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El juicio contra el juez Alba tendrá 23 testigos, entre los que no estará el exministro Soria ni el presidente del TSJC

El tribunal ordena a la letrada de la Administración de Justicia que fije el comienzo de la vista oral a seis días de que se jubile uno de sus integrantes, el polémico Rafael Lis

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El juez Salvador Alba, en el juicio del caso Calero. (ALEJANDRO RAMOS)

El juez Salvador Alba, en el juicio del caso Calero. (ALEJANDRO RAMOS)

Sigue sin haber fecha para el juicio al que se habrá de enfrentar el juez Salvador Alba, acusado de cinco delitos por haber conspirado contra la jueza Victoria Rosell, recientemente elegida diputada de Podemos por Las Palmas. Pero ya se sabe qué testigos ha admitido o inadmitido el tribunal: en total habrán de declarar, además del acusado, 23 testigos, desde funcionarios de la Administración de Justicia, hasta un periodista de El Mundo, Fernando Lázaro, o el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya.

No tendrán que prestar declaración, por haberlo rechazado el tribunal que preside el magistrado José Félix Mota, el exministro José Manuel Soria, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, o la diputada de Podemos Meri Pita.

El tribunal ha dado instrucciones a la letrada de la Administración de Justicia para que fije ya la fecha de la vista oral, que de no recaer en los próximos cuatro días, obligaría a dejar fuera del tribunal al polémico magistrado Rafael Lis, que se jubilará forzosamente el domingo 26 de mayo. En su lugar será nombrado el magistrado Jaime Requena, al que acompañarían el presidente del tribunal, José Félix Mota, y el magistrado Julio Wood.

La Fiscalía de Canarias pide en este proceso que se condene a diez años de cárcel y 29 de inhabilitación por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad en documento oficial y revelación de secretos al magistrado Salvador Alba, al que acusa de haber manipulado una instrucción penal para perjudicar a la juez y actual diputada de Podemos en el Congreso Victoria Rosell.

El TSJC deberá determinar si, como sostienen las acusaciones, Salvador Alba manipuló una declaración como imputado del empresario Miguel Ángel Ramírez para perjudicar a Victoria Rosell, dándole instrucciones sobre lo que debía manifestar a cambio de supuestos beneficios en el proceso por fraude a la Seguridad Social que ya tenía abierto en ese momento.

La Sala escuchará la grabación que Ramírez, que prestará declaración como testigo, hizo de la reunión en la que Alba, supuestamente, le dio esas instrucciones, pero también podrá interrogar al empresario como testigo.

Igualmente, las partes podrán preguntar a la juez Victoria Rosell, a la fiscal de Delitos Económicos Evangelina Ríos (la encargada de la acusación en el caso de fraude fiscal contra Ramírez), al periodista Carlos Sosa (pareja de Rosell); al presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya (al que se escucha en un momento de la grabación presentada como prueba), y a los guardias civiles que recuperaron el audio original de esa conversación.

La Sala no admite, en cambio, que se cite como testigo de esta causa a la juez Carla Vallejo (la juez ante la que Ramírez denunció su reunión con Alba), al magistrado de la Audiencia de Las Palmas Carlos Vielba, ni al presidente del TSJC, Antonio Doreste, al que Salvador Alba ha acusado de haberle intentado presionar para favorecer al empresario Ramírez.

En el caso de José Manuel Soria, la acusación presentada por Carlos Sosa pedía su testimonio porque el exministro se querelló contra Rosell utilizando como base parte de los informes elaborados por Salvador Alba.

Aunque acabó archivada, esa querella obligó a Rosell a renunciar a repetir como candidata de Podemos en elecciones generales de 2016.

Tampoco se acepta como testigo a la diputada Meri Pita, que era secretaria general de Podemos en Canarias y compañera de candidatura de Rosell cuando se produjeron los hechos.

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