La Justicia imputa a Emalsa por supuesto delito medioambiental
El juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha imputado a Emalsa, como persona jurídica, a petición del Fiscal de Medio Ambiente, en el procedimiento que investiga por supuesto delito medioambiental.
Según informa EFE, ha sido la propia Fiscalía la que ha solicitado que se cite a Emalsa como persona jurídica imputada en ese procedimiento, porque considera que existen indicios de que sus dirigentes tenían conocimiento de que vertía al mar sin depurar parte de las aguas residuales de la ciudad.
La empresa -participada en 66% por socios privados y en un 34 % por el Ayuntamiento- confirma que el juzgado que se ocupa del caso ha aceptado esa solicitud del fiscal, pero defiende que, con ello, se le da la “definitiva oportunidad de poder aclarar la realidad de la actuación que lleva a cabo en la depuración de las aguas residuales” de Las Palmas de Gran Canaria.
En agosto del año pasado, la Fiscalía de Medio Ambiente solicitó que se abrieran diligencias penales contra el concejal de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria y la empresa de saneamiento de la ciudad, Emalsa, por estimar que sus constantes vertidos sin depurar al mar suponen “un grave riesgo” para la salud y el medio ambiente.
Su querella subrayaba las deficiencias que tiene el sistema de depuración de Las Palmas de Gran Canaria, capaz solo de tratar, como mucho, el 75 % de las aguas residuales que genera la ciudad -apuntaba-, y detallaba los constantes vertidos sin ninguna clase de tratamiento que se hacen a la costa, con alta carga contaminante.
Durante los últimos seis años, advertía la Fiscalía, la red de saneamiento que administra Emalsa ha vertido al mar entre 338.000 y 796.000 litros de agua por hora sin depurar, “con valores altísimos de parámetros contaminantes” y cantidades mucho mayores de aguas supuestamente tratadas, pero cuya calidad ofrece “muchas dudas, ya que no se hace ningún seguimiento fiable externo”.
El fiscal se apoya en informes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Guardia Civil y el Instituto Nacional de Toxicología para defender que esos vertidos pueden constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Para Emalsa esta decisión judicial es la “oportunidad definitiva” de poder aclarar la realidad de la actuación que lleva a cabo para la depuración de las aguas residuales que completa el ciclo integral del agua que gestiona, por concesión de su titular, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, “desde la profesionalidad y capacitación técnica que caracterizan su actividad” y que por ello reiteran su plena disposición a colaborar “en cuanto sea requerido por el juzgado que instruye el sumario correspondiente”.
La empresa sostiene que en el momento de la concesión, en 1998, el agua tratada no superaba el 50% del agua distribuida y que en la actualidad, el agua depurada se aproxima al 100 % del total de agua consumida por la ciudad, lo que significa que están a punto de lograr el “cero vertidos” que ha comprometido el Presidente de Emalsa y alcalde de la ciudad, lo que catalogan como un logro que le reconocen a sus técnicos y a las medidas adoptadas en los últimos años desde la responsabilidad política del servicio de aguas a pesar de que las infraestructuras con las que cuentan “no son todo lo suficientes que requeriría el crecimiento demográfico registrado por la ciudad”.
Por otro lado, recuerdan que la depuradora situada en Barranco Seco cuenta con dos autorizaciones de vertido al mar, emitidas por la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
Sobre estas autorizaciones, la empresa asegura que cada una tiene una serie de condicionantes relacionados con la “evaluación y control de efectos sobre el medio receptor” y que Emalsa respeta en todos sus términos las autorizaciones concedidas. Además, explican que anualmente elaboran y registran en la mencionada Administración un informe con los resultados de la ejecución de dicho Programa de Vigilancia y Control, que es el que verifica el grado de cumplimiento.
En cuanto a las “debilidades del sistema actual”, afirman que se están corrigiendo y que están logrando minimizar los vertidos, lo que da como resultado una mejora en el funcionamiento del sistema. Como ejemplo ponen la ampliación y mejora de la depuradora de Tenoya y la nueva EDAR de Tamaraceite realizadas por la dirección general de aguas, actualmente en fase de prueba. También señalan la entrada en servicio en septiembre de 2013 del Colector Interceptor (que recoge las aguas residuales de parte de la zona alta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria) y el depósito laminador, que ha permitido disminuir el caudal aportado desde la Estación de Bombeo del Teatro a la estación depuradora.
