Soria se escuda en la campaña electoral para justificar sus acusaciones de corrupción contra Victoria Rosell
José Manuel Soria se ha ratificado este martes en todas las declaraciones de carácter acusatorio que vertió contra Victoria Rosell durante tres meses aprovechando la investigación “preprocesal” -finalmente anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)- que la Fiscalía abrió a la entonces jueza en excedencia a finales de 2015 por su actuación al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
El exministro de Industria, Energía y Turismo ha asegurado que esas manifestaciones, en las que acusaba a la magistrada de protagonizar “el mayor escándalo de corrupción judicial de la historia de Canarias” o “un cohecho como la copa de un pino”, fueron producto de la pugna que mantuvieron en las elecciones celebradas en diciembre de 2015, en las que Rosell encabezaba la lista de Podemos al Congreso por la provincia de Las Palmas y Soria, la plancha del Partido Popular en la misma circunscripción.
Soria ha declarado este martes durante cerca de una hora y media ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Francisco Galván, que tramita la querella interpuesta por Rosell. Lo ha hecho en calidad de investigado por los presuntos delitos de injurias, calumnias y delito electoral.
El exministro llegó a la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria sobre las 11.45 horas, 15 minutos antes de la hora a la que estaba citado, acompañado de su abogado, Nicolás González Cuéllar, el mismo letrado que asiste a Salvador Alba en la causa que el TSJC instruye en contra de este magistrado por conspirar junto a un empresario para perjudicar la carrera de Victoria Rosell. Varios ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones del edificio judicial han proferido insultos como “chorizo” o “ladrón” contra el exministro a su entrada. Soria no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación ni en ese momento ni a su salida, que se ha producido por la parte trasera del edificio, en la que se encuentra el juzgado de guardia, precisamente para evitar las cámaras.
El también expresidente del PP canario ha contestado a todas las preguntas formuladas por las partes, incluidas las del abogado de la querellante, Antonio Marrero. La fiscala María Eugenia Rodríguez sólo ha realizado una pregunta y el peso del interrogatorio lo ha llevado el juez Luis Francisco Galván, según fuentes conocedoras de la declaración.
Además de atribuir a la contienda electoral las duras acusaciones contra la jueza, Soria ha defendido que fue Rosell quien le tildó de corrupto en primer lugar. Para ello se ha servido de diversos recortes de prensa que ha enseñado y leído, pero no ha aportado a la causa. Durante la campaña de las generales de 2015, la entonces candidata de Podemos afirmó que el PP era “el partido de la corrupción”, aunque no personalizó esta afirmación en un cargo concreto. Posteriormente, cuando la Fiscalía incoó las diligencias preprocesales en su contra, Rosell acusó a Soria de utilizar las instituciones del Estado con fines políticos. El exministro ha asegurado este martes que no ha hablado nunca con un fiscal de Las Palmas.
Esa investigación del Ministerio Público tenía por objeto dilucidar si la jueza debió abstenerse en la causa por delito fiscal contra Miguel Ángel Ramírez, presidente del grupo Ralons, por las relaciones comerciales entre éste y la empresa del periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de Rosell. En concreto, la Fiscalía aludía al contrato para la cesión mediante alquiler a la Unión Deportiva Las Palmas, club de fútbol también presidido por Ramírez, de una frecuencia de radio de Clan de Medios, editora de Canarias Ahora. Ese contrato se firmó el 28 de octubre de 2015, cuando a Rosell ya se le había concedido la excedencia para concurrir a las elecciones generales de diciembre,
El TSJC acabaría anulando esa investigación del Ministerio Público, de carácter disciplinario, al concluir que había vulnerado derechos fundamentales de la jueza.
El alto tribunal canario también archivaría el pasado mes de diciembre la querella que Soria interpuso en febrero de 2016 contra Rosell, con expresa condena al pago de un tercio de las costas generadas durante el proceso. Para presentar esta acción judicial, el abogado de Soria, Eligio Hernández, fusiló párrafos enteros de un informe de carácter reservado que elaboró el juez Salvador Alba después de reunirse y preparar una declaración con el empresario Miguel Ángel Ramírez para perjudicar a Rosell.
En el auto de archivo, la magistrada Margarita Varona no sólo concluye que no hubo ningún delito en la actuación de Rosell, sino que además acusa al exministro de haber tenido acceso a datos de una causa penal de la que no era parte. Rosell mantiene que Soria presentó una querella “instrumental” con el objetivo de apartarla de la carrera política (renunció a repetir como candidata en aplicación del código ético de Podemos) y que para ello contó con la colaboración de Alba.
En su declaración de este martes, Soria ha intentado justificar que la querella contra la jueza y exdiputada de Podemos estaba motivada y que, prueba de ello, es que el Tribunal Supremo la admitió a trámite. Cuando el abogado de la querellante le recordó que fue finalmente archivada por el TSJC, el letrado de Soria intercedió para afirmar que la resolución judicial aún no es definitiva y que está pendiente la resolución del recurso presentado por Eligio Hernández, si bien este escrito impugna sólo el pago de las costas y no alude al fondo del auto judicial.
