Un juez del Supremo vinculado con Canarias se posiciona en contra de indemnizar a los promotores por la moratoria

José Suay Rincón es desde 2013 magistrado del Tribunal Supremo (TS), cargo al que llegó después de ejercer durante 22 años como catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Durante los últimos meses, el juez ha emitido un voto particular cada vez que se ha abordado la concesión de indemnizaciones a las empresas que se acogieron voluntariamente a la moratoria turística.

En contra del parecer del resto de magistrados del Supremo que han dictaminado sobre este asunto, Suay Rincón cree que el silencio con el que se encuentran los promotores no puede ser interpretado como positivo hasta que no se emita una resolución administrativa expresa. Los empresarios aceptaron la alternativa planteada por el Ejecutivo autónomo de renunciar al uso turístico de sus propiedades a cambio de una indemnización. Como resultado, la Administración canaria se enfrenta a unas peticiones de reclamaciones que suman más de 600 millones de euros. Hasta ahora el Supremo ha reconocido un montante de alrededor de 200 millones.

Las sentencias emitidas durante los últimos meses apuntan a que el Ejecutivo incumplió su propio compromiso y se escudó detrás del silencio. Suay Rincón, sin embargo, sostiene que las reclamaciones patrimoniales sólo pueden ser resueltas recurriendo a la expropiación forzosa. Frente a la opinión mayoritaria de que estamos ante una competencia exclusiva de la normativa autonómica y por lo tanto fuera del alcance del TS, el magistrado defiende también que se han vulnerado preceptos estatales.

Más indemnizaciones

Más indemnizacionesDurante las últimas fechas el Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre la petición de indemnizaciones, aunque en algunos casos y como novedad, lo ha hecho en contra de los empresarios. Pero siguiendo la línea común que parece haber marcado la reciente jurisprudencia, la entidad Dehesa de Jandía ha visto cómo de nuevo los tribunales le reconocen el derecho a que se estudie su petición de ser indemnizados con 14,1 millones por renunciar a los derechos edificatorios en una parcela de Fuerteventura.

Otro tanto ocurre con Unimadoc SA, propietaria de un solar en Costa Taurito, en el sur de Gran Canaria, que valoró en 22,6 millones la recalificación de sus terrenos a rústicos y se comprometió a mantenerlos así durante, al menos, cinco años. A Lopesán también se le reconoce el derecho a ser compensado por estos motivos con respecto a una propiedad en Meloneras Golf, en San Bartolomé de Tirajana. El promotor ha calculado en 4,3 millones la cifra a recibir y que ahora debe ser revisada por el Ejecutivo canario. En todos estos casos Suay Rincón ha hecho valer su voto particular.

Pero además, cuando el TS se ha pronunciado en contra de los promotores y a favor del Gobierno canario ha sido por otros motivos diferentes a los defendidos por el juez. En el caso de la entidad Anfi Tauro en el municipio grancanario de Mogán. El Supremo falló en contra de su petición al considerar que no es posible acogerse al silencio positivo dado que el Gobierno canario contestó dentro de plazo. Con respecto a la empresa Tropical Turística Canaria SL, propietaria de una parcela situada en el municipio tinereño de Guía de Isora, se da por anulado el proyecto ya que nunca se contó con la cobertura de un Plan Parcial.

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha rechazado la lectura hecha desde algunos sectores en el sentido de que estas indemnizaciones serán inasumibles y descarta que estén obligados a abonarlas. Contradictoriamente, Clavijo anuncia la aprobación de una ley para evitar estos desembolsos millonarios.