El exdiputado de CC Juan Pedro Hernández se sienta en el banquillo por la concesión de plazas turísticas ilegales

Juan Pedro Hernández en el Parlamento, entre José Miguel Barragán y Paulino Rivero.

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

El ex alcalde de Teguise y exdiputado de Coalición Canaria (CC) Juan Pedro Hernández se sienta este martes en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación continuada. Se le acusa de haber otorgado licencias para plazas turísticas que previamente habían sido declaradas ilegales por la Justicia, haciendo referencia a la normativa urbanística y a las normas que regulan los procedimientos administrativos.

Hernádez se enfrenta así a cuatro años de prisión por el conocido como caso Yate. La acusación popular, que lo considera “criminalmente responsable” del otorgamiento de cuatro permisos ilegales para construir hoteles en 1999 y que recibieron sus correspondientes prórrogas en 2001, también pide 20 años de inhabilitación para empleo o cargo público, así como el pago de las costas judiciales.

Por su parte, la Fiscalía reclama para el exalcalde de Teguise nueve años de inhabilitación especial para “todo empleo o cargo público en la Administración autonómica, local o del Estado” por un delito continuado de prevaricación y también solicita el pago de las costas judiciales.

Este caso salió a la luz en 2006, tras una denuncia del socialista Carlos Espino, que entonces era consejero en el Cabildo de Lanzarote. Y es que, en mayo de 1998 el Cabildo de esta isla acordó la aprobación inicial de la revisión del Plan Insular de Ordenación (PIOF) y se decretó la suspensión del otorgamiento de licencias de núcleos turísticos, incluido el Plan Parcial de Costa Teguise.

Sin embargo, a pesar de este acuerdo, el exalcalde otorgó una serie de licencias en el año 1999. Concretamente, Hernández tendrá que rendir cuentas sobre la licencia para construir un hotel de 4 estrellas en la calle Aulagas, de Costa Teguise y de su prórroga concedida en 2001; además de la otorgada a la entidad Colinas Residencial para la construcción de 48 apartamentos turísticos.

Otra licencia del año 1999 hace referencia a la concedida a la entidad Armadores de Puerto Rico, S.A para la edificación de un hotel de 407 plazas. La acusación añade que para ninguna de estas construcciones se dispone de informes técnicos favorables ni jurídicos, ni en la licencia ni en la prórroga.

Asimismo, cabe recordar que estas licencias fueron anuladas por los tribunales contenciosos administrativos en los procedimientos interpuestos por el Cabildo Insular y por la Fundación César Manrique en defensa de la ordenación territorial y la legalidad.

Hernández, que fue alcalde de Teguise entre 1991 y 2007, ya fue condenado por prevaricación en noviembre de 2012 por el TSJC por la concesión ilegal de una licencia en 1999 para ampliar una vivienda en Tahíche y otra para construir una casa en Muñique, aún sabiendo que se trataba de suelos rústicos, pues había sido advertido por los técnicos municipales.

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