El juez Lis tarda 75 meses en expulsar de una causa a la acusación popular a la que hizo caso en todo

Acuciado por una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial por retardo malicioso, el polémico juez Rafael Lis, titular de Instrucción 3 de Arrecife de Lanzarote, ha resuelto tres años y tres meses después de interpuesto un recurso promovido por una de las personas encausadas en el llamado caso Centros Turísticos. Y la resolución no puede ser más sorprendente porque en ella Lis expulsa del procedimiento a la acusación popular que ha sido su báculo y su guía, la Asociación Jiménez de Asúa, una suerte de congregación jurídica dedicada a perseguir por todos los juzgados al denunciante principal del caso Unión, Carlos Espino, en nombre de los empresarios que se han visto envueltos en el mismo. Lis descubre ahora que nunca debió haber permitido la personación de Jiménez de Asúa, y lo descubre a poco más de dos meses de que tenga que abandonar la carrera judicial por jubilación forzosa, una gracia que le concedió el Consejo General del Poder Judicial cuando ya estaba incurso en un expediente por falta muy grave que supuso su suspensión como juez durante seis meses.

Rafael Lis no quiere abandonar la carrera judicial por la puerta de atrás, y menos cuando falta tan poco para jubilarse y cuando tiene ante sí la posibilidad de presidir uno de los juicios más apetecibles de su carrera: el que habrá de juzgar al juez Salvador Alba Mesa por la comisión de cinco presuntos delitos cometidos cuando conspiró contra la magistrada Victoria Rosell. Su inclusión en el tribunal se produjo casi de carambola, después de una sucesión de renuncias y de recusaciones que coincidieron en el tiempo justo con el final de los seis meses de sanción que acabó de cumplir en noviembre de 2018.

Tras su reincorporación al Juzgado de Instrucción 3 de Arrecife Lis descubrió cómo la jueza que lo sustituyó había revocado, bien motu proprio o bien por indicaciones de la Audiencia Provincial, gran parte de sus resoluciones, la mayoría de la cuales respondían a peticiones de la ahora expulsada Asociación Jiménez de Asúa, a la que Lis aceptó prácticamente todas las prácticas de prueba. Incluida la desorbitada fianza de 1,5 millones de euros que impuso al investigado Carlo Espino, denunciante principal de la trama del caso Unión en la que figura como acusado precisamente un cliente del despacho que montó Rafael Lis durante el paréntesis en el que abandonó voluntariamente la judicatura para dedicarse abiertamente a los negocios privados. Un cliente, Juan Francisco Rosa, al que dejó personar en una causa que le era ajena y en la que apareció como representante jurídica la que entonces era su esposa, la letrada Margarita Alejo, que cada 14 de febrero seguía recibiendo en su celular llamadas de amor del juez del que decía haberse separado.

Después de haber atendido con contumacia todas las exigencias de la Jiménez de Asúa, el juez dice ahora de ella que “la citada asociación expone como motivo de su solicitud de personación ‘el afan de actuar en beneficio de la legalidad y del principio de igualdad de cualquier ciudadano ante la Ley, alterado presuntamente por los hechos de esta causa’, sin embargo no concreta en qué se manifiesta tal alteración o falta de trato igualitario”. Unas carencias que Rafael Lis no apreció cuando acordó la personación de esa agrupación protectora de los imputados por corrupción de Lanzarote.

Tampoco satisface ahora a Lis que la asociación haya dicho hace más de tres años que se incorporaba al procedimiento para defender la legalidad, algo que el ordenamiento jurídico español atribuye sin más alharacas al Ministerio Fiscal en su Estatuto Orgánico, algo que ahora resalta el instructor. Lo que, por el contrario, no recogen los estatutos de la Jiménez de Asúa, como también refleja en su auto el polémico juez: “Si acudimos a los estatutos aportados en su momento comprobaremos que esos mismos fines resultan igual de vagos y no reflejan interés subjetivo específico que nos permita admitir su personación en este proceso como nueva acusación popular al margen de la que ya existe”.

Rafael Lis despacha este asunto 75 meses después amenazado por una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial formulada por Mario Alberto Perdomo, una de las personas que el polémico juez mantiene como investigada en la causa de lo centros turísticos del Cabildo de Lanzarote, abierta a raíz de una denuncia de la lideresa local del PP contra sus adversarios del PSOE. La denuncia, admitida a trámite, relata lo que los denunciantes consideran retardo malicioso, lo que puede resolvere bien con una multa, en caso de falta leve, o con una suspensión, en el caso de falta grave. Lis tiene amplios antecedentes en el órgano de gobierno de los jueces por su comportamiento en estos años previos a su jubilación tras su paso por el ejercicio privado de la abogacía.

Contra la Fiscalía y contra la Audiencia Provincial

No es la de los centros de Arte y Cultura del Cabildo la única causa que tiene al juez Rafael Lis en boca de todos en la isla de Lanzarote. Su instrucción de la causa que se sigue por blanqueo de capitales contra Pedro de Armas, quien fuera hombre fuerte de la política conejera en la primera década de este siglo bajo las siglas del Partido Nacionalista de Lanzarote, ya fenecido. Las profusas investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional no parecen haber conmovido especialmente al juez en cuestión, que ya ha hecho tres intentos por archivar la causa en contra de los reiterados requerimientos de la Audiencia Provincial de Las Palmas y de la Fiscalía.