Greenpeace recurre ante la Audiencia Nacional el “ataque” de la Armada contra sus activistas en Canarias

Momento en el que la Armada Española embiste contra las lanchas de Greenpeace

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

Greenpeace ha presentado esta semana ante el Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional dos recursos de Apelación contra las dos Resoluciones judiciales sobre “el ataque de la Armada” a activistas de Greenpeace, las cuales denegaban las pruebas solicitadas por la organización y acordaban el sobreseimiento del caso.

Con ello, los ecologistas piden a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que sus recursos sean estimados y se prosiga con las actuaciones judiciales ante la existencia de infracciones penales. Como recuerda el colectivo, los hechos se remontan a noviembre de 2014 cuando durante una protesta contra las prospecciones petrolíferas que Repsol quería acometer en aguas del Archipiélago canario fueron violentamente embestidos por miembros de la Armada que protegían al barco de la multinacional. En el incidente resultaron heridas tres personas, una de ellas de gravedad que todavía sigue en recuperación.

En el primero de los Recursos, Greenpeace pide a la Audiencia que testifiquen los mandos del buque de la Armada Relámpago para conocer qué órdenes dieron a sus embarcaciones, “ya que consecuencia de ellas fue el empleo desproporcionado de violencia contra civiles desarmados e indefensos”, sostienen los ecologistas.

Greenpeace también ha presentado Recurso contra el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. La organización cuestiona la conducta de los pilotos de la Armada que declararon como investigados ya que según los hechos y posteriores resultados podrían haber cometido los delitos de lesiones y daños, tanto a las personas como a las embarcaciones de los activistas. Además, Greenpeace sostiene que en ningún momento los pilotos de sus lanchas recibieron órdenes de detención por parte de los botes de la Armada.

“No compartimos en absoluto la argumentación del juzgado que entiende que los miembros de la Armada actuaron en el cumplimiento de su obligación con el mandato legal y eso les permitía utilizar la violencia necesaria y que por tanto están exentos de culpa”, asegura Julio Barea responsable de campaña de Greenpeace.

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