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Soria contrata a Eligio Hernández para querellarse contra Victoria Rosell

Hernández es el mismo letrado que afirmó que se exiliaría a “San Borondón” si la diputada de Podemos llegaba a ocupar la cartera del Ministerio de Justicia

Comentarios a los que la juez en excedencia restó importancia, tras poner de relieve que Hernández está “defendiendo siempre a la derecha, siempre a los corruptos”

No es la primera vez que el exfiscal defiende a un miembro del PP, pero sí que es la primera ocasión que representa a Soria

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El ministro de Industria Energía y Turismo, José Manuel Soria.

El ministro de Industria Energía y Turismo, José Manuel Soria. Alejandro Ramos

El ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, ha encomendado a un nuevo abogado la denuncia que retiró del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid y ha anunciado que interpondrá ante el Tribunal Supremo (TS) a lo largo de esta semana contra la magistrada en excedencia y diputada de Podemos en el Congreso, Victoria Rosell: el exfiscal general del Estado y miembro histórico del PSOE, Eligio Hernández.

Una querella que deriva de que Rosell lo acusara de estar detrás de la investigación disciplinaria promovida por la Fiscalía de Las Palmas contra su persona en plena campaña electoral. Diligencias informativas que recientemente ha archivado el Consejo General del Poder Judicial.

Eligio Hernández es el mismo letrado que afirmó que se exiliaría a “San Borondón” si Rosell llegaba a ocupar la cartera del Ministerio de Justicia, a la que además definió como una “inquisidora profesional” y se preguntó “quién le ha dicho a esta muchacha que vale para la política”.

Comentarios a los que la juez en excedencia restó importancia, tras poner de relieve que Hernández está “defendiendo siempre a la derecha, siempre a los corruptos” y por lo tanto llama inquisidores a quienes “queremos ir un poco más allá de la verdad oficial para averiguar la verdad material que ha asolado a este país y esta comunidad autónoma”.

No es la primera vez que el exfiscal defiende a un miembro del PP, pero sí que es la primera ocasión que representa a Soria. El ministro decidió no contar en esta ocasión con los servicios de Nicolás González-Cuéllar Serrano, tras verse obligado a elevar su denuncia al Supremo por el aforamiento de Rosell.

Condición que ya tenía cuando la misma fue presentada en el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, cuyo juez, Enrique Jesús Bergés, dicto un auto a principios de febrero admitiendo a trámite la querella, lo que para Soria significa que vio indicios de injurias y calumnias hacia su persona.

Como ya había señalado este medio, González-Cuéllar Serrano es coautor del libro La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015 junto al presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo, el canario Manuel Marchena. Esta Sala sería la competente, en caso de admisión, para instruir la querella que ahora vuelve a anunciar Soria.

Tras el archivo de la denuncia de la Fiscalía de Las Palmas contra la juez, Soria da un nuevo giro a su querella por injurias y calumnias y afirma que presentará la misma con un matiz, y es que “ahora voy a ir directamente al fondo de la cuestión”.

Soria dice basarse en lo que ha leído en los medios de comunicación – sin explicar cuál- para afirma que el director de Canarias Ahora, Carlos Sosa, negoció un contrato con la UD Las Palmas mientras que su presidente, Miguel Ángel Ramírez, estaba siendo investigado por la magistrada antes de hacerse efectiva su excedencia.

Rosell formalizó su solicitud de excedencia voluntaria el 16 de octubre ante el Poder Judicial, y a juicio del Consejo General del Poder Judicial (CGPD) que ha dado carpetazo a la denuncia de la Fiscalía, el Ministerio Público no ha acreditado que en ese “brevísimo periodo de tiempo, que arrancaría los días 8 o 9 de octubre de 2015 y finalizaría con la situación de excedencia voluntaria”, la magistrada hubiese intervenido “de manera decisiva y activa en la instrucción de la causa favoreciendo, tampoco perjudicando, a quien contrataba con su “pareja sentimental”.

A pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avaló también en septiembre la instrucción de Rosell en la causa contra Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria, por un presunto fraude fiscal, el ministro cuestiona que la magistrada no estipulara una fianza de 35 millones que sí impuso el juez que la sustituyó.

“Lo primero que hace el juez es hacer exigible esa fianza de 35 millones y practicar todas las diligencias que venían retrasadas desde hacía prácticamente dos años”, insistió sin hacer referencia a la resolución del CGPJ.

“No todo vale cuando se va por la vida de justiciero o justiciera, aquí cada cual tiene que responder de lo que hace o no hace, de lo que dice y no dice, pero tiene que responder ante la Justicia”, concluyó.

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