La Fiscalía pide el archivo de la causa de las viviendas de Sardina
La Fiscalía ha pedido el archivo provisional de las diligencias abiertas contra el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa (NC) y los ediles del grupo de gobierno por un presunto delito de prevaricación tras solicitar que un grupo de viviendas sociales de Sardina del Norte fueran de libre disposición.
Sosa ha informado en rueda de prensa de la petición de la Fiscalía, en relación a la denuncia presentada por la concejala de la oposición Sinesia Medina contra los representantes del grupo de gobierno por aprobar en un pleno ese cambio, que contó con el informe favorable de la secretaria municipal.
El alcalde, que ha indicado que aún se está pendiente de que el juez archive definitivamente la causa, ha manifestado que el sobreseimiento por parte de la Fiscalía “pone luz” sobre el intento de la concejala Medina de hacer “daño político al grupo de gobierno”.
Sosa, que estuvo acompañado por la primera teniente de alcalde, Encarnación Ruiz, y los ediles de los dos grupos políticos que conforman el pacto de Gobierno BNR-NC y PSOE en Gáldar, ha dicho que, una vez conocido el sobreseimiento de la denuncia “injusta y dañina”, es “hora de explicar la verdad a los vecinos”.
Así, ha dicho que el grupo de gobierno solicitó a la Consejería de Vivienda del Gobierno canario que las viviendas construidas en Sardina se pudieran poner a disposición de todos los vecinos, contando para ello con el visto bueno y con el informe Secretaria del Ayuntamiento.
Por ello, se ha preguntado “dónde estaba la maldad”, al tiempo que ha dicho que no entiende cómo la concejala de la oposición, no satisfecha con un nuevo informe favorable de la secretaria del Ayuntamiento a su recurso de reposición, ni con la contestación favorable por parte de la Delegación del Gobierno y del Ejecutivo canario para desclasificar esas viviendas, les acusó de prevaricación y malversación de caudal público.
Sosa ha criticado el hecho de que la denuncia haya sido utilizada en los mítines de esta campaña por los cabezas de lista de CC y el PP, que están diciendo que “somos delincuentes”, por lo que, tras los comicios, habrá que estudiar el perjuicio económico de esta denuncia falsa y de estas acusaciones.
Según Sosa, el quebranto económico por esta denuncia de Medina ha sido considerable “porque a día de hoy se han perdido las subvenciones para personas que hubieran adquirido las viviendas en régimen de alquilar, por haberse vencido el plazo”.
Ha dicho que también habrá que pagar intereses de demora a la empresa constructora, y ha advertido que muchos compradores han renunciado a adquirir esta vivienda por la incertidumbre generada por la denuncia, aunque “lo más grave es el retraso que se ha producido en la entrega de viviendas que ya están listas para ser habitadas”, según la nota.
