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Juan Domínguez declara ante la Fiscalía por una denuncia de acoso laboral

El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria niega que amenazara a una funcionaria por haberse negado a firmar un certificado para justificar un millón de euros del Ministerio de Empleo

Domínguez rubricó en el límite del plazo establecido por Empleo un documento que impidió que la institución se viera obligada a devolver el dinero

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Juan Domínguez, vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria. (ACFI PRESS)

Juan Domínguez, vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria. (ACFI PRESS)

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha citado a declarar este jueves a Juan Domínguez, vicepresidente  del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Empleo, Industria, Comercio y Artesanía, en el marco de las diligencias de investigación abiertas a raíz de la denuncia presentada por una funcionaria de la institución insular por un presunto caso de acoso laboral. Junto a Domínguez, también han sido llamados para comparecer ante la Fiscalía la directora del área de Empleo y otros empleados públicos.

Según ha podido saber Canarias Ahora, la denunciante, que en el momento de los hechos -agosto de 2014- ejercía como sustituta de una jefa de servicio, acusa a Domínguez de amenazarla y acosarla por haberse negado a firmar un certificado para justificar alrededor de un millón de euros de fondos procedentes del Plan de 2007 del Ministerio de Empleo.  Domínguez niega los hechos que le imputa la funcionaria y asegura que la "actitud y la falta de diligencia" de la trabajadora puso en riesgo ese dinero, ya que tuvo que firmar in extremis un documento que "impidió" que la institución se viera obligado a devolverlo.

El Ministerio envío el 4 de agosto del año pasado una circular al Cabildo solicitando el certificado final de estos fondos. El vicepresidente explica que, a partir de ese momento, empezó a funcionar un circuito interno para responder a esta petición, un trámite "habitual" en la institución. Domínguez sostiene que un decreto firmado en el año 2012 delega en los jefes de servicio las competencias para dar "fe pública" de las actuaciones administrativas en este tipo de documentos y la propia denunciante firmó alguno de ellos "en calidad de sustituta".

Siempre según se versión, es el 14 de agosto, apenas dos días antes de que se cumpliera el plazo para presentar el certificado y el último día laborable para ello (el 15 de agosto es festivo y el 16 era sábado), cuando Domínguez tiene conocimiento de las discrepancias, de las alegaciones presentadas por la funcionaria y de la "trifulca" entre trabajadores del departamento. 

Ese mismo día convocó a la trabajadora a las 14.00 horas a una reunión en su despacho junto a la directora del área de Empleo. Aquí las versiones difieren. Mientras la denunciante asegura que Domínguez profirió una serie de amenazas, este afirma que "no pasó nada" y que lo que hizo fue ponerle sobre la mesa un documento para que ratificase que no estaba conforme con la firma del certificado y poder así revocar la delegación de competencias."Lo terminé firmando a las 20.00 en mi casa porque un funcionario me trajo los papeles", señala.

El vicepresidente del Cabildo se siente "absolutamente tranquilo" respecto a este procedimiento y augura que no tendrá ningún recorrido judicial.  Apunta que apenas ha visto "en un par de ocasiones" a la denunciante, por lo que cuestiona que le haya acusado de acoso laboral, un delito que implica una "reiteración de los actos". "Ella trabaja en Empleo y yo no tengo despacho allí", comenta el vicepresidente, que defiende y justifica su actuación para "no permitir la pérdida de un millón de euros".  

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