El mal ejemplo de MAR

Presumía en su Memoria Anual la Fiscalía General de Canarias, presentada al comienzo del año judicial, de la condena recaída sobre el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente del Grupo Ralons y de la Unión Deportiva Las Palmas. Era una sentencia que se pretendió ejemplarizante, de esas destinadas a hacer palparse las ropas a cualquiera que tuviera en la cabeza construirse un cuarto de aperos en suelo rústico o echar un techo sobre la azotea de su casa para hacer un hueco a las nuevas incorporaciones familiares. El fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, puso todo su empeño en que su subordinado de Medio Ambiente, Javier Ródenas, pidiera la máxima condena prevista en el Código Penal, y hasta se ocupó de hacer ver a los jueces que intervinieron en las dos fases del sumario (juzgado de lo Penal y Audiencia Provincial de Las Palmas) la importancia de este caso de vulneración del ordenamiento urbanístico. Para ello, hizo que se desoyeran las peticiones de los abogados del entonces acusado, hoy condenado, de que se esperara por el fallo de un recurso que había interpuesto ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa que, a la postre, se tornó a su favor declarando la finca sobre la que se cometieron los delitos urbanísticos fuera de las exigencias legales que le llevaron al proceso y a la posterior condena. O al menos fuera de la obligación de pedir determinados permisos en el momento de cursar su licencia, según reza la sentencia en cuestión. Para colmo, el Gobierno ha acordado el indulto del reo y le ha rebajado la pena lo suficiente para que no tenga que entrar en prisión, lo que le libra a él y a sus empresas de un escarnio público de consecuencias verdaderamente graves. Por lo tanto, estamos ante un caso ejemplarizante que ha resultado completamente fallido, una pifia de la Fiscalía que se vuelve en contra de la imagen de la Justicia y profundiza en el sentimiento popular de que no somos todos tan iguales ante ella. García-Panasco eligió mal al chivo expiatorio, eligió mal la infracción urbanística; olvidó la conveniencia de medir la intensidad de las fuerzas en presencia, las relaciones del reo con el ministro José Manuel Soria y el poder del dinero, y no necesariamente por ese orden.