José Carlos Mauricio se sentará en el banquillo por un delito de falsificación de documento público
El Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha transformado en procedimiento abreviado las diligencias abiertas por el caso que afecta al histórico dirigente nacionalista y exdiputado de Coalición Canaria (CC) José Carlos Mauricio, por falsificación de documento público, con lo que abre un proceso penal formal.
El origen del caso data de cuando la Brigada de Extranjería detectó, en una operación rutinaria, irregularidades en la contratación de una ciudadana cubana por parte de la fundación de la que es titular el exdiputado. Posteriormente, comenzó a investigar si se trataba de una contratación ficticia, ya que de las primeras investigaciones se dedujo que la trabajadora apenas pasaba por la sede de la fundación contratante, sita en la plaza de Santa Ana, y viajaba por largos periodos de tiempo a Cuba, donde reside su familia.
Mauricio se encuentra formalmente investigado en el caso, junto al decano de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Juan Manuel Benítez del Rosario y la pareja sentimental de éste último, la ciudadana cubana Mayra Despagne Díez.
Según informa Canarias 7, el Juzgado descartó procesar a los encausados por un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, por carecer esta acusación de indicios suficientes. Sin embargo, señala que la magistrada Carla Vallejo entiende probado que el decano y su pareja tenían la intención de que ésta obtuviera la residencia española simulando que contaba con una oferta de trabajo.
Vallejo indica que las partes, que mantienen una relación de amistad reconocida por el propio Mauricio, formalizaron el contrato “sin que tuvieran intención de iniciar una relación de este tipo”. La ciudadana cubana consiguió posteriormente la residencia en España.
La Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional puso en conocimiento del Juzgado una serie de circunstancias que podrían dar lugar a “otras responsabilidades penales o administrativas” derivadas de la investigación llevada a cabo por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social a la Fundación Centro de Estudios Canarios, que podría haber sido utilizada como “empresa pantalla”. Sin embargo, este caso parece no haber trascendido de momento.
