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Intersindical reconoce que pagaba 480 euros y en negro a un trabajador

La Federación de Salud del sindicato admite el despido improcedente (de forma verbal) de un empleado al que no había dado de alta en la Seguridad Social

El demandante tampoco había podido disfrutar de los 30 días naturales de vacaciones a los que tenía derecho ni había recibido las pagas extraordinarias

IC ya ha pagado al trabajador la cantidad acordada, un total de 7.119 euros,  en un acto de conciliación que evitó el juicio

El demandante trabajó sin contrato para el sindicato el mismo año en el que una auditoría detectó un agujero de 26.000 euros en las cuentas de la sectorial

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Intersindical Canaria reconoce que pagaba 480 euros y ‘en negro’ a un trabajador.

Intersindical Canaria reconoce que pagaba 480 euros y ‘en negro’ a un trabajador.

La Federación de Salud de Intersindical Canaria (IC) en la isla de Gran Canaria reconoció en mayo de 2014 en los juzgados de la capital que no dio de alta en la Seguridad Social a un trabajador que prestó sus servicios como auxiliar administrativo en la sectorial desde el 1 de febrero de 2012 al 4 de noviembre de 2013. Así consta en un acta de conciliación conocido ahora en el que la central admite el despido improcedente del demandante y se compromete a abonarle la indemnización y la parte salarial que había dejado de percibir.

En la demanda interpuesta en diciembre de 2013 figura que el trabajador J.F.S. cobraba mediante transferencia bancaria 480 euros al mes con una jornada laboral de 40 horas semanales. El 4 de noviembre de ese año, el entonces secretario de Organización de la Federación, Bernardo Medina, le comunicó verbalmente su despido ante “el temor de que la situación irregular fuera verificada por la Inspección de Trabajo”, aseguró el afectado.

Según las tablas del Convenio Colectivo del sector de Oficinas y Despachos de la provincia de Las Palmas, su sueldo tenía que haber ascendido a 682,64 euros, 200 por encima de lo que cobraba. En el año 2012, el Salario Mínimo Interprofesional estaba fijado en 641,40 euros, mientras que en 2013 era de 645,30.

En la demanda, que recayó en el Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, el empleado explicaba que el sindicato tampoco le había permitido disfrutar de los 30 días naturales de vacaciones a los que tenía derecho ni le había abonado las pagas extraordinarias de marzo. julio, octubre y la parte propoporcional de diciembre de 2013.

El conflicto laboral no pudo resolverse en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC) porque los representantes de la Federación de Salud de IC no se presentaron al acto. Bernardo Medina alegó entonces que no lo hicieron porque el abogado del sindicato estaba citado para un juicio el mismo día y a la misma hora en la que debía celebrarse el encuentro y que había solicitado su aplazamiento al dia posterior, petición a la que el letrado del trabajador "se negó".

Finalmente, el pleito se trasladó a los juzgados, donde IC terminó reconociendo los hechos antes de que se celebrara el juicio. El sindicato reconoció la improcedencia del despido ("sólo la comunicación verbal del mismo es suficiente para que se califique como improcedente", había denunciado el trabajador) y se comprometío a pagarle un total de 7.119 euros, 5.805 en concepto de salarios y 1.314 como indemnización.

El sindicato comounicó en el mismo acto que ya había iniciado los trámites para darle de alta en el régimen general de la Seguridad Social con carácter retroactivo a fecha 1 de febrero de 2012 y pagar las cotizaciones sociales que correspondan. Según ha podido saber este periódico, IC ya ha abonado al trabajador las cantidades acordadas.

Desfalco en las cuentas

Precisamente en 2012, año en el que el demandante trabajó sin contrato y por 480 euros al mes para el sindicato, una auditoría interna encargada por la propia central estimaba que de la Federación de Salud se habían detraído de manera irregular 26.000 euros de las cuentas. Con ese dinero se habrían abonado cuotas de hipotecas, vacaciones, fines de semana en casas rurales, conciertos o préstamos de hasta 2.500 euros.

El extesorero de la sectorial de Salud, Juan Jesús Galván,  asumió recientemente la responsabilidad del desvío de las cuotas de los afiliados a cuentas particulares o de otras federaciones y se comprometió a devolver cada mes 500 euros a IC hasta completar la cifra. Este acuerdo cerró la vía civil, pero aún se mantiene abierta la penal, en la que de momento sólo se encuentra imputado el hijo del extesorero.

La cúpula del sindicato a nivel federal expulsó a los afiliados del sector crítico que denunciaron las irregularidades en las cuentas y suspendió de forma cautelar a Bernardo Medina, secretatio de Organización, y a otros tres cargos, sin que hasta la fecha la Comisión de Garantías se haya pronunciado para elevar a definitiva esta decisión.

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