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Condena de dos años de cárcel por estafa al inductor de la denuncia contra el presidente del Cabildo de Gran Canaria

Samuel Yebra y su esposa utilizaron un documento falso del Ayuntamiento de Agüimes para engañar a dos hermanos en una permuta, ahora anulada

El propietario de Zona 13 debe indemnizar con 60.000 euros a sus víctimas

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Norberto Jonay Pérez, denunciante del presidente del Cabildo, junto a Samuel Yebra, el dueño de Zona 13, y un pulpo

Condena de dos años de cárcel por estafa al inductor de la denuncia contra el presidente del Cabildo de Gran Canaria

Samuel Yebra, el  empresario de ocio nocturno que está detrás de la denuncia de un empleado suyo contra el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Las Palmas a dos años de cárcel por estafa y falsedad, al utilizar un documento falso del Ayuntamiento de Agüimes para engañar a dos hermanos en un contrato de permuta.

En una sentencia fechada el 31 de mayo pasado, la Sección Primera da por probado que quien en 2016 pretendió comprar al Cabildo el Club Baloncesto Gran Canaria, urdió con su esposa, Ana Cristina del Barrio, “un entramado fraudulento” para convencer a sus víctimas que la propiedad que iban a adquirir mediante permuta gozaba de todas las licencias municipales necesarias para ser habitada.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, condena a Yebra y a su esposa, aparte de a dos años de cárcel por el delito de estafa en concurso medial con un certificado falso, a una multa de 8 meses con una cuota diaria de 12 euros, y a otra multa de 5 meses con una cuota diaria de 12 euros por utilizar un documento oficial falso. En total, unos 4.680 euros de multa.

Además, el contrato de permuta de un solar urbano en Valsequillo por un inmueble y otras propiedades en Agüimes queda ahora anulado y la pareja debe restituir la finca de Valsequillo a los estafados, o si ello no fuera posible por la posterior venta inmediata y edificación de ese terreno urbano, pagar 60.000 euros de indemnización, cantidad en la que fue valorado el solar en la permuta.

Los hechos probados en la sentencia se remontan al 14 de mayo de 2010, cuando la esposa de Samuel Yebra firmó un contrato de permuta con Juan María y Esther Gloria A.H. Estos entregaban a la esposa de Yebra un solar en Lomitos de Correa, en el municipio de Valsequillo, y recibían de la misma un local, una vivienda, un lavadero, una plaza de garaje y un trastero en un edificio de Agüimes.

En ese momento, en el que también estaba presente otro acusado que ha sido absuelto, “con ánimo de inducir confianza” a las víctimas y “lograr convencerles de la operación de permuta, con plena conciencia y voluntad de alterar la realidad y con el fin de aparentar que la finca permutada poseía unas condiciones de edificabilidad que no tenía, presentaron en el momento de la firma un fraudulento certificado del Alcalde del Ayuntamiento de Agüimes”, recoge la sentencia.

Ese certificado indicaba que el inmueble “cumplía con los requisitos necesarios para la concesión de la licencia de primera ocupación, documento que había sido íntegramente elaborado por terceros no identificados incorporando datos identificativos y firmas correspondientes a otros expedientes administrativos”.

Los magistrados de la Sección Primera, Miguel Ángel Parramón, Pedro Herrera y Nicolás Acosta, dan también por probado que ese documento falso fue facilitado por Samuel Yebra, socio de la empresa constructora del edificio de Agüimes, y que por ello tenía “acceso y conocimiento del expediente obrante en el Ayuntamiento”. La permuta no se hubiese llevado a cabo si los estafados hubiesen sabido que ese inmueble carecía de cédula de habitabilidad y licencia de primera ocupación.

“Que la operación es fraudulenta y que los permutantes son engañados no ofrece duda alguna razonable. Y ya no porque lo digan ellos, que también, sino porque hay datos objetivos de ello”, apunta también la sentencia, ante la que cabe recurso de casación en el Tribunal Supremo. En la misma, los magistrados llaman la atención sobre el hecho de que todos los acusados –aparte de los dos condenados, otros dos quedaron absueltos- “se desvinculan ya no del propósito fraudulento que se les imputa, sino incluso también de parte de la propia operación negocial fraudulenta, a la que parece que se llega como por arte de magia”.

La falsedad del documento utilizado por Yebra y su esposa “siquiera fue discutida por las defensas de los acusados” y quedó acreditada con los testimonios de dos técnicos municipales, en un plenario celebrado el 30 y el 31 de octubre del año pasado, y en el que el tribunal debió llamar también la atención a Samuel Yebra por la actitud que mantenía en su interrogatorio.

“Tanto la acusada como su marido niegan rotundamente que pretendieran engañar a los permutantes y se desvinculan del documento falso, pero las explicaciones de descargo ofrecidas al respecto no resultan mínimamente satisfactorias”, incide la sentencia condenatoria.

La esposa sostuvo que se limitó a firmar el contrato y que quien estaba al corriente de la operación era el marido; y este asumió la autoría intelectual de la permuta, pero negando cualquier relación con el documento falso.

El tribunal no los ha creído. Tampoco ha aceptado la pretensión de la defensa de Samuel Yebra de que el delito hubiera prescrito. Los hechos se remontan a ese 14 de mayo de 2010 y Yebra declaró pasados tres años, el 20 de junio de 2013. Pero le fue notificado mediante providencia su condición de investigado el 19 de abril de 2013, fecha válida para la Audiencia a la hora de parar los plazos de prescripción que vencían justo a los tres años de los hechos.

Además, el tribunal no da crédito al testimonio de una agente inmobiliaria que culpó a otro de los acusados, finalmente absuelto como la persona que urdió el entramado, en lugar de Yebra, “principal y único beneficiario de la operación”.

Ese testimonio quedó desacreditado por no ofrecer “un relato especialmente convincente” y no explicó en el plenario “suficientemente su relación con el acusado Samuel Yebra, que se percibe mucho más intensa y directa de la que efectivamente reconoce la testigo” propuesta por su abogado, Juan Salvador Rodríguez Guerrero, el mismo que ha presentado ante la Fiscalía de Las Palmas al menos dos denuncias contra el presidente del Cabildo, Antonio Morales.

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