¿Quién será el próximo presidente del TSJC?

La carrera comenzó desde el momento en que se supo que José Ramón Navarro iba a ser bautizado como el breve. Su presencia de tan solo ocho meses al frente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y la norma no escrita que otorga a cada presidente dos mandatos consecutivos de cuatro años cada uno, había relajado las expectativas de los que no lo habían conseguido en ese trance. Pero la amistad del tinerfeño con el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial lo catapultó inesperadamente a la presidencia de la Audiencia Nacional. El ascenso de Navarro Miranda es una gran noticia para él, sin duda, y para los que han empezado legítimamente a mover sus fichas para sustituirle. Y una mala noticia para los que aspiraban al puesto de Juanes en la Audiencia Nacional, muchos de ellos mejor colocados que el tinerfeño, lo que se ha notado en el comité de recepción que se ha encontrado en Madrid. Pero vayamos a lo que nos interesa. ¿Quién va a ser el nuevo presidente del TSJC? De entrada, sepan que no aspira al puesto ninguna mujer, lo que chirría en una carrera en la que el elemento femenino ha empezado a superar ya el 50% de las nuevas incorporaciones. Y sepan que el candidato con opciones naturales, el actual presidente en funciones, Humberto Guadalupe, respetado por todos los sectores de la Judicatura, ya ha anunciado que no se presenta, que prefiere terminar sus servicios como presidente de la Sala de lo Social, no vayan a pretenderla determinados aspirantes de la APM que reinventan el derecho laboral ahora que el PP lo pone tan fácil.

Antonio Doreste, el mejor colocado

Sin que pueda darse por definitivamente cerrada la lista de aspirantes, cinco son los nombres que el Consejo del Poder Judicial tendrá que evaluar: Antonio Doreste, magistrado en la Sala de lo Social en Tenerife; Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas; Ignacio Duce, magistrado en la Sala de lo Social en Las Palmas; Salvador Alba, magistrado en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y César García Otero, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC. Este último es el que más dudas tiene planteadas. Su deseo de concurrir parece estar más vinculado a las opciones que tenga y a quienes sean por tanto los finalistas, que a batirse en duelo ante el comité evaluador. Está al frente de una sala compleja, donde se cruzan fortísimos intereses empresariales y de la Administración, con enormes presiones y con la carga añadida de un magistrado, Francisco José Gómez Cáceres, que complica gravemente las deliberaciones y los fallos. Al otro extremo, el de la certeza de presentarse y el de la seguridad de sus apoyos encontramos a Antonio Doreste, a quien respalda abiertamente el ex presidente del TSJC. Doreste, que fue consejero de Industria y Energía del Gobierno de Canarias bajo la presidencia de Lorenzo Olarte (1990), goza de la confianza del sector del poder más arraigado en Tenerife. Que Navarro Miranda lo haya llevado prácticamente de su mano al CGPJ no ha gustado precisamente a algunos de sus miembros, particularmente en el sector conocedor de la realidad de Canarias.

Emilio Moya, otro posible efímero

El tercer candidato en liza, y no necesariamente por orden de posibilidades, es Emilio Moya. Ascendido a la categoría de presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas en julio de 2013, de ser nombrado presidente del TSJC también protagonizaría un mandato muy breve. Fue viceconsejero de Justicia con el PP en la etapa en que fue consejera de Presidencia María Australia Navarro, poseedora de la más extravagante Raimunda de Peñafort a petición propia, con el aplauso hipócrita de una buena parte del foro canario. Moya tiene el respaldo extraoficial del establishment gubernamental, concretamente del consejero y viceconsejero de Justicia, Francisco Hernández Spínola y Pedro Herrera, respectivamente. El primero, militante socialista, y el segundo miembro de Jueces para la Democracia, han dicho a Moya que cuenta con se consideración más distinguida, a pesar de que la asociación progresista haya presentado como candidato a Ignacio Duce, que a su vez tiene en Antonio Camacho y en Alfredo Pérez Rubalcaba sus avales más poderosos desde las negociaciones para formar el nuevo Poder Judicial.

Salvador Alba, el candidato de Soria

No lo decimos nosotros, lo repite él cada vez que el tema de conversación es la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias: “A mí me apoya José Manuel Soria”. Salvador Alba hace mucho tiempo que no esconde su deseo de hacer política en la Judicatura y se ha postulado a diversos cargos, siempre a la sombra del Partido Popular. En la última renovación del CGPJ creyó tener todas las opciones del mundo, pero se quedó fuera porque nunca contó para ninguno de los negociadores. Su capacidad de maniobra ha quedado muy reducida desde que fue relevado, por motivos no explicados públicamente, como portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), pero él sigue confiado en que las gestiones del ministro de Industria, Turismo y Energía terminen por catapultarlo a algún puesto de relumbrón. En su hoja de servicios constan todas las reprobaciones y censuras que ningún juez desearía tener: Colegio de Abogados, Junta de Personal de Justicia, asociaciones judiciales… por haberse erigido en más de una ocasión en examinador de abogados, de jueces sustitutos y de compañeros de carrera. Y para colmo, sin ser precisamente un dechado. Si votaran para presidente del TSJC los operadores jurídicos, Alba no obtendría un solo voto. Pero es un comité evaluador el que, tras escuchar la memoria y el proyecto que cada candidato defienda, el que propone al pleno del CGPJ al mejor candidato. Cualquier cosa es posible, pero estos son los nombres que se postulan.

Un momento clave

¿Por qué es tan decisiva la elección de presidente del TSJC? La clave la podemos encontrar en el recientemente visto para sentencia juicio del caso Grupo Europa, en el que se juzgaba el primer asunto de corrupción del PP, es decir, de la era de Soria al frente de ese partido en Canarias. Si es “el primero” significa que tras él, llegarán los demás, y de ellos, los más sonados: Eolo y Faycan, principalmente, en los que se pondrá a prueba la consistencia de las investigaciones formuladas por la Policía, la Fiscalía y los jueces instructores, y la capacidad de los tribunales para abstraerse de cualquier tipo de contaminación o presión y dictar sentencias justas. El Poder Judicial, como su propio nombre indica, tiene una estructura, y aunque está absolutamente prohibido que un juzgador reciba la menor instrucción, es evidente que el ambiente que reine en las salas de gobierno y en los despachos con moqueta, termina influyendo en los profesionales de espíritu más débil. Además, a ningún juez le gusta que una instancia superior le enmiende una sentencia, y a veces puede pesar más el temor a esa enmienda que el de equivocarse ante el justiciable. Terrible, pero humano. Luego están las causas activas para aforados y las que puedan llegar. Se podrán imaginar lo que cambia que a un aforado lo investigue un magistrado puesto por un ministro que un magistrado puesto por el mandato constitucional de capacidad y méritos. No es lo mismo, aunque suene a antisistema. Hay pruebas fehacientes que lo acreditan.