Un informe jurídico de encargo

Debían andar con el culo a dos manos los letrados del Gobierno de Canarias adscritos a la Consejería de Política Territorial en aquellos días de marzo de 1999. Porque el informe jurídico para encontrar la trampilla por la que autorizar a Juan Francisco Rosa su bodega en La Geria se encarga, mediante convenio con la empresa pública Gesplan, a un abogado con despacho en la Vega de San Mateo, Antonio Juan Marrero Falcón, que dictamina que se puede autorizar esa construcción. Nos encantaría poder explicarles los fundamentos jurídicos en que se basó este buen señor para hacer esa propuesta, pero es que no constan en su informe. Lo sentimos. Pero lo malo vino detrás: si Marrero firma su alocado dictamen el 15 de marzo de 1999, el 16, al día siguiente, el técnico jurídico de Planeamiento de la Consejería de Política Territorial, Armando Villavicencio, emite informe ratificando el de su colega de Gesplan, que encuentra “conforme a Derecho”. Ocho días después se produce la resolución del director general autorizando el disparate.