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Mogán suma otras dos derrotas judiciales, esta vez por traslados forzosos de funcionarios

Los tribunales entienden que estos traslados son "impropios de un Estado de derecho" ya que no se aporta "racionalización objetiva"

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La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto a primer teniente de alcalde del municipio, Mencey Navarro, en un pleno del Ayuntamiento

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto a primer teniente de alcalde del municipio, Mencey Navarro, en un pleno del Ayuntamiento Alejandro Ramos

Mogán y derrota judicial son palabras que durante este mandato están yendo de la mano. El Ayuntamiento que dirige Onalia Bueno ha vuelto a acudir a los juzgados por dos denuncias referidas a traslados forzosos de funcionarios y la Justicia les ha dado la razón a los demandantes.

Según dos sentencias, dictadas por los titulares de los juzgados número tres y seis de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, se han declarado nulos el traslado del arquitecto funcionario del Ayuntamiento Manuel Bueno y de la auxiliar administrativo Josefa González, hermana del anterior alcalde del municipio, Francisco González. 

Estos dos funcionarios presentaron sendos recursos ante la disconformidad por el traslado de departamento al que se vieron sometidos. En el caso de Bueno, el conflicto se inició por su traslado a la Unidad Administrativa de Urbanismo y el Consistorio alegó que este fue “con base en las potestades autoorganizativas y discrecionales que ostenta en la materia” y que la adscripción era “provisional” y que es “conforme a derecho y está motivada, al incluir la petición realizada por el Técnico responsable del área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad del Ayuntamiento”. Sin embargo, para la Justicia “la simple alusión a la titularidad de la potestad de autoorganización, como motivación del acto, no expresa sino un inaceptable voluntarismo subjetivo, sin aporte alguno de racionalización objetiva, lo que es impropio de un Estado de derecho, en el que está constitucionalmente vedada la arbitrariedad”. 

Mientras, el caso de González, funcionaria municipal con el cargo de Auxiliar Administrativo, el conflicto se originó después de que fuera trasladada a realizar funciones sus funciones en las dependencias de la Policía Local en la Unidad Administrativa, finalizando su adscripción en el Departamento de Fomento de ese Ayuntamiento, que en el juicio defendió que se trataba de "optimizar los recursos humanos" pero no indicaba los motivos porque lo que la funcionaria era "la única auxiliar administrativo funcionaria que podía se trasladada a dicho puesto". Estos razonamientos, defendidos por el abogado Daniel Reyes, también consejero en el Cabildo de Gran Canaria por Unidos por Gran Canaria,  no fueron estimados por la jueza Sagrario Tovar.

Para el partido de la oposición Nueva Canarias estas sentencias, suponen un nuevo varapalo para la gestión de Onalia Bueno en materia de recursos humanos y ponen de manifiesto que las decisiones tomadas en relación a la política de traslados del personal "son arbitrarias y subjetivas, motivando bajas y la petición masiva de comisiones de servicios de los funcionarios locales a otras administraciones públicas". 

La portavoz del partido nacionalista, Isabel Santiago, entiende que con estos fallos judiciales se confirma lo expresado por el exconcejal de Ciuca y ahora edil no adscrito, Domingo González, quien apuntó que en el Ayuntamiento “se actuaba con venganza contra los que no son de la misma cuerda política”, en clara alusión a los traslados del personal y a algunos despidos. También Santiago recordó un comunicado del sindicato Cesif que señalaba que los traslados "parecían obedecer más a una persecución política que a una reorganización efectiva de la administración local".

Así mismo, Santiago recordó que en mayo de este año ya presentó un escrito dirigido a la alcaldesa y al concejal de Recursos Humanos, Mencey Navarro, en el que les exigía que revisaran y revocaran todos los traslados de personal efectuados hasta el día de la fecha que carezcan de la justificación oportuna y restituyan a todos los trabajadores afectados en la plenitud de sus derechos, escrito que no ha sido aún respondido.

Por tanto, la formación nacionalista entiende que estas resoluciones judiciales "confirman que los más de 70 traslados del personal fueron arbitrarios, pues todos ellos carecen de la justificación a la que alude la jueza". Isabel Santiago concluye solicitándole al PSOE, socios de Ciuca en el pacto, que "no apoyen esta política de personal y exijan una rectificación inmediata a Onalia Bueno y a su concejal de Recursos Humanos".

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