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El Gobierno deberá pagar 12 millones de euros a DISA por las pérdidas en la venta del envase de butano

La compañía reclamaba  daños y perjuicios sufridos por la aplicación de la fórmula de cálculo para los precios máximos de la bombona de Gas Licuado del Petróleo

El Ejecutivo nacional no quiso recurrir la sentencia por la sala de lo Contencioso Administrativo el pasado mes de diciembre
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El Gobierno de España deberá pagar 12 millones de euros a DISA Gas para compensar los daños y perjuicios como consecuencia de la aplicación de la fórmula de fijación de los precios máximos de venta de la bombona de Gas Licuado del Petróleo (GLP), sin tener en cuenta el coste añadido que soporta la entidad en Canarias por su condición de región ultraperiférica, según una nota de prensa de la compañía.

Con esta sentencia firme emitida por la Audiencia Nacional, DISA Gas consigue dar un paso adelante en la reivindicación para que se reconozca la singularidad canaria en una nueva regulación del GLP, teniendo en cuenta que el sistema actual supone unas pérdidas anuales para la entidad de en torno a los tres millones de euros, generando una situación que no se puede mantener en el tiempo.

La sentencia emitida por la sala de lo Contencioso Administrativo el pasado mes de diciembre, cobra ahora firmeza al no haber sido recurrida por la Abogacía del Estado. En este pronunciamiento judicial se reconoce la reclamación de DISA Gas por daños y perjuicios sufridos por la aplicación de la fórmula de cálculo para los precios máximos de venta de la bombona de gas licuado del petróleo, aprobada por la Orden de Industria Turismo y Comercio 2608/2009, para el periodo comprendido entre el cuatro trimestre de 2009 y el segundo trimestre de 2012.

Esta reclamación se ampara además en la anulación, por parte del Tribunal Supremo, de dicha orden en junio de 2012, argumentando como motivos principales las pérdidas ocasionadas a las empresas operadoras del sector, al producir un desfase entre los costes incurridos y los ingresos procedentes de la venta del producto al consumidor. Asimismo, reconoce que se trata de unas pérdidas cuya recuperación no está garantizada.

La Audiencia Nacional establece en su sentencia inicial el pago por parte del Gobierno de España de 9,3 millones de euros a DISA Gas, cuantía que se ha visto incrementada hasta los 12 millones de euros como consecuencia de los intereses de demora generados desde 2009.

Por otro lado, DISA Gas confía en que esta sentencia sirva de precedente de cara al recurso que ha presentado contra la nueva Orden del actual Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (IET 389/2015), que regula el precio de venta del GLP envasado, en la que tampoco se tiene en cuenta los costes añadidos que se generan en las islas y que supone unas pérdidas anuales de 3 millones de euros.

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