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Cortezo niega la estafa de Hoya Pozuelo: ''Lo sabían todo desde el minuto cero"

El promotor se enfrenta a 17 años de cárcel por haber vendido unas viviendas sobre las que pesaba una orden de derribo por invadir la zona de servidumbre fijada por la Ley de Costas

Cortezo defiende que ofreció a los compradores devolverles el dinero o venderles otra casa cuando la Apmun le abrió el expediente sancionador

El empresario desliga a su esposa, Elena del Castillo, y a la contable Juana Rosa Fuentes, también acusadas, de cualquier responsabilidad

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Dúplex pendientes de derribo en Hoya Pozuelo (Telde).

Dúplex pendientes de derribo en Hoya Pozuelo (Telde).

"Lo sabían ellos y los departamentos de riesgo de los bancos desde el minuto cero". El promotor Jaime Cortezo Massieu ha negado este lunes haber ocultado a los compradores de los dúplex de Hoya Pozuelo, situados en el barrio de La Garita del municipio grancanario de Telde, el expediente sancionador de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias que situaba esta promoción de viviendas bajo la amenaza de derribo por invadir la zona de servidumbre establecida en la Ley de Costas.

El empresario se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados junto a su esposa, Elena del Castillo, y la contable de una de sus empresas, J.R.F.,  en la primera de las nueve sesiones del juicio que se celebra ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas por la venta de las casas de Hoya Pozuelo.

Un grupo de querellantes, representados por el abogado Juan Sánchez Limiñana,  acusa a los dos primeros de los delitos de estafa continuada en el tiempo, falsedad documental y alzamiento de bienes y pide 17 años de prisión para cada uno de ellos. La acusación ejercida por la letrada Mónica Pérez reclama ocho años de cárcel para Cortezo y Del Castillo y cuatro para Fuentes por estafa. La Fiscalía pide el sobreseimiento del caso al no apreciar delito.

La denuncia de la infracción urbanística ante la Apmun  fue interpuesta en septiembre de 1999 por José Luis Arencibia (ya fallecido), quien, según ha explicado Cortezo en el juicio, trabajaba para esta promoción de Hoya Pozuelo "a comisión". El empresario ha defendido que no tuvo conocimiento de esta denuncia durante el periodo en el que se firmó ante notario la mayoría de los contratos de compraventa (entre octubre de 1999 y febrero de 2000) y que, tras la apertura del expediente sancionador el 28 de febrero y  después de consultarlo con los abogados y el arquitecto, se reunió con los compradores para explicarles la situación.

El promotor ha asegurado que, tras conocer la orden de derribo (que fue posteriormente ratificada por varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias), ofreció a los compradores devolverles el dinero que habían pagado hasta ese momento o venderles otras viviendas en parcelas que no estaban afectadas por la Ley de Costas."Ninguno quiso aceptar", sentenció Cortezo para matizar posteriormente que dos hermanos sí lo solicitaron, pero que las reformas realizadas en la vivienda para adaptarla (uno de ellos tiene movilidad reducida) impedía su venta y, por ello, "acabaron desistiendo".

Para el promotor de Hoya Pozuelo, haber devuelto la cantidad que había recibido hasta esa fecha por la venta de los dúplex afectados por la invasión del dominio marítimo-terrestre -una cifra que, según sus cálculos,  ascendía a 580.000 euros-, hubiera sido "facílisimo".  

En relación a las viviendas vendidas después de que la Apmun hubiera decretado la orden de derribo e incluso después de que el TSJC la hubiera confirmado, el empresario ha reiterado que los clientes sabían lo que firmaban y que su empresa no les ocultó nada.

En este sentido, remarcó que la esposa de Antonio Antón (que en ese momento era gerente de la empresa pública que gestiona el Centro Coordinador de Emergencias 1-1-2 del Gobierno de Canarias) pasaba cada día por su empresa para interesarse por la situación del expediente y preguntar si iban a demoler. "Parecía que estaba en nómina", ha aseverado Cortezo, que  agregó que Antón llegó a presentarse en su oficina con Julio Bonis, entonces consejero de Política Territorial y amigo de ambos, para hablar del asunto.

También se refirió en su declaración a la periodista Candelaria Sánchez, otra de las denunciantes y directora durante ese periodo de varios medios de comunicación propiedad del empresario. Según Cortezo, Sánchez mintió cuando dijo que "no se había enterado" de los problemas de la promoción cuado adquirió la vivienda puesto que "lo había hablado con Paco Santiago, Guillermo Reyes, Lorenzo Olarte... y estaba igual de convencida que yo de que no iban a tirar las casas".

El empresario desligó a su esposa y a la contable de cualquier responsabilidad en la venta de las viviendas. De la primera afirmó que figuraba como administradora de algunas de sus empresas porque le había dado poderes tras sufrir un infarto, a modo de precaución, pero que nunca ejerció como tal y que sólo visitó las oficinas "dos o tres veces" en veinte años.

En cuanto a Juana Rosa Fuentes, señaló que firmó una de las escrituras "por casualidad", porque los clientes querían realizar la operación por la tarde, la apoderada no trabajaba en ese horario, y Cortezo le había dado los permisos el día anterior.

La esposa del promotor, Elena Castillo, sobrina del Conde de la Vega Grande, ha manifestado que nunca ha participado en los negocios de su marido y ha negado que fuera la propietaria de la vivienda actual de Candelaria Sánchez, como figura en el expediente de la Apmun, así como que diera poderes a Gustavo Albarracín, empleado de Cortezo, para que la representara ante la Administración. "Me pregunto cómo se ha atrevido esta persona o quien sea a firmar en nombre mío. Nunca tuve nada que ver con Hoya Pozuelo", ha zanjado.

Por su parte, Juana Rosa Fuentes también negó cualquier tipo de responsabilidad, coincidió en su versión de los hechos con la exposición de Cortezo en relación a la "casualidad" de su actuación y apuntó que los compradores eran plenamente conscientes de los problemas que arrastraban las viviendas hasta el punto de que una de ellas llegó a comentar tras cerrar la operación que había comprado una casa "con derecho a demolición".

Este martes continúa el juicio con la declaración de seis testigos.  

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