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CCOO emprende acciones penales contra dos exconsejeros del Gobierno canario por el recorte salarial del 20% en 2013

El sindicato denuncia a Francisco Hernández Spínola y a Javier González Ortiz por "preparar y ejecutar una medida discriminatoria" contra más de 3.000 empleados públicos "con pleno conocimiento de su ilegalidad"

CCOO sostiene en su escrito que en el Ejecutivo regional eran tan conscientes de la ilegalidad de la medida, anulada recientemente por el Constitucional, que "trataron de borrar retroactivamente las huellas"

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Consejo de Gobierno

Javier González Ortiz y Francisco Hernández Spínola.

El recorte salarial del 20% aplicado en 2013 a más de 3.000 empleados públicos del Gobierno de Canarias llega a la vía penal. El sindicato CCOO ha anunciado este viernes que presentará una denuncia contra Francisco Hernández Spínola, exconsejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Ejecutivo regional y candidato del PSOE al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y a Javier González Ortiz, que ostentó en la pasada legislatura la máxima responsabilidad en las áreas de Economía y Hacienda. A ambos les acusa de la comisión a nivel indiciario de delitos contra los derechos fundamentales y de los trabajadores.

El sindicato, al que representarán los abogados Javier Díaz Reixa y José María Garrido, emprende esta acción judicial apenas un mes después de que el Tribunal Constitucional anulara la medida, incluida en una disposición adicional, la número 57, de la Ley de Presupuestos del año 2013. El recorte de la jornada laboral y de la remuneración afectó a un total de 3.345 trabajadores, entre funcionarios interinos y personal laboral temporal e indefinido. Para el Alto Tribunal, se trató de una decisión discriminatoria hacia este colectivo de trabajadores, puesto que la reducción no se extendió al personal fijo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Comisión Europea ya había advertido en mayo de 2012 a través de una carta de que aplicar el recorte horario y salarial sólo a una parte de la plantilla vulneraba la normativa comunitaria, en concreto, el Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE. El propio Gobierno canario, a través del actual consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y entonces director general de Función Pública, Aarón Afonso, reconoció tras la publicación de la sentencia del Constitucional que conocía las advertencias de Bruselas, pero que aún así decidió seguir adelante con la medida aduciendo que de esta forma se evitarían "los despidos masivos" de empleados en la administración pública.

La denuncia sostiene que las altas instancias del Ejecutivo regional prepararon y ejecutaron "cuidadosamente" una estrategia para "imponer al colectivo de trabajadores con las relaciones laborales más frágiles -por su carácter temporal y por carecer de poder negociador propio- unas condiciones laborales restrictivas". Para CCOO, estas actuaciones no sólo vulneraron el derecho fundamental a la igualdad de los afectados, sino que además fueron elaboradas "con pleno conocimiento de su ilegalidad".

El sindicato defiende que en el Gobierno regional eran "tan conscientes" de que la medida incumplía la normativa que trataron de dar marcha atrás y "borrar retroactivamente todas las huellas de su antijurídico proceder". Se refiere al acuerdo adoptado por el Ejecutivo el 28 de noviembre de 2013 que dejaba sin efecto la reducción de jornada y retribución que ya había sido aplicada de enero a abril de ese año "con la condición de que los trabajadores afectados se comprometieran a desistir de cuantas reclamaciones administrativas y acciones judiciales" hubiesesn promovido. Meses antes, en julio, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya había anunciado que plantearía un recurso de inconstitucionalidad contra la medida, ahora declarada ilegal.

"Maniobras para atacar a los trabajadores"

La denuncia describe las "maniobras" ideadas desde el Ejecutivo regional para consumar "el ataque" a los trabajadores. CCOO recuerda que la reducción del 20% no estaba contemplada en el proyecto de Ley de Presupuestos aprobado por el Gobierno y enviado al Parlamento. La medida fue incorporada a través de una enmienda presentada el último día de plazo por los grupos de Coalición Canaria (CC) y el PSOE, partidos que formaban el pacto regional, con una norma con rango de ley, la Disposición Adicional número 57.

Gracias a esta forma de proceder, el Ejecutivo regional se ahorró los informes jurídicos, que habrían sido preceptivos de haber sido incluidos en el proyecto de presupuestos, y también rendir cuentas ante la Comisión Parlamentaria, además de negar al resto de grupos la posibilidad de enmendar y debatir la reducción salarial, según afirma el sindicato.

La medida quedó blindada al ser incorporada a una ley. "El Gobierno de Canarias pretendió posteriormente utilizar en su defensa el argumento de estar obligado al cumplimiento de una ley, la misma que había prefabricado para consumar el ataque a los derechos de los trabajadores", expone el documento presentado este viernes en los juzgados.

CCOO subraya que el Gobierno utilizó "reiteradamente" la amenaza de los despidos masivos para "conseguir la resignación de los trabajadores y evitar la reacción política y jurídica de estos en defensa de sus derechos". Una estrategia que la central considera "muy eficaz" dada la condición de los empleados afectados por la reducción horaria y salarial, no fijos, y el momento en el que se produce, en plena crisis económica.

La denuncia recuerda que Francisco Hernández Spínola llegó a declarar públicamente que en una situación como la que atravesaban las Islas en ese momento, con más de 290.000 parados, los empleados públicos que fueran despedidos "no encontrarían trabajo".

Aunque la acción judicial se dirige inicialmente contra Hernández Spínola y Gonzalez Ortiz, CCOO deja abierta la posibilidad de incorporar nuevos nombres al procedimiento y pedir responsabilidades penales a quien se demuestre que intervino en la estrategia denunciada.

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