Unos puestitos a la medida

Si tienen la paciencia de leerse la resolución de la directora general de Justicia pueden llegar a la conclusión de que la convocatoria y la designación de cada uno de los dos funcionarios seleccionados (uno por resolución para cada una de las dos provincias) es impecable. Pero les rogamos que se detengan un minuto en el folio 2, cuando se habla de la exigencia de experiencia a los aspirantes. Se puntúa con tres puntos, hasta un máximo de veinte, cada uno de los años de experiencia como archivero en archivos judiciales que acredite el aspirante. No hace falta que sigan leyendo, porque los dos ganadores llevan diez años ejerciendo esas funciones en la Comunidad Autónoma de Canarias mediante una relación laboral bastante peculiar. Y a razón de tres puntitos por año, se salen. Efectivamente, los archiveros para los que se ha construido este procedimiento administrativo llevan desempeñando esas funciones durante la última década, pero no como personal incluido en la RPT de Justicia, ni, como es norma, como personal laboral del Ministerio de Justicia. Su relación con la Administración canaria ha sido un contrato de obras y servicios celebrado con el jefe de suministros de Justicia, el famoso Joaquín García, que les pagaba mensualmente como autónomos. Pero el dinero se debe haber acabado, o alguien ha descubierto la ilegalidad, y por eso han tenido que sacar este procedimiento deprisa y corriendo para que se lo coma con papas la nueva administración socialista responsable de la Justicia en Canarias.