La juez no ve delito en la gestión de los centros de menores de Gran Canaria
La juez encargada de investigar los convenios que el Cabildo de Gran Canaria tiene suscritos con ONGs para la gestión de los centros de menores ha vuelto a archivar la causa reabierta en mayo por la Audiencia de Las Palmas, a raíz de la denuncia de un funcionario interpuesta en 2011 al detectar irregularidades en los pagos, por no corresponder estos a la ocupación real de las plazas de cada centro de acogida.
La instructora ha dictado un auto de sobreseimiento fechado el 24 de agosto en el que no aprecia delitos por parte de los siete imputados, entre ellos el diputado nacional de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, entonces consejero de Política Social del Cabildo grancanario en el gobierno PSOE-NC (2007-2011), y ahora también concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
La titular de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Isabel de Vega, afirma en su auto que tras tomar declaración a los imputados y al denunciante, el funcionario Rafael Ramírez, como ordenó la Sección Sexta de la Audiencia, “no han quedado desvirtuadas” las razones que le llevaron a archivar el caso en noviembre de 2013, sin haber practicado diligencia alguna entonces.
De la redacción del auto se deduce que la juez asume todas las explicaciones que le fueron dadas por los imputados –declararon todos, excepto Pedro Quevedo, por su condición de aforado- sobre los motivos para abonar la totalidad de plazas fijadas en cada centro concertado, aunque estos no estuvieran ocupados al cien por cien.
Es precisamente este procedimiento el que puso en tela de juicio el denunciante, jefe de servicio entre 2008 y 2010 del departamento encargado de los convenios con las ONGs, ya que el Cabildo abonaba –y lo sigue haciendo- el precio fijado en cada convenio por niño y día por la totalidad de plazas de cada centro aunque las mismas no estuvieran ocupadas, un sistema que ya ha sido objeto de polémica dentro de la propia Corporación insular.
A juicio de la Audiencia Provincial, la instructora debía indagar en lo cierto de esta afirmación, más allá de que el coste real del mantenimiento de los centros fuera superior al precio fijado en el baremo niño/día, como han argumentado en defensa de ese modelo tanto las ONG conveniadas como los responsables de Política Social del Cabildo.
La juez hace suyos estos planteamientos de adelanto de cantidades desde el Cabildo “en función a la previsión de necesidades”, calculadas según “los años anteriores y necesidades futuras”, y fiscalizadas con posterioridad por los funcionarios públicos de la administración insular. Para refrendar la legalidad de este método, el auto de la juez remarca que ni ha habido reclamaciones entre entidades ni se han abierto expedientes de reintegro tras la fiscalización de las partidas por parte del Cabildo.
El sobreseimiento del caso también se fundamenta en que “según los imputados el denunciante comete un error”, ya que los pagos previos a la fiscalización, ocupadas las plazas o no, se realizan “en virtud de las necesidades de cada centro”, debido a que estas “se ocupan y desocupan” por menores dados en acogimiento o con otras medidas; por eso sus puestos quedan disponibles y “generan una serie de costes”.
La magistrada de Instrucción 5 de LPGC entiende así que las tablas de ocupación de plazas aportadas por el denunciante “no pueden servir de referencia” al no recoger esa “fluctuación” real de menores durante el mes, además de que recogían una media de ocupación a mitad de cada mes.
Del mismo modo, insiste en que no se han detectado “desvíos de fondos”, lo que hubiese llevado a actuar contra las ONGs a los responsables del Cabildo, y que las las cantidades aportadas por la administración a los conveniados “son inferiores a los costes que han tenido que soportarse en los centros”, asegura.
El archivo de la causa contiene también una recriminación directa al denunciante al criticar la juez que se limitara a cuestionar el proceder del gobierno formado por el PSOE y NC hasta 2011, y no hiciera lo mismo con el presidido por el PP desde las elecciones de mayo de hace cuatro años hasta este 2015, en el que han vuelto PSOE y NC ahora junto a Podemos.
“Así mismo sorprende a esta instructora que el denunciante omite referirse que desde el 2011 sigue manteniéndose el mismo tipo de conciertos de Convenios con las citadas Ongs”, indica a magistrada, quien también observó de la documentación aportada que el jefe de servicio informó favorablemente en 2011 de la prórroga de los convenios. Su explicación, “ilógica” para la juez, es que “se le prometió por el nuevo gobierno del Cabildo surgido de las elecciones de 2011 que modificarían tal sistema cosa que en la actualidad no se ha producido y pese lo mismo sin embargo omite cualquier tipo de referencia de imputación en esos ejercicios y a los nuevos responsables, lo cual resulta ilógico”.
