La jueza cita a los presentes en la declaración que Salvador Alba preparó para perjudicar a Victoria Rosell
Margarita Varona, magistrada de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ha llamado a declarar entre el 21 y el 22 de noviembre a todas las personas que presenciaron la declaración que prestó Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria, ante Salvador Alba. El magistrado y el empresario prepararon la declaración en el despacho del primero para perjudicar a la entonces diputada de Podemos y también magistrada Victoria Rosell, según la grabación que realizó del encuentro Ramírez.
Varona, que trata de dilucidar si Alba cometió cuatro delitos en la operación urdida para perjudicar a la también magistrada Victoria Rosell -prevaricación judicial, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, delitos contra la Administración de Justicia y falsedad-, ha citado al empresario y al juez en calidad de investigados y a cinco testigos, la fiscal y los abogados de las partes implicadas en la causa contra Ramírez.
La ronda de declaraciones comenzará el lunes 21 de noviembre con Salvador Alba (a las 10.00 horas) y Sergio Armario, abogado de Ramírez (13.00). El martes deberán comparecer Evangelina Ríos, fiscala de Delitos Económicos (10.00); José Risquete, representante de la Abogacía del Estado -acusación en la causa contra el empresario- (11.00); Cristina Rodríguez, letrada de la Tesorería General de la Seguridad Social (11.30), y Paloma del Amo, abogada de la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato denunciante (12.00). El último en declarar será Ramírez, a las 17.00 horas.
En el auto emitido este miércoles, Varona explica cuál es el objeto de la investigación. La jueza instructora intentará clarificar si la reunión que mantuvieron Ramírez y Alba en el despacho de este último el pasado 16 de marzo se celebró a iniciativa del magistrado o fue consecuencia de la influencia directa o indirecta del empresario. Ramírez puso de manifiesto en este encuentro “su relación personal con autoridades políticas y judiciales”, entre ellas el exministro José Manuel Soria, que había presentado ya su querella contra Victoria Rosell, en ese momento magistrada en excedencia y diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas.
También preguntará a los investigados si el encuentro tenía como objeto el asesoramiento del magistrado al imputado para su declaración en sede judicial y si, con esta comparecencia y con la documentación que Ramírez presentó posteriormente, se pretendía “poner en evidencia las relaciones comerciales” entre el empresario y el periodista Carlos Sosa, pareja de Rosell, para introducir una causa de nulidad que justificara el archivo del procedimiento. Según esta teoría, que es la que defiende Soria en su querella, Rosell, instructora de la causa contra Ramírez hasta que pidió la excedencia para presentarse a las elecciones y fue sustituida por Alba, debió abstenerse por ese motivo.
Varona investiga además si Alba remitió un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a iniciativa propia, y otro al Tribunal Supremo (TS), a petición del alto tribunal, para intentar desacreditar a Rosell y tratar de influir en la apertura de un expediente disciplinario a la jueza y en la causa penal abierta contra ella a raíz de la querella que le interpuso Soria.
La magistrada instructora del TSJC también deberá dilucidar si en estos informes de Alba se relatan hechos inciertos o fundados en las revelaciones conseguidas por el juez tras su reunión con el empresario y en la posterior declaración pactada en sede judicial. Cabe recordar que Eligio Hernández, abogado del exministro de Industria, Energía y Turismo, fusiló un informe reservado de Alba en esta querella.
Según la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor el pasado 6 de junio, los jueces instructores deberán ordenar todas las pruebas a practicar en las causas penales en un plazo de seis meses, excepto en las declaradas complejas. En el caso de la investigación a Alba, este plazo acababa el 26 de noviembre, por lo que corría el riesgo de archivarse. Varona no ha llamado a declarar, de momento, a Victoria Rosell, que figura como acusación particular.
