Una queja archivada por el Poder Judicial

Pero, ¿qué fue lo que dijo aquel septiembre de 2009 la juez Victoria Rosell para que el Gobierno (o mejor, una parte muy concreta del Gobierno) montara en cólera? Pues algo muy sensato, que las debilidades del caso Tebeto no había que buscarlas en los comportamientos de la Justicia, sino en el seno del propio Gobierno, el que cometió tal cúmulo de despropósitos y de negligencias que facilitó mucho las cosas al empresario Bittini para dar un pelotazo. Ruano y Soria se subían por las paredes. El entonces vicepresidente, hermano del ex consejero de Industria autor del desaguisado, daba gritos por los pasillos de Presidencia. “Quiero la cabeza de esa juez”. Y, acto seguido, encargó en la calle dos informes jurídicos, dos, para llevar a sus compañeros del Consejo de Gobierno una propuesta de “denuncia” (sólo podía ser queja) ante el Consejo General del Poder Judicial. La queja, apoyada por los servicios jurídicos por órdenes de Ruano, se formuló en diciembre de 2009, con anuncio oficial y todo por parte del portavoz del Gobierno, Martín Marrero, un anuncio que no se repitió con la misma puesta en escena cuando, en febrero de 2010, el órgano de gobierno de los jueces archivó tan desquiciada iniciativa indicando que la magistrada había actuado en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Pero ni Soria ni Ruano se quedaron conformes.