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El Juzgado condena a los promotores de La Bufona y ordena la demolición de parte de 14 casas

Entre los propietarios afectados se encuentran el fiscal Miguel Pallarés y la presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez

La sentencia condena a los promotores por un delito contra la ordenación del territorio, pero los absuelve de los de desobediencia, falsedad y estafa

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Chalés de la calle Chabusquillo, en La Bufona, con expedientes de la Apmun / Foto: De la Cruz.

Chalés de la calle Chabusquillo, en La Bufona, con expedientes de la Apmun / Foto: De la Cruz.

El Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife ha condenado a seis meses de prisión a los promotores de la urbanización La Bufona (Arrecife), el arquitecto Federico Echevarría y el constructor Antonio Caro, por un delito contra la ordenación del territorio. La juez ha decido absolverlos de los otros tres delitos de los que se les acusaba: desobediencia, falsedad y estafa. La sentencia es recurrible ante la Audiencia provincial.

El fallo también ha tenido en cuenta para rebajar la condena el atenuante de dilaciones indebidas durante el procedimiento, que se inició en el año 2000, y se juzgó el pasado mes de noviembre. "Pese a la complejidad de la causa muchas paralizaciones no se entienden en modo alguno justificadas, en este sentido no se justifican los cinco años y siete meses de paralización de la causa", señala la sentencia.

La sentencia también obliga al pago de las costas a los condenados, a una multa de 3.650 euros, a la inhabilitación durante un año para trabajos de construcción, promoción o planeamiento, y al derribo de las costas construidas "sin título habilitante".

Aunque la sentencia no aclara de forma concienzuda hasta dónde alcanza la demolición, sí queda claro que el derribo se refiere al menos a todo lo construido en suelo rústico de protección ecológica, lo que afecta a una franja de un fondo de 18 metros al norte de la calle Chabusquillo.

Esa franja corresponde a la parte de atrás de catorce chalés de esa calle donde hay construidos muros de contención, piscinas, pérgolas y algunas habitaciones. En total, unos 250 metros cuadrados de media por cada casa.

Echevarría y Caro deberán asumir el coste de las demoliciones y la reposición de la realidad física alterada. Entre los propietarios afectados se encuentran el fiscal Miguel Pallarés, la presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez o el notario Celestino Mendizábal.

Puede leer la información íntegra en Diario de Lanzarote.

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