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Sobreseída la causa del caso Góndola contra el empresario Álvaro Canales

El juzgado instructor de la investigación en Mogán considera que no hubo indicios de delito alguno por parte del agente inmobiliario detenido en febrero de 2007

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Juzgados de San Bartolomé de Tirajana

Juzgados de San Bartolomé de Tirajana Gobierno de Canarias

Las causas abiertas contra el empresario Álvaro Canales en el marco del llamado caso Góndola, que desde 2006 investiga una presunta trama de corrupción en el ayuntamiento grancanario de Mogán durante el gobierno municipal del PP entre 2003 y 2007, han quedado sobreseídas por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana.

En sendos autos firmados en 2015 y 2016 por la titular del antiguo Mixto número 6, la decana del partido judicial, Luz Calvé, se decreta el archivo de la investigación abierta a este gestor inmobiliario a raíz de las escuchas telefónicas de la Policía, en el marco de la operación que estalló con las detenciones del anterior alcalde, Paco González, y la actual alcaldesa, Onalia Bueno (ahora en Ciuca), en enero de 2007.

El propio Álvaro Canales fue detenido en una segunda fase de la operación, en la que también cayó el promotor turístico Santiago Santana Cazorla, en febrero de ese mismo año. A Canales se le atribuían presuntos delitos de malversación, revelación de secretos, alteración de precio para subastas públicas y tráfico de influencias.

En un primer auto, en el que también figuraban imputados la entonces teniente de alcalde Onalia Bueno, su asesor, Manuel de León, el por aquella época concejal de Economía y Hacienda, Silverio Hernández, y el primo del alcalde en el momento de los hechos, Eduardo Gabriel Marrero, la jueza dicta el sobreseimiento provisional al haber alegado el ministerio fiscal que no existían indicios de criminalidad.

La investigación de esta parte del caso Góndola se centraba en los asesoramientos en inversiones inmobiliarias de González, a través de su primo, y de Onalia Bueno.

El otro asunto en el que estaba implicado Canales que queda también archivado es el presunto soborno a un funcionario de la Dirección General de Costas para que se levantara el precinto a un establecimiento de un amigo, en Puerto Rico.

En este caso, se atribuía a los implicados la comisión de un delito de cohecho y otro de amenazas. Sin embargo, la magistrada entendió que no ha quedado acreditado debidamente la existencia del ilícito penal, principalmente de las testificales.

Ninguno de los testigos pudo asegurar que el empresario entregara un sobre con dinero al funcionario para que procediera a la suspensión del precinto del bar. Ni tampoco pudieron asegurar la existencia de amenazas para proceder a ello.

El caso Góndola, después de la intervención del ministerio público que desgajó una serie de investigaciones en diferentes piezas separadas, ha quedado prácticamente en nada punible, sin ni siquiera pasar de la fase de instrucción desde su inicio hace ya más de doce años. Apenas quedan dos temas paralelos por cerrar, relacionados con una depuradora de aguas y convenios urbanísticos del municipio, en los cuales no ha tenido intervención alguna el empresario Álvaro Canales.

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