Acusados del clan de la Camorra asentado en España niegan ser “La Familia”

La Audiencia Nacional comienza a juzgar a 21 supuestos miembros del clan de la Camorra "Nuvoletta".

La defensa de los acusados de pertenecer a un clan de la Camorra italiana asentado en España ha criticado hoy en el juicio que el fiscal haya aprovechado el parentesco de algunos de los veintiún procesados para decir de “forma peyorativa” que formaban “la familia” entendida como mafia.

Los abogados defensores han pedido en la vista, que se celebra la Audiencia Nacional, la absolución de los acusados del clan Polverino, que actuó en Canarias desde la década de los 90, según el fiscal, que solicita diez años de cárcel para veinte procesados por asociación ilícita y blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas como el narcotráfico.

Las defensas han alegado que los hechos ya fueron juzgados en Italia, que en todo caso los delitos habrían prescrito en España por el tiempo transcurrido y que además no hay pruebas de cargo suficientes.

El letrado de los italianos Antonio S. y su hijo Davide S. ha alegado que los vínculos familiares existentes entre investigados no pueden ser considerados por sí mismos indicios de delito y ha insistido en que no se puede hablar en este caso de “la familia” en cuanto a expresión que se utiliza para hablar de un grupo mafioso camorrista.

Ha recordado que Antonio S. y Davide S. se trasladaron entre 2001 y 2002 a España para trabajar en una empresa de seguridad pero ha asegurado que no participaron en las actividades del primo del primero, el fallecido Giuseppe Felaco, para la construcción y venta del complejo de apartamentos turísticos Marina Palace de Adeje (Tenerife).

El fiscal mantiene que el clan blanqueó el dinero procedente de sus actividades delictivas a través de la citada promoción inmobiliaria.

Según la Fiscalía, Giuseppe Felaco formó parte del “grupo de fuego” del clan, al que encargaban homicidios, se ocupó del tráfico de hachís procedente de Marruecos que introducían en Italia desde España por carretera en dobles fondos de coches y llegó a controlar las inversiones de los clanes camorristas en Canarias.

Dos hijas suyas se sientan en el banquillo de los acusados si bien para una de ellas el fiscal ha retirado su petición de cárcel aunque la ha mantenido como partícipe a título lucrativo de los delitos para que responda de responsabilidades pecuniarias.

El abogado de las dos hermanas y de la madre de ambas ha comentado que “parece que cualquier actividad por más honesta que fuera si tenía algo que ver con Giuseppe Felaco se la dotaba de un halo de ilegalidad”, cuando se limitó a alquilar y vender apartamentos del complejo Marina Palace.

El defensor de los hermanos Stefano V. y Mario V. ha asegurado que ambos disponía de medios y cualificación profesional, el primero como arquitecto y el segundo como administrador de empresa, para acometer el proyecto Marina Palace y ha negado que el mismo fuera promovido para blanquear dinero.

Ha abundado al respecto en que de hecho los compradores de los apartamentos los adquirieron con subrogación de créditos hipotecarios sin que fueran usados como testaferros y ha asegurado que ninguno de ellos tiene antecedentes penales o policiales en contra de lo que dijo ayer el fiscal.

Por otra parte la abogada del italiano Riccardo C. ha rechazado lo manifestado ayer por el fiscal que para reflejar el grado de implantación del clan en Tenerife y de sus prácticas camorristas comentó que incluso los acusados “intentaron cambiar la política de la isla” para lo cual pensaban promover una candidatura que fuera presentada en el complejo Marina Palace.

En este sentido ha estimado que no se ha probado que haya habido sobornos ni extorsiones a políticos y ha alegado que presentarse a unas elecciones no es delito.

Los dos principales acusados en esta causa siguen la vista a través de videoconferencia desde Italia.

En concreto, desde la cárcel de Sassari, Giuseppe Polverino “O Barone”, considerado uno de los principales capos de la camorra y que tras haber sido arrestado en 2012 en Jerez de la Frontera (Cádiz) fue extraditado a Italia, donde cumple penas que suman sesenta años de prisión por asociación mafiosa y tráfico de drogas.

Por su parte, Raffaele Spasiano lo hace desde la sede de un tribunal de Nápoles, donde también cumple condena.

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