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Puertos de Tenerife pagó 65.000 euros a dos trabajadoras sin contrato colocadas a dedo por el nacionalista Ricardo Melchior

La Fiscalía Anticorrupción afronta la recta final de la investigación que tiene en el punto de mira la gestión del expresidente de la Autoridad Portuaria y estudia diversos expedientes por presuntas irregularidades

El Juzgado fija el 26 de noviembre una comparecencia para abordar el supuesto acoso que sufrió una de las asesoras tras ser despedida por enfrentarse al dirigente de Coalición Canaria

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Ricardo Melchior, a la derecha de la imagen.

Ricardo Melchior, a la derecha de la imagen.

Puertos de Tenerife abonó más de 65.000 euros a dos trabajadoras sin contrato a las que colocó a dedo Ricardo Melchior, presidente de la Autoridad Portuaria hasta julio, para realizar trabajos de asesoramiento. Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso mirametv.com, las dos asesoras recibieron hasta 30 pagos distintos, durante más de un año de relación laboral, por diversos conceptos que variaban con el tiempo. Estas facturas forman parte de las actuaciones que investiga la Fiscalía Anticorrupción en unas diligencias que se abrieron a finales de 2017 y que afrontan su recta final, antes de que el Ministerio Público decida si aprecia indicios delictivos en la gestión del dirigente de Coalición Canaria.

Los pagos a las dos trabajadoras que llegaron a Puertos de Tenerife de la mano de Melchior son solo la punta del iceberg que tiene en las manos el Ministerio Público, que también ha solicitado documentación sobre otras contrataciones por servicios que no están relacionados con la actividad portuaria o que muestran indicios de arbitrariedad. Además del expresidente de Puertos, ante la Fiscalía Anticorrupción han prestado declaración el exdirector general, otros tres funcionarios y, hasta la fecha, una de las dos trabajadoras investigadas por presuntos pagos irregulares.

Aunque la legislación establece seis meses para que la Fiscalía tramite las diligencias preliminares de investigación, el plazo se estira hasta el año en los procedimientos que competen a Anticorrupción. De ahí que se prevea que a finales de este año o principios de 2019, el Ministerio Público se tenga que pronunciar sobre si existen indicios de delito en las actuaciones llevadas a cabo por Ricardo Melchior en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Las diligencias se iniciaron de oficio como consecuencia de la sentencia del Juzgado de lo Social Número 3 de la capital tinerfeña, que en octubre de 2017 anuló el despido de una de las asesoras colocadas en Puertos por Melchior, con quien terminó enfrentada, y ordenó su reincorporación. La documentación aportada en la causa y las pruebas testificales que se practicaron pusieron al descubierto "indicios de discrecionalidad y arbitrariedad en la contratación de la actora en la Autoridad Portuaria contraria al ordenamiento jurídico", como consta en el escrito de conclusiones del fiscal, que trasladó los hechos a Anticorrupción para que abriese una investigación.

Aunque la trabajadora recuperó su puesto en Puertos de Tenerife, recurrió la sentencia al asegurar que tras su reincorporación fue víctima de un supuesto acoso por parte de Ricardo Melchior, a quien acusa de haber trasladado su despacho a una estancia que utilizan para cambiarse las personas encargadas del servicio de limpieza, entre otros perjuicios que denuncia haber sufrido. 

El recurso fue estimado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ordenó al Juzgado de lo Social Número 3 de Santa Cruz de Tenerife reunir a todas las partes para resolver el presunto acoso sufrido por la trabajadora. La  comparecencia ha sido fijada para el próximo 26 de noviembre.

Facturas

Las dos asesoras investigadas por la Fiscalía iniciaron su relación laboral con la Autoridad Portuaria por decisión de Ricardo Melchior poco después de su llegada a la Presidencia en 2015. Lo hicieron sin que se celebrase contrato alguno y sin que se tramitase con carácter previo un procedimiento administrativo, como ha quedado acreditado por sentencia en el caso de la afectada que demandó la nulidad de su despido, a la que tampoco se dio de alta en la Seguridad Social.

Pese a las irregularidades en su contratación, la trabajadora recibió de la Autoridad Portuaria 30.387 euros entre el 28 de diciembre de 2015 y el 31 de enero de 2017, aunque su relación laboral continuó hasta marzo, tal y como consta en las facturas a las que ha tenido acceso este portal de noticias. 

El método de pago se desarrollaba a través del abono mensual de una factura a la trabajadora. En la documentación se aprecia que tanto las cuantías como los conceptos de los servicios realizados variaban con el tiempo. La asesora que posteriormente demandó a Puertos cobró cuatro primeras mensualidades de 1.750 euros cada una por "honorarios por apoyo técnico a la Secretaría", "honorarios por colaboración profesional apoyo técnico" y "honorarios por colaboración profesional de apoyo técnico".

Por cada una de las siguientes cuatro mensualidades recibió 2.200 euros y los conceptos utilizados en las facturas fueron "honorarios por colaboración profesional como apoyo técnico", "honorarios por colaboración profesional apoyo técnico", "honorarios por apoyo técnico" y "apoyo técnico a Dirección". 

El siguiente pago que figura es del mes de agosto de 2016, por el que la asesora colocada por Melchior cobró 939,3 euros pese a estar de vacaciones. Las cuantías se elevan a partir de esa fecha a 2.729,55 euros, dinero que recibió hasta la última factura, que se emitió el 31 de enero de 2017, por conceptos de "honorarios por colaboración profesional de apoyo técnico" y "honorarios de apoyo técnico". 

Ese mismo día, ya superado el año de relación laboral, en los documentos contables aparece un registro mediante el que se anula una de las dos facturas de enero, ya que ese mes la trabajadora había cobrado dos veces (figuran pagos con fecha de 20 y de 31 de enero).

El modo de proceder es el mismo con la segunda trabajadora, que recibió un total de 35.221 euros, cuya relación laboral está bajo sospecha: se presentan facturas por diversos servicios que después son asumidas por la Autoridad Portuaria y con conceptos similares pero en los que siempre se añade o se cambia una palabra. En este caso, el primer abono se emite el 28 de diciembre de 2015 y el último el 10 de julio de 2017, pero se produce un vacío en el que no se registran pagos entre julio de 2016 y enero de 2017. 

La segunda asesora comienza con una retribución de 1.750 euros por "asesoramiento externo en materia de medios de comunicación", pero la cuantía se incrementa a 1.975 euros los tres siguientes meses por conceptos de "asesoramiento externo materia de medios de comunicación", "honorarios por asesoramiento externo en materia de medios de comunicación" y "asesoramiento externo en materia de medios de comunicación".

En abril se detecta otra situación en la documentación contable que llama la atención. El día 21, la trabajadora cobra una mensualidad de 2.200 euros, cantidad que recibe regularmente hasta junio, y un segundo pago por 2.221 euros por “honorarios asesoramiento sobre el mercado latino”. 

La siguiente factura, después de la última de 20 de junio de 2016, no aparece hasta el 15 de enero de 2017. A partir de esa fecha se regularizan tanto las cuantías que recibe la trabajadora, que alcanzan los 2.675 euros al mes, como el concepto de los trabajos, que pasa a ser "servicios profesionales de asesoramiento".

Irregularidades

Aunque en ambos casos no se tramitó el correspondiente contrato o el procedimiento administrativo previo, las dos asesoras que incorporó Ricardo Melchior a la Autoridad Portuaria gozaron de ventajas solo al alcance de algunos trabajadores de la entidad. Tenían despacho propio, además de correos y teléfonos corporativos. 

Las declaraciones de los testigos durante la vista por el despido de una de las trabajadoras arrojaron luz sobre las labores que desempeñaban las asesoras del entonces presidente. Especialmente decisivo fue el testimonio de José Rafael Díaz, el exdirector general de Puertos que fue destituido por el Consejo de Administración por discrepancias con Ricardo Melchior en abril de 2018.

El propio fiscal que llevó el procedimiento, en su escrito de conclusiones, puso de manifiesto que la declaración de Díaz fue "clarificadora". El representante del Ministerio Público destacó que el exdirector de Puertos fue "fiel a su labor de ser veraz" y permitió demostrar la buena fe de la trabajadora, que intentó regularizar su situación una vez superado el año de relación laboral. 

El exdirector de Puertos es uno de los funcionarios que ha desfilado por la Fiscalía en los últimos meses para prestar declaración. Su destitución se produjo, según publicó el periódico Canarias 7, a raíz de un enfrentamiento con Ricardo Melchior motivado por las supuestas irregularidades detectadas, que ahora investiga Anticourrupción, en la gestión del entonces presidente de la Autoridad Portuaria.

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