Una puerta abierta a la Fiscalía

José Manuel Arnáiz no ha dimitido todavía. Está asustado, pero le consuela la creencia de haber actuado por obediencia debida, lo que significa que es más inocente de lo que pensábamos. O se hace el tonto, que también puede ser. Si se ha leído el último párrafo del dictamen del Consejo de Estado ya debe haber llamado a sus abogados para una reunión extraordinaria. No habrá incluido en el cónclave (con perdón) a Normando Moreno, que es urbanista, porque lo que precisa son abogados penalistas y administrativistas. Al Consejo de Estado le llama muchísimo la atención que un organismo como la Autoridad Portuaria, directamente dependiente del Ministerio de Fomento, se haya conducido de la manera que lo ha hecho Arnáiz. “Las autoridades portuarias (...) carecen de la autonomía orgánica propia de las denominadas Administraciones independientes, debiendo acomodar su actuación al conjunto de los intereses de la Administración General del Estado, con respeto a la legalidad”, dice el dictamen. El fiscal afila el lápiz porque nunca le habían abierto una puerta de este calibre para actuar de oficio.