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El Poder Judicial aún no ha abierto un expediente disciplinario al juez Alba

El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ mantiene la investigación cinco meses después en diligencias informativas, una fase en la que no se pueden imponer medidas cautelares contra el magistrado  

El órgano de gobierno de los jueces desliga la investigación disciplinaria a Alba del procedimiento penal que se instruye en el TSJ de Canarias

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El juez Salvador Alba, en el juicio por el caso Calero. (ALEJANDRO RAMOS)

El juez Salvador Alba, en el juicio por el caso Calero. (ALEJANDRO RAMOS)

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha transformado aún en expediente disciplinario las diligencias informativas abiertas a Salvador Alba. Cinco meses después de que se difundiera el contenido de una grabación que revelaba el plan urdido por el magistrado junto al empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado por fraude fiscal, para intentar comprometer la carrera de la jueza Victoria Rosell, entonces diputada de Podemos, la investigación del CGPJ sigue sin avanzar de esta fase preliminar, que camina "en paralelo" al procedimiento penal que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Así lo han confirmado a este periódico fuentes oficiales del órgano de gobierno de los jueces, que han precisado que sólo se podrán imponer medidas contra Salvador Alba, entre ellas la suspensión cautelar de su carrera judicial, si el promotor de la acción disciplinaria, Antonio Fonseca-Herrero, aprecia la existencia de una falta o infracción en la actuación del magistrado y decide incoar el expediente.   "El promotor no ha tomado una decisión, está valorando el material que ha ido recabando y las diligencias continúan abiertas", aseveran.

Esta fase previa no tiene plazo de prescripción y, por lo tanto, se puede alargar todo el tiempo que el magistrado responsable de la investigación disciplinaria estime oportuno. Sin embargo, desde el momento en que se abra el expediente, el promotor tendrá seis meses para concluirlo y elevar una propuesta de sanción a la Comisión Disciplinaria, que es la que debe tomar la decisión definitiva. Si para entonces el procedimiento penal contra Alba sigue abierto, el Poder Judicial no podrá dictar una resolución hasta que aquel finalice.

Desde el CGPJ explican que la acción disciplinaria no está supeditada "necesariamente" a la instrucción de la jueza Margarita Varona en el TSJC. "La ley dice que en el caso de que haya abierto un procedimiento penal por los mismos hechos, la parte disciplinaria se puede seguir instruyendo, el promotor puede hacer todo su trabajo de investigación, y sólo se paralizaría en el momento de dictar resolución", aclaran.

El Poder Judicial abrió diligencias informativas a Salvador Alba a raíz de una queja de Victoria Rosell, que lo acusaba de haber puesto en marcha una "investigación inquisitorial" contra ella. Un informe del juez, realizado a partir de la declaración pactada con Miguel Ángel Ramírez, había resultado clave para que el Tribunal Supremo (TS) admitiera a trámite la querella que José Manuel Soria, exministro de Industria y rival de Rosell en las elecciones celebradas el 20 de diciembre de 2015, interpuso contra la magistrada, a quien acusa de varios delitos vinculados con la instrucción de la causa contra el empresario.

El promotor de la acción disciplinaria incorporó posteriormente a las diligencias los audios difundidos por eldiario.es en los que se descubre el amaño del juez Alba para perjudicar a la entonces diputada de Podemos. El CGPJ defiende que, en estos cinco meses, Antonio Fonseca-Herrero ha recabado informes de Alba, Rosell y de "gente del juzgado", entre otras actuaciones, y que ahora se encuentra valorando todo el material.

También tiene ya en sus manos el informe de la Guardia Civil con el audio íntegro de la reunión entre el juez y el empresario, una grabación que implica a José Manuel Soria en la trama. La conversación entre ambos deja entrever que el entonces ministro de Industria conocía la maniobra de Alba para conseguir pruebas que incriminasen a Rosell por los negocios de la pareja de la jueza, el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, con el empresario Miguel Ángel Ramírez y acabar así con su carrera política.

Un mes después, tras descubrirse que sus empresas familiares operaban en paraísos fiscales, Soria dimitió como ministro de Industria, Energía y Turismo y como presidente del PP en Canarias. La renuncia se produjo el 15 de abril, ocho días antes de que Alba elevara al Supremo el informe que redactó tras la declaración que había pactado con Ramírez y que resultó crucial para que el alto tribunal español admitiera a trámite la querella contra Rosell.

Una excepción para acceder al juzgado de Rosell  

El órgano de gobierno de los jueces, el mismo que ahora investiga si cometió una infracción disciplinaria, permitió en octubre de 2015 que Salvador Alba reemplazara a Victoria Rosell al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria con una excepción, ya que el juez había rebasado ese año los 180 días de sustituciones voluntarias que el Real Decreto que regula el régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal establece como máximo legal.

El Poder Judicial esquivó este incumplimiento con una comisión de servicios otorgada por la Comisión Permanente cuatro meses después con efecto retroactivo. Alba abandonó el juzgado el 3 de mayo, fecha en la que se incorporó al mismo Carla Vallejo, la jueza que elevaría al TSJC la exposición razonada en la que atribuía al magistrado varios delitos, entre ellos los de prevaricación, coacciones y falsedad documental, y que daría lugar a la apertura de diligencias penales en el alto tribunal canario.

Alba continúa ejerciendo en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Desde la apertura de las diligencias informativas en el CGPJ, Alba ya ha juzgado varios casos de corrupción y ha sido designado ponente en dos piezas del caso Unión, la mayor trama de corrupción de las Islas.

En Canarias existe un precedente de suspensión de empleo y sueldo a un juez por motivos disciplinarios. El magistrado José Antonio Martín y Martín, entonces presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, fue apartado cautelarmente de la carrera judicial en enero de 2006, acusado de asesorar al narcotraficante Rafael Bornia. La decisión fue adoptada por la Comisión Permanente del CGPJ  a petición del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Tras cuatro años de suspensión cautelar a expensas de la resolución del procedimiento penal, una sentencia del Tribunal Supremo lo declaró inocente.  

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