colegio de Abogados prestándose a esta tremenda mascarada? Si Soria quiere tener un acto electoralista con los operadores jurídicos en esa sede, ha de presentarlo así y recibir las oportunas bendiciones. Pero él prefiere camuflarlo de modo chusco marca de la casa.

Otras cosas a las que dedicar su tiempo

Comprendemos que José Manuel Soria tenga una apretada agenda ministerial, complicada ahora con la inminente llegada de las elecciones generales, a las que concurre como número uno del PP por la provincia de Las Palmas. Tantas ocupaciones, sin embargo, no deberían distraerle ni un segundo de lo verdaderamente importante, que es atender las obligaciones ministeriales. Por ejemplo, la de responder a la Defensora del Pueblo a sus reiterados requerimientos de información acerca de la utilización de fractura hidráulica o fraking en Cantabria. Una organización agraria (UGAM-COAG) y Ecologistas en Acción le han metido una denuncia ante la Fiscalía de aquella comunidad autónoma por supuestamente obstaculizar la investigación de la Defensora del Pueblo tras la queja que tiene en su poder desde 2013. La Defensora del Pueblo ha requerido al ministerio en dos ocasiones y ninguna de ellas ha obtenido respuesta. Y no es la queja cántabra la única que tiene en esa institución el Ministerio de Industria por la utilización del fraking. Otra de las mismas características, con el añadido de una queja ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, se refiere al uso de esa técnica en la provincia de Soria, lo que añade un puntito de coña marinera y castellana a la cosa. Además, debería el ministro de Industria, Energía y Turismo, explicar a los españoles cuál es exactamente el grado de penetración de las renovables en España porque la Comisión Europea acaba de rebajar las cifras presentadas por Soria en el Programa Nacional de Reforma del 17,% de consumo final de energía procedente de fuentes limpias por un 15,8%, lo que complica enormemente el cumplimiento del objetivo del 20% de renovables en el año 2020. Desde que este sujeto llegó al ministerio, la implantación de las renovables sólo ha crecido dos puntos, lo que da una idea de la tremenda patraña en la que nos ha tenido a todos instalados durante este tiempo. Y no lo dicen unos ecologistas perroflautas, sino la Comisión Europea, cuyo comisario de Acción Climática y Energía no es nada sospechoso de querer aguar la fiesta a Rajoy. Se llama Miguel Arias Cañete.