El caso Alba ensombrece el inicio del año judicial en Canarias
La celebrada este miércoles no ha sido la apertura de un año judicial al uso. Normalmente este acto - que suele colgar el cartel de lleno en la puerta y al que acuden destacados dirigentes políticos de las islas – suele poner el foco en las palabras del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y sus demandas, así como en las del fiscal jefe.
Y es verdad que ambos hablaron, en el mismo orden que lo han hecho siempre, pero su alocución se vio eclipsada por un caso que ha sacudido el seno de la Administración de Justicia en las Islas y por la presencia de sus dos principales protagonistas en la sala: Salvador Alba y Victoria Rosell. Ambos, sentados a apenas unos metros de distancia.
Como si de una imposición de Clark Gable a Vivien Leigth - con vestido rojo de por medio - se tratara, Alba entró en la sala y tomó asiento, mientras Rosell, que apenas se había adelantado un minuto, saludaba a diversas personas que se encontraban en el interior de la misma.
No se dirigieron la palabra, pero escucharon en silencio los discursos del presidente del TSJC, Antonio Doreste y del fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido. Al igual que lo hizo la fiscal Evangelina Ríos, que sigue pendiente de saber si el Supremo considera que vulneró los derechos de Rosell cuando la investigó. Y Carla Vallejo, jueza de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
Doreste y Garrido hicieron referencia al descenso de procesos penales registrados en Canarias y sus posibles motivos, hablaron de los retrasos en las causas judiciales, de la necesidad de una mayor especialización en delitos económicos y de crear un cuerpo de funcionarios judiciales que se dediquen expresamente a las macrocausas, entre otros aspectos.
De hecho, el presidente del TSJC hizo una pequeña autocrítica explicada en la necesidad de los jueces de reposar sus decisiones y sin llegar a hacer mella en los representantes políticos que le miraban atentamente desde sus asientos, señaló las dificultades que tiene que afrontar el ejercicio del poder judicial al depender del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno autónomo y el Ejecutivo central.
Unos asientos que adolecieron tres notables ausencias, las del presidente regional, Fernando Clavijo, su homólogo en el Cabildo, Antonio Morales y el alcalde capitalino, Augusto Hidalgo. Administraciones que, sin embargo, estuvieron representadas por distintos cargos, como el consejero autonómico de Presidencia, Aarón Afonso, y el primer teniente de alcalde capitalino, Javier Doreste.
Si hubo un punto en común entre Antonio Doreste y el fiscal jefe, fue la necesidad de incidir en el imperio de la ley; en la obligación de actuar con rigor y compromiso y, ante todo, en el valor de la independencia de ambas partes. Una independencia que según el presidente del TSJC está “claramente demostrada y constitucionalmente protegida”, ya sea para juzgar a un magistrado.
Una independencia que se ha visto ensombrecida por el caso Alba, en el que las barreras morales que separan lo judicial de lo político han quedado más empobrecidas que nunca. Especialmente después de que la Guardia Civil haya encontrado el audio de la conversación completa que el juez mantuvo con el empresario Miguel Ángel Ramírez.
Pese a esto, Alba canta victoria, Rosell le achaca una derrota y Doreste, como presidente del TSJC, lejos de calmar las aguas, prefiere callar.
